Comunicado Manifestación 20 J Por una Sanidad Pública

La actual pandemia que estamos padeciendo por la covid 19 ha reventado las costuras de la sanidad española. Ha coincidido curiosa y fatalmente que, en las dos comunidades autónomas donde más se había privatizado, Madrid y Cataluña, ha sido donde el virus ha causado más estragos. Las causas vienen de lejos. Hace ya más de veinte años que se permitió a los empresas privadas hacer negocio con la sanidad pública. Para ello en tiempos de Aznar aprobaron la ley 15/97 que en el apartado 2º de su único artículo dice textualemente; “La prestación y gestión de los servicios sanitarios podrán llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”. Fue el pistoletazo de salida para la privatización.


En Andalucía la privatización no ha sido tan descarada como en Valencia, Cataluña o Madrid, donde la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa, de un manera cruel y descarnada, los graves déficits que ha traído el desmantelamiento de la sanidad pública. La creación del hospital IFEMA ha sido la demostración palpable de la insuficiencia de medios en Madrid. En nuestra región se ha optado más por la creación de empresas públicas con gestión privada o por los convenios con hospitales privados como es el caso de las Clínicas Pascual en la provincia de Cádiz o el Hospital de San Juan de Dios aquí en Córdoba. Se derivan las patologías poco complejas y muy rentables económicamente a dichas instituciones, provenientes de las listas de espera interminables de Servicios estructuralmente infradotados como son Traumatología, Oftalmología, Cirugía General, Cirugía Plástica o Rehabilitación y Fisioterapia por citar unos cuantos. Todos los gobiernos han utilizado esta vía, creándose, en muchos casos, fuertes conexiones entre los gestores públicos y la sanidad privada. Puertas giratorias: Un gerente del SAS fue después gerente de la Empresa Pascual y otro Gerente del SAS vino a inaugurar la ampliación del hospital de San Juan de Dios en el Brillante. Un sistema ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha llevado a la parasitación del sistema público y ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantienen infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc. En España en el 2018, unos diez mil millones de euros, 1 de cada 7 euros del presupuesto de la sanidad, se dedicaron a conciertos privados.
En Córdoba estamos a la cabeza de España y del mundo en trasplantes, pero estos son sólo el 1,5 % de la actividad asistencial. Pero ¿qué pasa con el otro 98,5% de la actividad?. ¿Qué ocurre en los Centros de Salud, dónde las menguadas plantillas de profesionales no dan abasto para satisfacer las demandas asistenciales de las poblaciones encomendadas? Historicamente en Córdoba las autoridades sanitarias locales se han vanagloriado de obtener los mismos resultados que en otras provincias pero con menores plantillas y presupuestos. Un ejemplo: es una la única provincia andaluza que no cuenta con un Hospital de Cuidados Mínimos. Los Morales solo se utiliza para Cirugía Mayor Ambulatoria y para albergar una Unidad de Salud Mental.

En Andalucía se han implantado las Unidades de Gestión Clínica, supuestamente para mejorar, desde una óptica empresarial, la sanidad pública andaluza. Lo que no se dice es que ha sido una forma de fragmentar el sistema y dejar en bandeja a las empresas privadas las privatizaciones. Pero esto no lo vamos a consentir. La salud de la ciudadanía es la prioridad n.º 1 en cualquier sociedad como ha demostrado esta pandemia. La salud es tan importante que no podemos dejarla en manos del mercado. Así pues, exigimos:

  • La derogación de la ley 15/97 de privatización de la sanidad y de toda la legislación que permite y facilite la privatización sanitaria.
  • Hoy día la industria farmacéutica tiene una influencia decisiva en la formación del personal sanitario y dirige la totalidad de la investigación, controlando en la práctica la prescripción de medicamentos. Aquí en Córdoba en el IMIBIC más del 80% de los ensayos clínicos están financiados y auspiciados por la industria farmaceútica.
  • La pandemia ha demostrado la dependencia absoluta del exterior, sobre todo de China, por la ausencia de una industria sanitaria para aquellos elementos básicos y esenciales dentro del sistema sanitario: material de protección (mascarillas, EPIs, etc.), respiradores, test diagnósticos, etc. Por ello:
  • Exigimos una industria sanitaria y farmacéutica pública: que se ocupe de la investigación, fabricación y distribución de, al menos, los medicamentos considerados esenciales y de los elementos básicos necesarios.
  • Exigimos Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.
    • Las políticas vigentes son responsables de poner miles y miles de vidas en peligro, llevando a cabo una vulneración racista del derecho a la salud. Recordemos, además, que la financiación pública de los servicios sanitarios proviene exclusivamente de los impuestos (directos e indirectos) a los que toda persona contribuye con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa. Por todo ello, exigimos que nos sea devuelto el derecho robado a la salud y se implante de manera inmediata una sanidad pública, universal, gratuita en el momento del uso, de calidad para todos y todas, sin requisitos ni excepciones, incluidas las personas migrantes en situación irregular.
  • Exigimos Cuidados dignos y residencias públicas para nuestros mayores.
    • Exigimos servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada.
    • Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.
    • Incremento de ratio de personal de todas las categorías y definición de los perfiles profesionales.
    • Vinculación de las residencias con el Sistema sanitario a través de Atención Primaria.
    • Derecho a una plaza en residencia pública para todas las personas.
  • Exigimos un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.
    • Proponemos el establecimiento del “Principio de Precaución” “Primun non nocere”. Lo primero no hacer daño. Después hay que actuar de forma preventiva. Es mejor prevenir que curar por lo que exigimos un Sistema de Salud, basado en la prevención de la enfermedades, estableciendo prioridades basadas en la reducción de las desigualdades sociales, en la mejora del estado de salud de la población y en la inversión en bienestar social, aunque para ello haya que cuestionar el “crecimiento” económico.
    • Medidas simples y baratas como la presencia de una Enfermera en cada Centro Escolar o Educativo podría ahorrar al año miles de millones de euros, supervisaría desde la dietas de los comedores escolares, (las famosas pizzas de Ayuso), hasta la implantación de hábitos saludables y La Educación para la Salud como asignatura obligatoria y transversal. En lugar de Gasto Sanitario debemos hablar de Inversión Sanitaria.
    • Exigimos que los aspectos relacionados con la salud laboral pasen a ser competencia del Sistema de Salud con autoridad para intervenir sobre las condiciones de trabajo.
    Por un sistema sanitario público, universal, y de calidad.
    Nunca más muertos evitables, nunca más negocio con la sanidad, porque la privatización y los recortes, MATAN.
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