Manifestación 11 de diciembre

SE DEROGA LA REFORMA LABORAL? ¡NO!

Aunque el gobierno de PSOE y UP ha estado vendiendo a bombo y platillo la derogación de la reforma laboral de 2012, no ha tenido nunca la intención el hacerlo. Una reivindicación de sindicatos y movimientos sociales desde hace años que ha sido utilizada como banderín de enganche por los partidos del gobierno, pero tan sólo para hacer propaganda. Porque, aunque parece que se pretenden acometer algunas reformas, se sigue ignorando el aspecto más dañino que introdujo esa reforma: el abaratamiento del precio del despido.

La reforma laboral de 2012 redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades y además, eliminó los salarios de trámite, que son los dejados de percibir entre el día del despido y aquel en que judicialmente se declarara la improcedencia. Es decir, si antes de 2012 las empresas podían despedir libremente a sus trabajadoras pagándoles una indemnización, desde la reforma del PP de 2012 eso podía seguir haciéndose pero a un precio mucho más barato.

De nada sirve “reformar” la contratación temporal, como parece que se pretende ahora, si no se modifica la causalidad y el coste del despido, porque un despido libre y barato significa en la práctica que todos los contratos se vuelven temporales y precarios, sea cual sea su modalidad y su duración. Y es que la regulación del despido es la clave del derecho del trabajo; la plena libertad empresarial para despedir que hoy existe, equivale a que el resto de garantías para el trabajador que se contienen en el derecho laboral quedan reducidas a cero.

Y es que si las trabajadoras y trabajadores están pensando en que les pueden despedir en cualquier momento, sin motivo alguno y con una indemnización mínima, poco van a poder defender sus derechos laborales. Así, la paz de cementerio que se vive en las empresas y en el sindicalismo español vuelve a quedar garantizada, esta vez no por la derecha neoliberal, sino por el gobierno más progresista de la historia.

¿BAJA EL PRECIO DE LA LUZ? ¡NO!

Aunque Unidas Podemos llevaba en su programa electoral nacional una empresa eléctrica, la realidad es que el gobierno de coalición no aplica la Constitución y que, en su artículo 128 dice que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”. El sometimiento a los acuerdos de la Troika capitalista de Europa y a la lógica de los mercados supone que estemos pagando precios desorbitados por un servicio básico y esencial para todos y todas, llenando los bolsillos de un puñado de accionista de cuatro empresas privadas que, sin escrúpulos, amenazan a un gobierno, a todo un país, con desabastecerlo si no le siguen permitiendo que nos saqueen a plena luz del día.
Mientras, millones de familias no pueden pagar recibos que les proporcionen un mínimo de confort en sus hogares: aire acondicionado en verano, calor en invierno. Porque sus miserables ingresos, si los tienen, no dan para hacer frente a luz, gas, agua y vivienda.
A todo lo que este gobierno “más progresista de la historia llega” es a subvencionar ciertos conceptos para que paguemos temporalmente un poco menos y los grandes accionistas sigan recogiendo lo mismo; o a rebajar el IVA sin que lo que se deja de recaudar se trasvase a esos grandes capitales para que la inversión pública no se vea afectada. Una vez más, decidirán las grandes élites, las mismas que ostentan la propiedad de las eléctricas, las que decidan desde Bruselas cómo seguir manteniendo su lujoso chiringuito.

¿BAJA EL PRECIO DE LOS BIENES BÁSICOS? ¡NO!

La vivienda sigue siendo un bien inaccesible para millones de familias. Algo tan básico como un techo donde poder vivir con dignidad, supone, en muchísimos, demasiados casos, más de un 50% de las rentas familiares. La especulación, fomentada con la venta incluso de vivienda pública a fondos buitres, reverdece tras la crisis del ladrillo de 2008, si es que en algún momento desapareció.
Todo se deja en manos del “mercado”, sin importar que ello suponga que millones de personas vivan hacinadas y en nefastas condiciones. Sin importar que, entre vivienda, luz, gas y agua se sobrepasen los ingresos de esas familias. ¡Eso es lo de menos! ¡Lo que les importa es que los grandes tenedores de vivienda sigan haciendo negocio con las necesidades de las familias!
Nuestra juventud no puede hacer proyectos de vida en solitario o en pareja porque no tienen para poder alquilarla o, lamentablemente, comprarla, debido a los desorbitados precios del alquiler. La mayoría de jóvenes que quieren independizarse de sus padres y madres lo hacen a costa de tener que compartir sus vidas con otros en pisos donde viven cuatro o cinco personas dejándose la mitad de su salario.
Exigimos que se apueste por la intervención pública en los precios de la vivienda, en alquiler o en propiedad, fomentando de manera determinada por la primera. La regulación, la expropiación de viviendas de grandes tenedores y su puesta a disposición para la población con menos recursos es la única manera de garantizar este bien básico.

¿SUBEN LOS SALARIOS? ¡NO!

Teniendo en cuenta que estamos viviendo en una escalada de precios, sobre todo en la luz, gas, combustible o alimentación, que son bienes básicos para toda la población, los salarios en los convenios colectivos están subiendo muy por debajo de la inflación prevista. De hecho, están subiendo incluso por debajo de lo acordado por patronal y sindicatos el pasado año 2020, que era un 2% anual.

La media de la subida salarial en los convenios negociados o vigentes hasta octubre de 2021 se sitúa en el 1,55%. Mientras tanto, la inflación que se prevé para este año estará en torno al 5,5%, Eso significa que las trabajadoras y trabajadores van a perder un 4% de poder adquisitivo. Como dato ilustrativo, decir que en uno de cada cinco convenios, la subida es cero. Algo que está pasando casi inadvertido tras el barullo originado por la subida del SMI.

De esta manera se traslada el incremento de los costes empresariales -derivados sobre todo del alza de precios de la energía y el transporte, y también de la pandemia- a las trabajadoras, que van a tener que soportar la subida de precios sin subida de salarios. Esto permitirá que continúen los “estímulos” financieros hacia las empresas sin que se “recaliente” la economía y se siga generando más inflación. Más dinero para las empresas, sobre todo para las más grandes y menos dinero para quienes trabajan, sobre todo con empleos más precarios.

Algo que demuestra, por un lado, el carácter “comprensivo” con las empresas que manifiestan los sindicatos que negocian esos convenios, y por otro, el escaso poder de negociación con el que cuentan, fruto de su institucionalización y de una trayectoria neoliberal y pactista que nos ha traído hasta donde estamos.

¿SUBEN LAS PENSIONES MÁS BAJAS? ¡NO!

El “gobierno más progresista de la historia” acaba de aprobar la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Una ley que lo único que hace es continuar por otros medios con la filosofía de las reformas del PSOE en 2011 y del PP en 2013: alargar la vida laboral, reducir las prestaciones y abrir la puerta del negocio de las pensiones a los bancos y fondos de inversión.
La reforma de Escrivá deroga formalmente las medidas de Rajoy de desvincular las pensiones del IPC y limitar su aumento al 0,25% anual, aunque fue el movimiento pensionista quién ya había conseguido tumbarlas de facto en las calles en pues el Factor de Sostenibilidad nunca llegó a aplicarse.
La medida de Escrivá de aumentar las pensiones en un 2,5% queda en nada frente a la inflación que sufrimos en la actualidad y que no tiene visos de disminuir gracias a los precios de la electricidad y los carburantes que influyen directamente en los precios de los bienes básicos. La inflación interanual se situó en noviembre en el 5,6% y la acumulada de 2021 en el 5,3%. Todos los analistas coinciden en que será “difícilmente corregible” en los próximos años.


En esta reforma no se suben las pensiones más bajas y la brecha de género sigue siendo obscena. Mientras, Escrivá crea un macrofondo de pensiones privadas avaladas por el propio Estado y gestionadas por empresas privadas que, sin participar en las negociaciones entre gobierno y “agentes sociales”, son las que van a salir más beneficiadas junto a los bancos. Todo ello agravará el déficit de la Seguridad Social al sino desviar los ingresos a ese macrofondo.
Atrás, abandonadas por gobierno y CC.OO y UGT, quedan reivindicaciones del movimiento de pensionistas como la instauración de la pensión mínima en 1.080€, la realización de una auditoría del “saqueo de la hucha de las pensiones” del gobierno del PP, el blindaje de las pensiones en la Constitución para que no dependa de los gobiernos de turno o la mejora de la cuantía de las pensiones de viudedad.

¿SE MEJORA LA SANIDAD PÚBLICA? ¡NO!

La Sanidad Pública continúa su inexorable proceso de deterioro y privatización. En octubre miles de profesionales sanitarios han sido despedidos en Andalucía de la Sanidad Pública. Como contrapartida la Junta ha incrementado los contratos con la Sanidad Privada para quitar lista de espera generada por la falta de recursos personales y materiales en la Pública. Basta echar un vistazo en Córdoba a los hospitales Quirón, San Juan de Dios o la Cruz Roja para ver el grado de ocupación que tienen de enfermos provenientes de la Sanidad Pública. Es un modo sibilino y canallesco de privatización, traspasando dinero público a las arcas de las poderosas e influyentes empresas sanitarias privadas. Y encima intentar quedar bien delante de la ciudadanía por quitar lista de espera que (y eso no lo dicen) ellos mismos han generado mermando los recursos públicos disponibles.
La Asistencia Primaria sufre un proceso de desmantelamiento mayor aún. Conseguir una cita en tiempo y hora es tarea prácticamente imposible para Medicina de Familia y no hablemos ya para Pruebas Diagnósticas o Asistencia Especializada donde las esperas se eternizan. Lo peor es que la ciudadanía lo está asumiendo como una situación “normal”, fruto también de las agresivas campañas publicitarias de las compañías privadas para hacer su agosto en la venta de sus seguros médicos. El 25% de la población los tiene contratados, dándose la cruel paradoja que cuando la situación clínica se pone fea no dudan en remitir los casos complicados y difíciles a la Pública, ellos que se publicitan como la Panacea de la Asistencia Sanitaria. Es lo que se llama Vampirismo Asistencial.
Así pues ha llegado el momento en salir a la calle a reivindicar una mejor Sanidad Pública universal, equitativa e igualitaria. ¡La Sanidad Pública no se vende, se defiende!.

¿DISMINUYEN LAS TRABAJADORAS POBRES? ¡NO!

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, El 16,9% de las personas trabajadoras en España vive por debajo del umbral de la pobreza, 3,5 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Es decir, en España hay 3,2 millones de personas trabajadoras que, a pesar de que un puesto de trabajo era considerado el principal escudo contra la pobreza, ni así pueden eludirla. España es el segundo país con más tasa de personas trabajadoras en esta situación, tan solo detrás de Rumanía.


Las trabajadoras pobres tienen nombre de mujer: solo en el sector doméstico el 32,5% de trabajadoras del hogar es pobre. Pero una situación similar viven las que realizan los cuidados o las Kellys del sector de la hostelería. La temporalidad laboral se ceba especialmente en las mujeres. Según la encuesta de población activa, 3 de cada 4 contratos temporales los firman mujeres.
A pesar de la subida del Salario Mínimo, la realidad de los datos del Instituto Nacional de Estadística refleja que no da para cubrir los costes de la vida.


En nuestro país, el 26,4% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. El 25% de las personas trabajadoras no pudo disfrutar de vacaciones al no poder permitirse salir de sus domicilios cuando descansan. El 8,3% de las personas ocupadas no pudo poner el aire acondicionado ni puede poner el calor ahora en invierno. El 10% reconoce haberse retrasado con alguno de los pagos habituales en los últimos 12 meses
Exigimos medidas que acaben con la temporalidad, con la marginación de género y con los salarios de miseria. El Estado ha de intervenir legislando salarios mínimos dignos que no obliguen a pasar necesidades a las personas trabajadoras.

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17 Junio – Marcha por la Educación Pública

Las Marchas de la Dignidad a las calles para denunciar el maltrato a la Educación Pública.

Dentro del contexto de nuestras marchas contra la precariedad, la defensa de los servicios públicos esenciales tienen una importancia fundamental para conseguir una sociedad mejor, más igualitaria y socialmente justa. Lo hemos hecho repetidas veces por la Sanidad Pública y en esta ocasión nos vemos en la obligación de salir a las calles para defender a la Educación Pública. Hoy denunciamos el maltrato que está sufriendo por parte de las distintas administraciones, hecho que está permitiendo el avance de la privatización y la concertación de este servicio público tan sumamente esencial. Paralelamente estas mismas administraciones hacen dejación de sus funciones, lo cual se demuestra con la falta de recursos e inversión y cierre de clases en la red pública de centros educativos; red que como administración debería defender a capa y espada, pero que tristemente no lo hace.

Si algo está claramente constatado es que una de las principales causas de daño a la red pública y de merma de sus recursos no es otra que la concertación de centros educativos privados y de sus enseñanzas, que como novedad de la orden por la que se renuevan los conciertos en Andalucía amplía las enseñanzas que se pueden concertar, antes únicamente se podía hacer hasta la ESO y que ahora se extiende a Bachillerato y FP. La enseñanza concertada está en manos de empresas privadas, la gran mayoría de ellas dependientes de la Iglesia, que hacen de la educación un negocio recibiendo financiación por parte de la administración, y que -sin embargo- no es accesible a todas las personas: las cuotas, que ya no son voluntarias, sirven para desanimar a las familias con menos recursos, sin mencionar gastos como los uniformes o las actividades complementarias. Los conciertos en Andalucía se han renovado en la Orden de 16 de diciembre de 2020 y las unidades educativas (clases) de la escuela concertada se han fijado y blindado para un periodo de cuatro o seis años, dejando siempre como sufridores de los recortes y la bajada de la natalidad a la red pública, que no tiene posibilidad de defenderse ante el cierre de sus unidades. Y así la comunidad educativa de dichos centros queda perpleja al ver como lo que antaño nació como servicio subsidiario a la educación pública se ha convertido en merecedor de todos, absolutamente todos los privilegios. Además esta normativa es la responsable de la propagación de este proceso privatizador para obtener un mayor nicho de mercado, ampliando los conciertos a las etapas postobligatorias antes mencionadas.

A día de hoy, lo que antes se consideraba indicios del desmantelamiento de la escuela pública es una total y absoluta realidad. Las cartas están sobre el tapete: más de 3000 unidades escolares públicas cerradas en toda Andalucía en los últimos años. Los noticiarios llevan ya años inundando sus páginas con noticias referente al cierre de aulas en toda nuestra provincia. Y así, el desconcierto anual comienza en Marzo cuando desde la Consejería de educación se comunica a los centros educativos las unidades que les corresponde a cada uno, lo cual resulta extremadamente curioso, pues se realiza sin tener en cuenta factores tales como el alumnado que vive en la periferia pero cuyas madres y padres trabajan en diferentes barrios de Córdoba, las segundas opciones y en el presente curso el temor de la pandemia muchas familias decidieron no escolarizar a sus hijas e hijos en educación infantil, una etapa que no es obligatoria. La razón es siempre la misma: la bajada de la natalidad, esa bajada cuyas peores consecuencias llevan soportando los centros educativos públicos cerca de diez años, y que llegará a secundaria en el curso 22/23, mientras que la oferta de plazas en la privada concertada no sólo no decrece sino que aumenta. Luego transcurren meses de tira y afloja, de pulso entre las AMPAs y la Consejería de educación, hasta que al final el pulgar cesareo, como en la arena romana, da o quita. ¿No se han planteado en la magnífica oportunidad para bajar la ratio? ¿No han pensado en aumentar la inversión en educación, en el futuro de nuestras hijas e hijos? ¿Se les ha olvidado el carácter subsidiario con el que, como ya señalamos anteriormente, presuntamente surgieron los conciertos educativos? Sin voluntad, no hay acción, como se ve, ¡pero aquí estamos hoy para motivarlos!

La Formación Profesional es el siguiente territorio que se ofrece expedito a las manos privadas. La Orden de 16 de diciembre de 2020, por la que se establecen las normas de las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional anima a los centros privados a concertar ciclos formativos con alta empleabilidad y modalidades de bachillerato muy demandadas por el alumnado con la excusa de contribuir a la disminución de las tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, así como para preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. La jugada está clara: concertar los ciclos más demandados para cuando lleguen las consecuencias de la baja de natalidad, y ya está datado para el curso 26/27, pervivan los ciclos concertados, aquellos que  las autoridades educativas no pueden cerrar, ni tienen intención de hacerlo.

Pero no sólo se pone la Formación Profesional en manos privadas a través de los conciertos. La muy aplaudida FP Dual no es ni más ni menos que el sistema perfecto para que la empresa privada controle  estos estudios profesionales y se nutra de ellos a su antojo. El modelo de formación se diseña al servicio de las necesidades de las empresas además de suministrarles mano de obra barata con el riesgo de substitución de plantilla estable por un porcentaje de puestos en rotación por cada promoción de títulos de fp dual. Ante la clara apuesta del gobierno central y autonómico por una FP plegada a los designios neoliberales, sólo queda la denuncia y la acción ciudadana. Con los ciclos no se puede mercadear.

Relativo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo observamos con gran preocupación como la falta de compromiso de la administración y su gestión de recursos hace que de forma general el alumnado tenga que adaptarse a los recursos existentes o desplazarse donde estén en lugar de dotar a los centros con los recursos suficientes para atender al alumnado con NEAE. Existe una gran preocupación de familias y profesionales relacionadas con la atención a la diversidad y alumnado con discapacidad, ya que en nuestro país y, en concreto, en nuestra comunidad, llevamos padeciendo un largo historial de falta de medios en los centros educativos ordinarios para poder atender sus necesidades, lo que, por un lado ha provocado la frustración de trabajadores y trabajadoras y por el otro ha empujado a las familias a recurrir a los Centros Específicos de Educación Especial, centros que en su mayoría son de carácter privado-concertado.

Este poco interés por la Educación Pública no es patrimonio exclusivo del Ministerio de Educación y FP o de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El consistorio de Córdoba, debido a su inoperancia y falta de interés, es el responsable de que 19 colegios de la capital dispongan de unas máquinas de ventilación forzada instaladas desde el verano pasado y que no puedan utilizarse debido a que la instalación eléctrica de la que disponen los centros no es adecuada, algo que se debería haber tenido en cuenta cuando se hicieron todos los estudios técnicos. Varias AMPAS, pertenecientes a estos 19 colegios, llevan exigiendo desde principio de curso los informes pertinentes y las hojas de ruta para solventar este problema y evitar, un año más, que el alumnado sufra las altas temperaturas de nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha declarado, como era de esperar, que las máquinas no podrán estar en funcionamiento hasta el invierno del curso que viene pues aún están licitándose los contratos para la ejecución de estas obras.

Exigimos que se considere a la Educación, y a todos los alumnos y alumnas, como una prioridad e instamos al gobierno municipal a no demorar más el bienestar y la salud de los niños y niñas de Córdoba, más si cabe en un curso tan complicado como este donde una de las medidas de seguridad prioritarias pasaba por la distancia de seguridad, la ventilación, y la purificación del aire.

Por todo esto, señalamos con el dedo a todas las administraciones y las hacemos responsables del abandono de la escuela pública anteriormente expuesto y exigimos:

Un aumento de la inversión en educación.

Un aumento de recursos para las Necesidades Específicas de Atención Educativa.

La derogación de los conciertos educativos, cuya primera beneficiaria es la adoctrinadora iglesia católica

Un descenso inmediato de la ratio estipulada en cada nivel educativo.

El cese de la privatización de la educación pública en cualquier nivel.

La climatización inmediata de los 19 centros pendientes y la coordinación de Ayuntamiento y Junta de andalucía para desarrollar de inmediato un programa de bioclimatización en todos los centros educativos de titularidad pública, donde  prime el uso de la vegetación para paliar los efectos climáticos térmicos

¡¡¡La Escuela Pública no se vende, SE DEFIENDE!!!!

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Manifestación en defensa de la Sanidad Pública – 12 de junio 2021

Una vez más las Marchas de la Dignidad convocamos una marcha en defensa de la Sanidad Pública, uniéndonos a las movilizaciones a nivel estatal de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS).

Más de un año después del comienzo de la pandemia el deterioro de la sanidad pública es cada día mayor. Antes de empezar con la COVID ya estaba colapsada tras décadas de recortes y privatizaciones. El personal sanitario, aplaudido hace unos meses, ahora está agotado y desmoralizado, porque ve que no hay voluntad política ni a nivel estatal ni autonómico de arreglar tan lamentable situación.

La Atención Primaria cuyos objetivos iniciales eran la prevención y la promoción de la salud se ha transformado, al amparo de los nuevos modelos capitalistas de gestión sanitaria, en un modelo puramente asistencialista cuya actuación se basa en la demanda asistencial. Los Centros de Salud se han convertido en centros expendedores de atenciones sanitarias, (supermercados

sanitarios) con graves repercusiones para las personas tanto usuarias como

profesionales. Se ha fomentado el individualismo, el consumo desaforado de pruebas, fármacos, operaciones, etc. con todo lo que conlleva de efectos secundarios, iatrogenia, resultados indeseables, gastos innecesarios y ausencia de una auténtica medicina comunitaria y preventiva.

Es necesario por tanto recuperar la acción en la salud colectiva y abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad junto a la propia ciudadanía que la padece.

Los retrasos en la atención sanitaria pública han llevado a mucha gente desesperada a hacerse pólizas con aseguradoras privadas. Éstas, en 2020 han ganado más dinero que nunca: 9.000 millones de facturación y once millones de clientes. Casi 1 de cada 4 personas tiene un seguro privado a nivel estatal. En Córdoba basta echar un vistazo al Hospital de San Juan de Dios, la Clínica Quirón o el hospital de la Cruz Roja para observar que todos están “petaos”.

Ante las enormes listas de espera que producen muertes evitables por diagnósticos tardíos (el 20% de los cánceres por ejemplo), lejos de reforzar la sanidad pública, los gobiernos aumentan los conciertos de las patologías más rentables con la sanidad privada. En Córdoba los hospitales anteriormente citados, entre otros, se benefician de tan suculentas y millonarias derivaciones.

La mayor parte del dinero librado durante la pandemia ha ido a parar a empresas privadas: vacunas, rastreadores, pruebas diagnósticas, fármacos de dudosa eficacia y construcción de hospitales innecesarios, mientras permanecen cerradas miles de camas en hospitales públicos.

Otro tanto va a suceder con los Fondos Europeos: irán a engrosar negocios privados como la Medicina de Alta Tecnología y la Digitalización Sanitaria. ¿De verdad que estas son las auténticas prioridades de la maltrecha Sanidad Pública española? Lo más triste es que todos nosotros lo pagaremos (y de qué forma) como Deuda en los próximos años.

Mientras las patentes protegen los millonarios negocios de las multinacio- nales farmacéuticas, (que de un modo vergonzante no dejan liberarlas para que las vacunas lleguen a los países pobres) los gobiernos no han adoptado medidas preventivas y de salud pública básicas como la actuación sobre el hacinamiento en viviendas y transportes, detección precoz y aislamiento de casos, etc., por no hablar de las residencias de mayores, casi todas privadas y con condiciones sanitarias penosas, donde se han producido la mitad de las muertes totales por COVID. Las denuncias de las familias por la muerte de sus seres queridos son archivadas por los jueces.

 Ante esta situación de la Sanidad Pública hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad.

 La salud de la ciudadanía es la prioridad n.º 1 en cualquier sociedad como ha demostrado esta pandemia. La salud es tan importante que no podemos dejarla en manos del mercado y de sus nefastos intereses.

EN RESUMEN:

ASISTIMOS AL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA Y AL SAQUEO DE LOS FONDOS PÚBLICOS PARA QUE LA EMPRESA PRIVADA HAGA, MÁS QUE NUNCA, SU AGOSTO.

NO SOLO SE TRATA DE UN ROBO, SINO TAMBIÉN DE UN CRIMEN, PORQUE LO PAGAMOS CON NUESTRA SALUD Y NUESTRAS VIDAS.

ESTE ATAQUE COTIDIANO A NUESTROS DERECHOS SE REALIZA AL AMPARO

DE LEYES ESTATALES (Ley 15/97 y art 90 L.G.S.) VOTADAS EN SU DÍA POR LA DERECHA Y LA SUPUESTA IZQUIERDA Y CON LA COMPLICIDAD DIRECTA DE GOBIERNOS DE TODOS LOS COLORES POLÍTICOS.

SÓLO LA RESISTENCIA Y LA MOVILIZACIÓN POPULAR PUEDEN PONER FIN A ESTOS DESMANES.

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA: ¡ABAJO LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD!

¡ABOLICIÓN DE LA LEY 15/97 Y DEL ARTÍCULO 90 DE LA L.G.S.!

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¿JUSTICIA JUSTA? SI LA JUSTICIA NO ES RÁPIDA, NO ES JUSTICIA

En Andalucía, los Juzgados de lo Social están colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos en Córdoba, Almería o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 ó 2025 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social.

La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro no es ninguna excepción. Todos sus predecesores y él mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc. 

Las reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de demandas a años vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público. 

A finales de 2020 no se ha podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se abordaba la violación del derecho Fundamental a la Huelga por parte de la Junta de Andalucía, por falta de medios telemáticos (ordenador, software y conexión). Finalmente se celebró en marzo 2021 y la sentencia ha puesto en vilo este Derecho Fundamental, al ponerse de perfil el tribunal sin sancionar a la Junta y remitir a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo que declaraba nulos y abusivos unos servicios mínimos en la huelga general del 8M pero que no conlleva que la clase política pueda seguir conculcando el derecho Fundamental a la huelga mediante un decreto de servicios mínimos ilegales que no le van a suponer ningún coste ni económico, ni social, ni responsabilidad política alguna porque los tribunales así lo han decidido. Hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación. 

Observamos cómo surgen en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. El mejor exponente de esto en Andalucía resulta ser el SERCLA, donde la invasión de competencias -antes públicas- es la tónica dominante de los últimos años junto a la financiación de sus organizaciones integrantes, esto es, los agentes sociales de la oficialidad: CEA, UGT y CC.OO. 

Los señalamientos a años vista obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales, que dejan ser útiles y no surten efecto. Así se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de l@s trabajador@s.

Con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito sobre el que la patronal (la más incumplidora) mantiene un indisimulado silencio, ya que este mecanismo perverso juega a su favor.

Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas: 

  • Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía
  • Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona. 
  • Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida. 

También queremos denunciar las problemáticas que nos encontramos en los juzgados cuando tratamos de tutelar el derecho a la vivienda, regulado en el artículo 47 de la Constitución.

Los juzgados sistemáticamente incumplen la normativa contenida en los Tratados Internacionales que hemos suscrito como Estado. Con frecuencia nos encontramos ante procesos judiciales en los que no se garantizan los derechos de los menores y su protección jurídica. Son muchos los procedimientos en los que magistrados y jueces decretan el lanzamiento de familias económicamente vulnerables sin haber ponderado otras opciones menos gravosas y sin garantías de alternativas habitacionales para los menores de edad, las hijas e hijos de la clase trabajadora.

A lo anterior se unen las reticencias en la aplicación de figuras jurídicas amparadas por el Derecho, como el estado de necesidad como causa eximente de la responsabilidad criminal. La aplicación de esta figura, tras la acreditación de los requisitos exigidos legalmente, permitiría eximir de responsabilidad criminal a las familias obreras que ocupan viviendas vacías en manos de entidades bancarias o de otros grandes tenedores, al no dejarle el Estado ninguna otra opción para satisfacer su necesidad permanente de acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. L@s trabajador@s ya nos hemos cansado de ver cómo los poderes públicos incumplen el mandato constitucional de remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre la ciudadanía (artículo 9.2 de la Constitución).

En los juzgados es necesario:

  • Implementar protocolos específicos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad y que llevaran a estos a actuar de manera uniforme. Protocolos que deberían contemplar, en los casos en los que no hubiera alternativa habitacional, medidas como: suspensión del lanzamiento, solicitud a los servicios sociales de su intervención de manera activa para la solución del problema entre otras.
  • Relacionado con esto, los jueces deberían suspender los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc., siendo esta una medida que podría llevarse a cabo si en los juzgados se tuviera en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales que con frecuencia es ignorada, en muchos casos a sabiendas.

Por todo esto, la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno a este angustioso problema de la clase trabajadora, con objeto de preparar una movilización general que pueda ser el comienzo de una lucha colectiva por la reconquista de los derechos laborales y sociales perdidos y para avanzar en justicia social.

Andalucía 21 de abril de 2021

¡EL 20 de mayo se nos va a escuchar en los juzgados!

Marchas de la Dignidad – Andalucía

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11 de marzo. Concentración “Nadie sin luz”

La ola de frío se fue y el pico de consumo ha bajado, como también ha bajado el precio del Kw/h. Pero como no sabemos cuándo llegará la próxima vez que las personas necesiten consumir más electricidad, por frío o por calor, y hasta cuánto subirá el precio del Kw/h. Y como entendemos que la legislación actual sobre la energía es injusta y castiga a las personas con menos recursos económicos, y como entendemos que es urgente la creación de una empresa pública de electricidad estatal y otra de titularidad municipal, mantenemos nuestras
exigencias plasmadas en la propuesta de moción que presentamos a los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de Córdoba y que no han tenido a bien recoger para que se traten en el pleno municipal.


La callada por respuesta del PP, y la falta de coincidencia del PSOE, Cs, IU y Podemos, hacen que las Marchas de la Dignidad y otros 33 colectivos de la ciudad no puedan transmitir la voz de las personas más afectadas, que no pueden hacer frente a los mínimos gastos necesarios para una vida digna en una ciudad que está en el triste pódium de pobreza del país. Una vez
más, la distancia y la falta de sensibilidad de los partidos con la ciudadanía se hace patente. En este caso, nos resulta especialmente dolorosa la actuación de IU y Podemos, que son la supuesta representación institucional de muchas personas trabajadoras que vieron en ellos la
opción para que su voz fuera escuchada en el Ayuntamiento. La falta de sintonía para poder presentar la moción en febrero ha continuado con el incumplimiento de su promesa de trabajar durante este pasado mes para presentarla en marzo.

Ayer, día 4, y tras no tener noticias suyas a pesar de haberles apremiado a vernos, decidimos dar por cerrada la vía de la moción y seguir en la calle con nuestras reivindicaciones, más que justificadas y avaladas, de que las personas sean el centro de la actividad política y, en este caso, de que nadie pase frío o calor en función de las ansias especuladoras de empresas sin corazón ni alma, a las que poco le importa que haya gente que sufra a costa de sus beneficios millonarios.

Por ello, el jueves 11 de marzo, a las 11 de la mañana, nos concentraremos en la puerta del Ayuntamiento mientras se produce el pleno municipal. Como ya dijimos en enero, no pararemos hasta que se tomen las medidas necesarias para que nadie vuelva a sufrir la pobreza energética.

Publicado en Servicios Públicos | Comentarios desactivados en 11 de marzo. Concentración “Nadie sin luz”

Si encierran a Hasél ¡Todos a la calle!

Los colectivos y personas que formamos parte de las Marchas de la Dignidad-Córdoba queremos manifestar nuestro absoluto rechazo al encarcelamiento de Pablo Hasél que ha tenido lugar esta misma mañana.

Una vez más, lamentamos esta nueva agresión contra la libertad de expresión, que es atacada valiéndose de la ley mordaza. Una ley injusta y arbitraria, propia de un estado totalitario y que sigue en vigor después de que los partidos que gobiernan prometieran derogarla en sus programas electorales.

El sistema judicial español puede sentirse orgulloso de poner entre rejas a los artistas por hacer canciones mientras los corruptos, los torturadores y los criminales de guante blanco les aplauden desde los parlamentos, cuarteles, consejos de administración y demás cloacas desde las que actúan.

Desde la Marchas por la Dignidad-Córdoba nos reafirmamos en la defensa de la libertad de expresión y exigimos la puesta en libertad de Pablo Hasél y la derogación inmediata de la ley mordaza.

¡No más artistas en las cárceles!

¡Libertad para Pablo Hasél!

Publicado en Antirrepresión | Comentarios desactivados en Si encierran a Hasél ¡Todos a la calle!

CONVOCATORIA DE LA MOVILIZACIÓN CONTRA LOS ABUSOS DE LAS ELÉCTRICAS.

-CONTRA LOS ABUSOS DE LAS ELÉCTRICAS.

-REGULACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.

-FIJACIÓN DE PRECIO MÁXIMO A LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA.

-ESTABLECIMIENTO DE PRECIO FIJO A LA ENERGÍA NUCLEAR.

-REVERSIÓN DE LAS CONCESIONES DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS AL ESTADO.

 MANIFESTACIÓN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 19,30 HORAS DESDE LA GLORIETA DE LAS CIUDADES HIROSHIMA Y NAGASAKI (LOS PATOS) HASTA LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO.

Diferentes colectivos de todo el espectro asociativo cordobés nos hemos unido para convocar una movilización que condene los abusivos e injustificados incrementos de precio del suministro de energía eléctrica que estamos soportando desde el pasado mes de enero y que este verano se han acentuado, llevando el megavatio hora muy por encima de los 150 euros de forma reiterada.

Esta situación no responde a lógica de mercado alguna, sino a una estrategia del lobby energético para, aprovechando los desajustes de un sistema eléctrico regulado a su medida y aprovechando igualmente la condición de oligopolio que el lobby detenta, provocar subidas del suministro de forma artificial buscando únicamente maximizar los beneficios que históricamente vienen acumulando. Buena prueba de ello es que en repetidas ocasiones el precio máximo del megavatio hora lo ha marcado el precio de la hidroeléctrica, algo completamente incomprensible en este tipo de centrales, que se encuentran prácticamente amortizadas y que explotan un bien público como es el agua.

Los colectivos convocantes rechazamos rotundamente las justificaciones defendidas por el lobby achacando la subida de precios al incremento del precio del gas y de los derechos de emisiones de CO2. Esta circunstancia podría justificar el precio de la energía suministrada por este tipo de centrales, pero la realidad es que, por una irracional regulación del mercado eléctrico, estos precios alcanzan también a la energía suministrada por las centrales nucleares, las renovables y la hidráulica, que se encuentran de esta manera con lo que de forma muy descriptiva en el sector de la energía se conoce como “beneficios caídos del cielo”.

La repetida subida de precios que estamos soportando solo puede ser atribuida a la voracidad de un sector que defiende el libre mercado pero que no se regula por la ley de la oferta y la demanda, pues  incrementa sus precios incluso en periodos de inferior consumo, como los fines de semana, algo que se ha repetido tanto en agosto como en septiembre, demostrando que tanto la ciudadanía como las administraciones somos rehenes del lobby energético, que se aprovecha de un marco regulatorio elaborado, como antes hemos afirmado, a la medida de sus intereses.

Para evitar que esta situación se repita es necesaria una intervención inmediata y contundente del gobierno de España, al que exigimos la adopción de medidas que impidan que sectores estratégicos de la economía estén ajenos al control del estado, y de manera inmediata:

  1. Regulación del mercado eléctrico para evitar estos abusos.
  2. Fijación de precios máximos a la energía procedente de centrales hidroeléctricas, una energía que usa un bien público —el agua— y cuyas infraestructuras están prácticamente amortizadas en la mayoría de los casos.
  3. Reversión de las concesiones de la explotación de presas al estado una vez caduquen dichas concesiones.
  4. Establecimiento de precios fijos a la energía suministrada por las centrales nucleares.
  5. Creación de una empresa pública de energía que pueda intervenir en el sector arbitrando y moderando los precios.
  6. Máximo apoyo a la implantación de energías renovables, apostando por el autoconsumo, los proyectos de tipo comunitario y la generación distribuida y evitando que las mega centrales de renovables ocupen terrenos agrícolas, con calificación ambiental o con fuertes afecciones paisajísticas.

Rechazamos por otra parte las razones esgrimidas por el gobierno de España para justificar la timidez de las medidas adoptadas para detener el fraude. No sirve el argumento de que hay que atenerse al marco regulatorio europeo, pues con toda seguridad este marco regulatorio no permite el fraude y la usura de las empresas que vacían los pantanos para llenar las cuentas corrientes de sus accionistas. El gobierno debe encontrar la fórmula de intervenir en el mercado evitando precios abusivos y recordamos a este respecto que hay directivas europeas que permiten que los Estados miembro pueden intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores más vulnerables y están obligados a garantizar una competencia efectiva, lo que no ocurre en un mercado dominado por el oligopolio.

Firman esta convocatoria (por orden alfabético) (a fecha 25 de septiembre)

Adelante Andalucía Córdoba.

Asociación educativa Barbiana.

ASPA.

Centro Social Rey Heredia.

CGT.

CIC-Batá.

Círculo Cultural Juan 23

CNT.

COBAS.

Colectivo Solidarios.

Córdoba en Común.

Córdoba Solidaria.

C.T.A.

Ecologistas en Acción Córdoba.

Ingeniería sin Fronteras.

La Tejedora, Mercao Social de Córdoba.

Marchas de la Dignidad.

Plataforma RBU Córdoba.

Stop Deshaucios.

USTEA.

Verdes Equo Córdoba.

Yayo Flautas Córdoba.

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Marcha contra la Precariedad – 24 junio 2021

Las Marchas de la Dignidad cerramos el ciclo de acciones reivindicativas del mes de junio con la tercera “Marcha”, tras la de la Sanidad y la de la Educación. El próximo jueves 24 de junio saldremos a denunciar la precariedad laboral y el abuso a usuarios y usuarias de empresas multinacionales, de bancos y de empresas de servicios esenciales. Será nuestra “Marcha por la Precariedad”, que saldrá a las 20’00 horas desde la Plaza de las Tendillas.

  1. El recorrido que efectuaremos comenzará a las puertas de la tienda de Movistar, en Las Tendillas. Telefónica, una de las joyas del estado, que cubría desde sus principios el servicio esencial para las personas que es la comunicación. Telefónica fue una empresa estatal que puso en pie toda una red de servicios de telecomunicaciones terrestres, móviles y por satélite. Repartió sus cables por todo el territorio peninsular, con ellos unió las islas y con el resto de los continentes. Creó las infraestructuras básicas esenciales, con dinero de todas y todos nosotros, a lo largo de cerca de 80 años. Estaba obligada a llevar el mismo servicio a todos los rincones del país. En 1996, una vez perdidas las elecciones con el PP, Pedro Solbes, ministro de economía de Felipe González, un mes antes de ceder la Moncloa a Aznar, firmó la privatización de Telefónica hasta el 60%, con lo que el Estado perdía la mayoría de su propiedad. Desde entonces, la privatización y la competencia en el sector solo ha creado pobreza para los y las trabajadoras. De 95.000 personas empleadas en la matriz en 1992, hoy no llegan a 20.000. Y no porque el sector esté en declive. Se calcula en más de 250.000 personas las que trabajan en las telecomunicaciones. Pero, salvo las mencionadas de Telefónica, el resto son personas subcontratadas a través de empresas filiales y externas de las distintas compañías.
    Hoy, lo que antes se atendía en oficinas de abonados presenciales por personas formadas adecuadamente y preocupadas por las usuarias, se atiende en estas tiendas, gestionadas por filiales como TELYCO (que acaba de reducir su plantilla en Córdoba) o por empresas subcontratadas, como Electrónica Rincón. O desde grandes call-centers donde lo mismo se atiende una llamada de un banco, de una aseguradora, que de cualquier compañía de telecomunicaciones. Todo ello bajo el criterio del gasto mínimo, la atención más corta y, sobre todo, más rentable para la empresa, donde los y las trabajadoras son presionadas hasta exprimirlas para conseguir ventas sin escrúpulos con jornadas y condiciones propias del siglo XIX.
    Hoy, lo que antes hacían en las redes y en los domicilios de la clientela los y las trabajadoras de Telefónica con condiciones dignas, lo hacen compañeras y compañeros de contratas, subcontratas y subsubcontratas, a veces sin contrato y, en el mejor de los casos, con jornadas eternas de trabajo, pagándose el vehículo, la gasolina, las herramientas y quedándose sin cobrar si no hacen la instalación aunque no sea por su culpa.
    Hoy, la planificación de la red que antes se hacía por ingenieros, aparejadores y técnicos con contratos fijos y con unas condiciones laborales dignas de su capacitación, ese trabajo lo hacen empresas subcontratadas que pagan a esas mismas categorías laborales salarios de miseria para beneficio de su empresa y de Telefónica.
    Cuando se privatizó el servicio de las telecomunicaciones, como pasó con las eléctricas, con los carburantes, o como pasará ahora con los ferrocarriles, se nos prometió tarifas irrisorias fruto de la permanente competitividad. Se nos olvidó que esa competitividad era a costa de los salarios y los lomos de los trabajadores. Pero, además, fue falso. Hoy, la tarifa base que en el año 2000 no llegaba a 1000 pesetas, sube a las 5.000. Como pasa con la luz, con la gasolina y con tantos otros ejemplos de las maravillas de lo privado y la competencia.
    El sector de las telecomunicaciones era un sector que daba empleo estable y digno, y cuyos posibles beneficios económicos iban al Estado. Hoy es una fuente de beneficios obscenos para unos cuantos propietarios a costa de salarios y condiciones precarias, y de tarifas. Esta Telefónica es salón dorado donde desembocan puertas giratorias para personajes tan siniestros como Zaplana o Urdangarín, que cobraban millones de euros anuales por no hacer nada. Salón dorado de amigos de la infancia de presidentes de gobierno, como Juan Villalonga. O imputados por uso privilegiado de información, aunque absueltos por haber prescrito el delito, como César Alierta. Esa Telefónica, mientras estos personajes y el resto de los accionistas se embolsan pingües beneficios cada año, ha reducido su plantilla en un 80% a través de ERES pagados por el Estado, o con planes de destrucción de empleo pactados con los sindicatos mayoritarios. Es el paradigma de la vampirización de lo público a costa de nuestros impuestos, de las trabajadores y de los usuarios.
    ¡Los servicios esenciales, públicos!
    ¡Nacionalización YA!
  2. Seguimos. La sociedad ha aceptado de manera acrítica que un servicio público al 100%, como es la Ayuda a Domicilio y a la Dependencia, tenga que ser prestado por empresas privadas con un triple efecto: la derivación de una parte de los fondos públicos al beneficio de estas empresas, el empeoramiento del servicio que recibimos los y las usuarias y por supuesto la introducción de unos altos niveles de precariedad laboral.

Empresas como CLAROS, la contrata de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Córdoba, al igual que otras como CLECE, EULEN y un largo etcétera, han prosperado al amparo de administraciones públicas que se desentienden de las consecuencias negativas de la externalización de sus servicios.

Este tipo de empresas obtienen su beneficio mediante procedimientos laborales como el abuso de contratos temporales. Una práctica habitual es la no renovación de los contratos a profesionales que llevan años trabajando, pero cuyos contratos temporales se suspenden antes de que se acumule el tiempo continuado que legalmente obligue a la fijeza. Esas “pausas” además también las pagamos de los fondos públicos con subsidios por desempleo y ayudas. Tras la interrupción “legalizadora” vuelta a la contratación y vuelta al ciclo durante años y años.

Empresas como Claros, se llenan de contratos temporales de corta duración y pocas horas de trabajo, contratos que van rotando para así tener a un buen volumen de personas a su disposición, para cualquier circunstancia o eventualidad, con una simple ampliación de horario. Sin embargo las reducciones de horarios y por lo tanto de salarios y cotizaciones al personal fijo están al orden del día.

Es habitual el contrato de pocas horas y de jornada partida, dificultando la conciliación de la vida laboral y personal. Son muchas las trabajadoras que acceden a esta empresa mediante contratos llamados “de fines de semana y festivos” con jornadas de muy escasas horas y la falsa promesa de una futura jornada completa de lunes a viernes que nunca llega.

La precariedad laboral ha sido normativizada; Observando los diferentes convenios encontramos que la prioridad de los sindicatos firmantes no es conseguir mejoras laborales para l@s profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, sino más bien priorizan las necesidades de las empresas para facilitar un cumplimiento superficial del servicio y sobre todo el beneficio privado. Por ejemplo, la concesión que en estos Convenios se hace de aceptar la máxima flexibilidad de la jornada laboral de la plantilla: las jornadas continuadas mañana o tarde pasan a ser jornada partida sin mejoras económicas, ni aumento de horas. También está la fatídica “bolsa de horas” que a cambio de mantener el salario cuando se pierde un servicio de usuaria/o por fallecimiento o traslado, las trabajadoras entran en deuda de horas con la empresa que luego les hace devolver, trabajando a su antojo en tiempo y forma, con total disponibilidad, y sin un plazo máximo, rompiendo cualquier posibilidad de conciliación laboral y familiar.
Con salarios por debajo de los 1000 euros (ya que difícilmente se consigue jornada completa), con jornadas parciales de mañana y tarde y una disponibilidad hacia las empresas del 100%, se ha permitido que aflore un numero nada despreciable de personas trabajadoras en el SAD obligadas a complementar su miserable salario con trabajos sin contratos, fortaleciendo la economía sumergida para poder llegar a fin de mes. Es un sector en donde predomina lo que ahora se define como Trabajador@s Pobres o pobres con trabajo. Tenemos conocimiento que un gran número de personas trabajadoras del SAD son a su vez, usuarias de servicios sociales.

Estas empresas se aprovechan de los altos niveles de paro, de la falta de arraigo y las necesidades de muchas mujeres con cargas familiares, en un sector altamente feminizado, que al igual que otros como limpiezas, etc. son sinónimo de precariedad laboral.

  1. Llegamos frente a una sucursal de CaixaBank, un entramado financiero que es lo que es gracias a maniobras oscuras e inmorales donde nuestro Gobierno, el llamado más progresista de la historia, ha permitido que sucedieran.

Teníamos la oportunidad de construir una banca pública con vocación de servicio a la ciudadanía al poseer la mayoría de las acciones de Bankia, después de haber invertido miles de millones en el llamado “rescate bancario” que más bien fue la “estafa bancaria”, ya que socializamos con nuestro dinero sus pérdidas del casino financiero al que jugaban y premiamos a los que especularon ilegítimamente con ellas.

Pero nuestro Gobierno prefirió seguir actuando en contra de la mayoría social y aceptó fusionar Bankia con CaixaBank pasando de poseer el 61,8% de Bankia, a tener el 14% de la nueva entidad fusionada, que sigue llamándose CaixaBank, por lo que fue más una absorción que una fusión.

¿El resultado? Continúan los desahucios en pisos de esta entidad a familias sin alternativa habitacional, los directivos se han triplicado el sueldo y van a echar a la calle a más de 7,500 personas.

¡Es el sistema financiero, amigo!

  1. Nos dirigiremos a continuación hacia una de las empresas más grandes del estado, pero desde luego, no una de las mejores en las que trabajar.

El Corte Inglés ha reducido su plantilla en más de 20.000 empleos desde la anterior crisis de 2007. Entre 2018 y 2019 en concreto, se redujo en casi 2.000 trabajadoras, y eso teniendo en cuenta que los beneficios de la empresa en 2019 fueron de 308 millones de euros, los mayores beneficios desde 2010. A lo largo de estos años, es decir, antes de la pandemia, la empresa ha estado haciendo una especie de ERE encubierto a través de prejubilaciones, bajas voluntarias, rescisiones de contratos y
subrogaciones de personal, de no reponer los puestos de trabajo que se quedan vacantes y de reducir al mínimo los puestos en servicios centrales.

Esto está teniendo para las trabajadoras unas consecuencias devastadoras: una cada vez mayor carga de trabajo, aumento del número de bajas por estrés, ansiedad o dolores musculares. A esto hay que añadir los bajos salarios (hay que tener en cuenta que sólo las personas que realizan ventas tienen comisiones), escasas opciones de conciliación, una gran presión en el puesto de trabajo, junto a jornadas laborales interminables, con la realización de turnos dobles, horas extras que no se cobran y festivos que no se remuneran adecuadamente.

Recordamos que El Corte Inglés obtiene cada año 8 millones de euros de subvenciones y ayudas públicas y que recientemente, ha obtenido el aval del estado por 125 millones de euros para la emisión de pagarés y obtener liquidez en el mercado de renta fija. Una cantidad de dinero que desde luego no beneficia a sus trabajadoras. Además, El Corte Inglés pretende obtener más de 4.000 millones de euros de los fondos de ayuda europeos que se supone que llegarán en breve, sumándose al grupo de grandes empresas que pretenden quedarse con la parte del león de esos fondos para financiar sus proyectos propios.

En mayo del año pasado, aduciendo la pandemia como razón, El Corte Inglés llegó a un acuerdo con los sindicatos de la empresa para garantizar el mantenimiento del empleo a cambio de aumentar las posibilidades de movilidad geográfica y funcional, de manera que las trabajadoras pudieran desempeñar una actividad diferente a la habitual, ya sea en otra área o en otro centro diferente. Es decir, se empeoraban las condiciones de trabajo a cambio de que no hubiera despidos.

Pero en febrero de este año, la empresa se pasa por el forro el acuerdo y propone un ERE de 3.500 trabajadoras, una medida que El Corte Inglés pretende acompañar del cierre de más centros, de una congelación salarial de la plantilla y de una ampliación de días festivos de trabajo. Unos despidos que llegan después de que la compañía haya exprimido al máximo las posibilidades de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE), a cargo de las cuentas del Estado, y que afectaron a 26.000 trabajadores, un 38% de la plantilla de El Corte Inglés.

Recordamos también que estos ERTE incluyen una cláusula de mantenimiento del empleo que obliga a las empresas que utilicen este mecanismo a mantener los puestos de trabajo durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de la vuelta al trabajo, algo que parece que El Corte Inglés tampoco va a respetar.

Esta es la manera en la que funcionan las grandes empresas españolas, que acuden a la financiación pública para obtener sus beneficios privados, mientras que al mismo tiempo empeoran las condiciones de trabajo de sus empleadas, bajando sueldos y derechos o promoviendo su despido sin tener en cuenta absolutamente nada más que sus ingresos.

Desde las Marchas de la Dignidad queremos animar a las trabajadoras y trabajadores de El Corte Inglés a organizarse en sindicatos que no estén al servicio de la empresa, a organizarse para mejorar las condiciones de trabajo y para que esta vez, no seamos las trabajadoras quienes paguemos esta llamada transformación digital, que no es más que una nueva reconversión en la que cada vez sobramos más personas para mantener los beneficios de los ricos.

  1. La gente de Stop Desahucios Córdoba, cada vez que pasamos delante de una oficina de CajaSur, no podemos dejar de recordar a nuestro compañero Fran, la única muerte que no pudimos evitar.

A Fran y a su familia les quitaron su casa después de haberla construido con sus manos, fueron estafados en la negociación, les dejaron una deuda después de quedarse tirados en la calle con una niña menor y en paro, y aun así, desde esta entidad, que se decía a sí misma “el banco de los cordobeses”, continuaban haciéndole la vida imposible.

Fran, un fatídico 8 de febrero de 2013, acabó tirándose por el balcón de su casa cuando ya no pudo más. No fue un suicidio, fue un asesinato de un sistema financiero criminal que más temprano que tarde tendrá que ser juzgado por delitos económicos contra la humanidad.

Aún después de muerto siguieron acosando a su familia, quien sabe cuánto tuvo que ver en ello el infarto que se llevó la vida del padre de Fran años después.

Hace año y medio reclamaban a la madre de Fran el piso donde ella vive (el de Fran ya se lo quedaron) por no pagar el aval que firmaron a su hijo. Les pedían 95.000 euros de 97.000 que avalaron, como si la vida y el piso de Fran no hubiera sido bastante. Finalmente se consiguió que no la echaran, pero a cambio BBK-CajaSur se quedó con la su casa y le han dejado el usufructo en vida.

Esta entidad no está dirigida por personas humanas, lo está por carroñeros.

  1. Solo en una sociedad clasista y machista se puede entender que los servicios de limpieza que formaban parte integradora de las diferentes administraciones y empresas públicas, mujeres en su mayoría, amparadas en los convenios y estatutos públicos de referencia, hayan sido eliminadas de cualquier relación directa con esos espacios que limpian.
    Gracias a esto existe un tremendo escalón de condiciones de trabajo entre quienes aún conservan su adscripción directa a un servicio público y sus compañeras de contratas como ISS, ya que en algunos casos coinciden los dos colectivos. En los convenios colectivos de algunos sectores públicos existe el puesto de “Peón/a limpiador/a, a extinguir”.
    De este modo se ha favorecido y alimentado a empresas como ISS con una larga experiencia en recortar los derechos laborales y las condiciones de trabajo como ha hecho en nuestra provincia. Sirva como ejemplo el caso de la Sociedad Estatal Correos donde hace años accedió al servicio mediante concurso y, en lugar de subrogar a todo el personal de limpieza existente, en sus mismas condiciones, como exige la ley, procedió al despido de tres trabajadoras fijas y a la rebaja de horas de contrato de la mayoría, recortando con ello salarios y cotizaciones. La dotación de ropa de trabajo, Equipos de Protección Individual, material de limpieza, son otros de los aspectos en los que se incide en la precariedad.
    ISS además discrimina a las mujeres adjudicando de manera arbitraria los puestos de trabajo de mayor remuneración en el sector de limpiezas, aquellos que tienen complementos añadidos por uso de máquinas, cristaleras, etc., de forma mayoritaria a hombres, con lo cual incide en la brecha salarial mediante su política laboral con “sesgo de género”.
    Todo un abanico de vulneraciones visibles y muchas otras que se producen en las “zonas oscuras” de unas relaciones laborales jerárquicas y desequilibradas, donde la condición de mujer inmigrante sin arraigo social o con cargas familiares favorece los abusos. De esto se aprovechan multinacionales como ISS, que actúan como lobby o plataforma de presión contra los derechos laborales.
    Otras grandes empresas como “ILUNIÓN”, de la Fundación ONCE, quieren labrarse una imagen de “integración social de la discapacidad” utilizando este escaparate no solo para ganar buena proyección social sino que obtienen todo tipo de descuentos y bonificaciones aparte de suculentas ayudas económicas. En su trastienda abundan las denuncias de limpiadoras por arbitrariedades que han tenido que corregir los juzgados y la Inspección de Trabajo.
    El sector de limpiezas está altamente feminizado, el 93% son mujeres, y no es casual que sea uno de los más precarios en cuanto condiciones y salarios, donde los Convenios Colectivos reflejan esa precariedad y en muchos casos ni siquiera se respetan, forzando con presiones a las trabajadoras a aceptar estos abusos para mantener el puesto de trabajo. Es el caso de empresas de limpiezas locales como “Brillo Exprés”, que acumula denuncias por multitud de infracciones como:
    Ausencia de control horario de entrada y salida, inestabilidad económica y de condiciones laborales, usurpación de los descansos de media jornada los días 24 y 31 de Diciembre y de la Feria de Mayo, recuperación obligatoria de los festivos que caigan entre semana, arbitraria planificación de las vacaciones y permisos, retrasos del abono de las nóminas y múltiples incidencias con las mismas, descuento de los traslados entre centros como tiempo “no trabajado”, jornadas irregulares, seguimientos y métodos de presión a las limpiadoras, asignación de tareas administrativas fuera de la jornada de trabajo y un largo etcétera.
    Desde las Marchas de la Dignidad queremos denunciar la precarización laboral de estas empresas y como los sectores más “feminizados” son los más precarizados.
  2. Zara es una de las empresas estrella del grupo Inditex, propiedad de la supermillonaria familia de Amancio Ortega, que no obstante, no se caracteriza por tener a sus trabajadoras en tan buenas condiciones como podría esperarse. Aprovechamos para decir desde aquí al señor Ortega, que no queremos su caridad, una curiosa caridad que al mismo tiempo le ahorra impuestos. Que lo que queremos es el cumplimiento de los convenios y los acuerdos con sus trabajadoras. Que lo que queremos es trabajo digno y no caridad.

Porque la situación laboral en Zara es mala desde hace mucho tiempo. Desde hace años se vienen produciendo denuncias de los sindicatos sobre la precariedad de los contratos, el incumplimiento en horarios o vacaciones, despidos injustificados, conciliación familiar o fraude en la contratación. Pero hoy por hoy, la situación de muchas de sus trabajadoras es aún más precaria. La empresa ha decidido adaptarse a toda marcha al nuevo modelo de compra a través de internet y solución que está adoptando es el cierre de tiendas. A 30 de abril, Inditex contaba con un total de 6.758 tiendas, un 8,8% menos que un año antes, cuando disponía de 7.412 establecimientos. En el caso de Zara, las
trabajadoras de estos centros que cierran se están viendo sometidas a un ERE encubierto para reducir su plantilla sin gastarse un duro.

Zara se comprometió con los sindicatos a ofrecer a las trabajadoras de los centros que cerraban un puesto de trabajo a un máximo de 25 kilómetros de distancia. Pero la empresa está incumpliendo este acuerdo, ofreciendo puestos mucho más distantes, y en muchas ocasiones, con peores condiciones laborales que las que tenían las trabajadoras, como menos salario, menores jornadas y horarios imposibles. De esta forma, muchas de ellas se ven obligadas a dejar de trabajar aceptando una miserable indemnización, consiguiéndose así lo que pretende la empresa, que es forzar la salida voluntaria de cientos de trabajadoras de las tiendas que cierra.

Al mismo tiempo, Inditex sigue ganando dinero incluso durante la pandemia. En el primer trimestre de este año obtuvo un beneficio de 421 millones de euros y se espera que gane unos 1.400 millones en todo el año.

Y si aquí en España las condiciones de trabajo son malas, su negocio en el resto del mundo está basado también en el mismo modelo de explotación, tanto de las personas como de los recursos. Recientemente, se ha llegado a pedir boicot a marcas de Inditex por la situación de explotación de los trabajadores de la etnia uigur en los campos de algodón de China.

Zara es uno de los prototipos de negocio del capitalismo más consumista. Un negocio que consiste en crear ropas baratas que solo están de moda una temporada y que fomenta el consumo masivo, basado en la explotación de todas las personas que trabajan en toda la cadena de producción, y de los ecosistemas en los lugares donde se produce. Un modelo que también es urgente cambiar por otro que respete a las personas, al medioambiente y que produzca textiles duraderos y sin productos tóxicos.


Desde las Marchas de la Dignidad queremos animar a las trabajadoras y trabajadores de Zara a organizarse y acudir a los sindicatos para luchar por sus derechos y hacer públicas sus situaciones, para que no les salga gratis deshacerse de todas esas mujeres que con su trabajo y su esfuerzo han conseguido llevar a la empresa donde está y que ahora simplemente les sobran.

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Marcha contra la Precariedad – 24 junio 2021

28 F – BASTA YA DE ENGAÑOS. NOS JUGAMOS LA VIDA Y EL SISTEMA SANITARIO

Solo la derogacion de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan.

 Un año después del inicio de la pandemia y trágicamente instalados en la tercera ola, los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la población andaluza condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido desgraciadamente en negocio y lamentable espectáculo.

   De un modo premeditado, los déficit estructurales de medios personales y técnicos del SAS no han sido corregidos provocando una falta de respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Especialmente grave sigue siendo la situación de la Atención Primaria, su clamorosa insuficiencia de medios materiales y humanos logra su máxima expresión en la atención telefónica (si es que se logra la hazaña de que alguien responda al teléfono). Este modo de asistencia está ocasionando situación de desamparo y frecuentes errores diagnósticos con graves consecuencias para los pacientes junto con grandes dosis de estrés para el personal sanitario. Todo ello, unido a las enormes listas de espera debido a la escasez de recursos, está produciendo aumentos en la morbilidad y en la mortalidad por patologías diferentes de la COVID, que son perfectamente evitables. Esta ausencia de soluciones del sistema público unida a las listas de espera han dado un nuevo empujón a miles de personas hacia los seguros privados que están frotándose las manos ante el negocio que se les abre ante sus ojos.

   Todo esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de cientos de miles de personas: se esperan nuevos recortes en las ya muy precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz, agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios obreros, precisamente en los que se ceba más la pandemia de la Covid 19.

   Al mismo tiempo, con la excusa del virus, han militarizado nuestras calles y ciudades, y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con escasa respuesta por la ciudadanía. Curiosamente hay disponibilidad económica para todo este despliegue, pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios (espacios, personal, líneas telefónicas, equipos técnicos, de protección individual, etc..) para atender adecuadamente esta pandemia. Todo ello mientras la miseria se adueña de la vida de millones de personas. Queremos medidas sanitarias y sociales, no medidas militares por muy millonarias que estas sean.

  Mientras el gobierno central «más progresista de la historia» mantenga las leyes privatizadoras,  como son la ley 15/97 y el artículo 90 de la ley General de Sanidad, continuará el desmantelamiento de la sanidad pública y el lucro privado. En efecto, absolutamente nada del masivo transvase de dinero público al capital realizado en Andalucía como por ejemplo la millonaria rehabilitación de hospitales innecesarios como el hospital militar de Sevilla, aumento de los convenios con hospitales privados, las derivaciones a la sanidad privada de las listas de espera sin optimizar los recursos públicos existentes, el despilfarro de las vacunas (el tristemente famoso “culillo” del consejero) por no tener las jeringas adecuadas, nada de todo lo anterior es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo permiten. La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar la atención primaria y la salud pública. Todo lo demás es puro espectáculo para autocomplacencia.

   Ahora anuncian 8.000 millones de euros de los fondos de la UE, dicen que «para reforzar los servicios públicos», cuando lo previsto es que se destinen a la «colaboración público-privada». Ese eufemismo, que ya conocemos bien, significa que, si no lo evitamos, la sanidad pública seguirá agonizando, mientras que las grandes corporaciones serán las principales beneficiarias del fondo europeo de recuperación económica. Un inmenso bazar está en marcha. Llevamos muchos años denunciando la privatización de la sanidad y a sus responsables, y la «izquierda del capital» se niega a eliminar las causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad.

El domingo 28 de febrero nos vemos en las calles:

●Frente a la privatización, sanidad pública.

●Por la derogación de las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 LGS). Rescate de todo lo privatizado

●No al cierre de centros sanitarios

●Por un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la prevención y en la salud colectiva

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en 28 F – BASTA YA DE ENGAÑOS. NOS JUGAMOS LA VIDA Y EL SISTEMA SANITARIO

28F ¡ANDALUCÍA MUÉVETE!

POR UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS

EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR UNA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA

POR UNA VIVIENDA DIGNA Y LOS SUMINISTROS BÁSICOS

Tras años de movilizaciones para defender sanidad, educación, ferrocarril y pensiones públicas, y haber enfrentado reformas laborales, despidos, condiciones de trabajo y salarios indignos, toca salir a la calle porque los problemas no dejan de incrementarse con esta crisis sanitaria. La explotación, la precariedad y el paro se extienden por todos los sectores, especialmente en los más feminizados. ¡Hay que derogar las reformas laborales, los pensionazos y subir salarios y pensiones!

Además, las condiciones infrahumanas y la falta de trabajo en el campo vuelve a dejar a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores al filo de la navaja, por lo que exigimos: ¡Peonadas 0 ya, Reforma Agraria y seguridad en el campo! No a la despoblación del medio rural. Reivindicamos abordar ya la reindustrialización sostenible; así como un sistema de financiación justo para Andalucía.

La pobreza se sigue extendiendo. En plena pandemia, No cesa la plaga infame de los desahucios y no dejan de aumentar los precios de la luz, la comida, las medicinas, el gas, de todo lo imprescindible para vivir. Para combatir todas estas realidades, exigimos la implantación de la Renta Básica y la nacionalización de los sectores estratégicos.

Al mismo tiempo la emergencia climática ya es una realidad causada por los poderes económicos y financieros y permitida por los diferentes gobiernos. Solo 100 grandes empresas son responsables del 71% de emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiemos el sistema, no el clima.

Seguimos luchando contra las violencias machistas, sexual, laboral, judicial, institucional… El capitalismo y el patriarcado son los responsables de esta situación, por eso el 8 de marzo volveremos a las calles y apoyaremos de nuevo la Huelga General Feminista de 24 horas.

Mientras tanto, los responsables de la crisis capitalista siguen enriqueciéndose. Frente al paro, la precariedad y los recortes, para la mayoría, las empresas del IBEX 35, los bancos y los terratenientes, aumentan sus beneficios. Para cambiar nuestras vidas, reclamamos el reparto del trabajo y la riqueza. Que los beneficios de esas empresas paguen los salarios de los trabajadores/as en ERTE’s. Ningún despido sin respuesta.

Después de más de 40 años del primer 4 de Diciembre y a los 39 años de haber conseguido la llamada “autonomía plena” se sigue el camino contrario al anhelado por millones de andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía, en las calles y en las urnas, sin haber alcanzado aún la soberanía plena para el total desarrollo del pueblo andaluz.

Después de 39 años de políticas neoliberales en Andalucía que han ido en contra de las clases populares; ahora nos encontramos ante un nuevo gobierno sostenido por la extrema derecha con aún más recortes para los derechos de las personas. Ahora más que nunca hay que movilizarse. 

Los servicios públicos, y en especial nuestro sistema sanitario, están en una situación de debilidad estructural como consecuencia de años de políticas neoliberales de recortes y privatizaciones tanto a nivel andaluz como a nivel estatal. Las carencias en materia de personal sanitario y de infraestructuras siguen siendo prácticamente las mismas a las de las dos primeras olas de la pandemia. Es inadmisible. Seguimos sin camas y sin sanitarios suficientes para administras las vacunas a la vez que muchos niños y niñas están en nuestras escuelas muertos de frío sin que se cumplan las medidas básicas de distanciamiento físico, al igual que ocurre en la gran mayoría de los centros de trabajo y en los transportes públicos. Medidas llevadas a cabo por parte del gobierno central no han respondido suficientemente a las necesidades reales de la mayoría, en relación a la prohibición de los despidos, las enormes dificultades para acceder al Ingreso Mínimo Vital, etc. Las cuantiosas subvenciones a empresas y una hibernación económica que apenas duró 9 días muestran una vez más que los beneficios de la patronal parecen valer más que las vidas de los y las trabajadoras. Y por si todo esto fuese poco, un horizonte preocupante con anuncios que ponen en peligro nuestras pensiones y nuestros salarios. Basta ya de concesiones a la patronal y al capital. Hay que enfrentarse a los intereses de los que acaparan las riquezas. No al pago de la deuda, devolución de los 65.000 millones del rescate bancario y todos los medios de la sanidad privada a disposición de la sanidad pública. Es la única forma de no seguir allanando el camino a las derechas reaccionarias. Hay que derogar todas las reformas laborales, los pensionazos, la ley Mordaza, la Ley de Amnistía, para terminar con la impunidad del franquismo y para poner fin a las devoluciones en caliente y a las concertinas. Nosotr@s, desde luego, seguiremos movilizad@s gobiern quien gobierne.

Nuestra tierra, inhumana frontera, blindada a personas migrantes y refugiadas, tratadas como delincuentes en los brutales CIEs. Basta ya de una Andalucía militarizada como portaaviones para las guerras de EEUU y la OTAN, y paradójicamente, centro internacional del narcotráfico y la trata.

Defender los servicios públicos y lo común / No al pago de la deuda / Acabar con el paro y defender el empleo estable y de calidad / Derogación de todas las reformas laborales / Stop desahucios / Por una sanidad, educación y cuidados de calidad y universales / Pensiones públicas garantizadas en los Presupuestos Generales del Estado / Por un ferrocarril público y social / Por el derecho a una vivienda digna / Por los derechos de la infancia y de la juventud / Contra las violencias machistas: lucha feminista / Por la Renta Básica Universal / Por la soberanía alimentaria / Contra la despoblación de la Andalucía rural / Protejamos nuestra biodiversidad y espacios naturales, salvemos Doñana / Por la declaración de la emergencia climática en Andalucía / Por el derecho a decidir de los pueblos / Contra las guerras imperialistas / No a la OTAN, no a las bases / Ninguna persona es ilegal: papeles para todas / Por la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática. Verdad, justicia y reparación / Por los derechos de los colectivos LGTBI / Por el rescate de los servicios públicos / Basta de represión sindical y social.

Desde las Marchas de la Dignidad, llamamos a luchar por una Andalucía en la que no falten, el Pan, el Trabajo, el Techo, la Igualdad, ni las Pensiones Públicas. Por todo esto, el 28-F saldremos a las calles para luchar por nuestros derechos.

¡ANDALUCÍA, MUÉVETE!

¡Viva Andalucía libre!

Andalucía, 28 de Febrero de 2021

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