Ante la epidemia de COVID-19 ¡Gastos militares para escuelas y hospitales!

Con la actual emergencia del Coronavirus y el estado de alarma está habiendo un incremento de los mensajes belicistas por parte del Gobierno estatal y autonómicos. Con la continua alusión por parte de políticos y medios de terminología bélica y llamada a la defenderse del enemigo, como si de una guerra se tratase.

En contraposición a esto, tenemos a miles de trabajadoras/es de la sanidad que son los que realmente se están dejando la piel en esta situación y poniendo en juego sus vidas y las de sus familias, mientras desarrollan (est@s sí) una labor esencial para afrontar esta emergencia y crisis sanitaria.

Por ello, desde las Marchas de la Dignidad de Córdoba queremos poner de manifiesto nuestra defensa de una sanidad pública y universal, que es la que realmente puede enfrentar esta crisis del COVID 19, frente a las continuas referencias bélicas y militares, que ocultan cifras y gastos en defensa que van en perjuicio de gastos sanitarios, entre otros gastos públicos y sociales necesarios.

Empecemos destacando que en España se destinaron en 2018 cerca de 16360 millones de euros a gasto militar y de defensa, y que somos el 16º país que más gasta en Defensa del mundo actualmente, según datos del Instituto Internacional de Investigación de Estocolmo (SIPRI) de 2018. Ya en 2019 el gobierno español autoriza una inversión militar de 7331 millones de euros, en un plan plurianual hasta el 2032.

En contraposición a estos millonarios gastos militares, el PP llevó a cabo un cambio de modelo sanitario desde 2012 (mediante reales decretos y las siguientes leyes) que supuso una privatización encubierta de la sanidad española, con el centro de dicho modelo privado y de externalizaciones en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Valencia.

Como datos significativos se redujeron más de 35000 puestos de trabajo sanitarios en la sanidad pública durante la última década, y un cierre de 5600 camas de hospitales menos. Se acabó con el derecho a la salud universal y atención sanitaria de miles de personas migrantes. Ya en el 2017 el aumento de los Copagos sanitarios supuso que un 4,7% de las personas que habían recibido recetas farmacéuticas no las pudieron retirar por problemas económicos. En el caso de la CCAA de Madrid, modelo de privatización sanitaria, pasaron de asignar a los hospitales privados 299 millones en 2011 a 617 millones en 2016, en perjuicio de la sanidad pública. En plena crisis-estafa, en los años más duros de recortes, de 2009 a 2013, se recortó en unos 9000 millones el Presupuesto en Sanidad.

En total se estiman entre 15000 y 21000 millones de euros el recorte en sanidad pública desde 2009, según datos de la Cumbre Social de 2018, donde hay decenas de organizaciones sociales. Recordemos los más de 23000 millones previstos de gastos en defensa entre 2018 y 2019 del gobierno español, y como repercutirían estos gastos si fueran a parar a sanidad pública y otros gastos públicos y sociales necesarios.

Continuando con los gastos militares en los últimos años, en 2018 el gobierno camufló 15122 millones de euros que se pueden asignar a Defensa pero que se atribuían a otros Ministerios de manera falseada (Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura o Sanidad), según datos del veterano Grupo Antimilitarista Tortuga (perteneciente a la Red Alternativa Antimilitarista MOC).

Si hacemos un desglose de los gastos en armamento, el gobierno del PP, con la Ministra de Defensa en 2018 (antes de la moción de censura) María Dolores de Cospedal, incrementó de manera muy generosa el gasto en armamento. Así por ejemplo, se compraron: 5 fragatas F-110, cuya fabricación costó 4000 millones de euros; 3 aviones cisterna y de transporte A330 MRTT, con un coste de 800 millones; 1500 millones en vehículos de combate para el Ejército de Tierra; o 1550 millones en el programa de submarinos clase S-80. Suman un total de 10000 millones en gastos de este armamento que equivaldrían a la mitad de los millones recortados en Sanidad, alrededor de 21000 millones en total, en una década (desde 2009 a 2019)

Viendo estos datos de gastos innecesarios de Defensa y recortes masivos en la Sanidad Pública, desde las Marchas de la Dignidad pensamos que si en vez de invertir esas millonarias cantidades en recursos armamentísticos y defensa (que ningún beneficio aportan a la comunidad), se hubieran destinado buena parte de ellos a la sanidad pública y no se hubiera despedido a miles de profesionales y recortado en camas, atención primaria y externalizado múltiples servicios, ahora mismo se estaría gestionando y frenando de manera mucho más efectiva la actual pandemia del COVID- 19, con buena sanidad pública, universal y de calidad, no con contingentes militares y mensajes bélicos.

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