20 Junio – Reivindicaciones para salir de la crisis social del COVID-19

Las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia del COVID-19 están teniendo un enorme impacto sobre la clase trabajadora y los sectores sociales más precarios y empobrecidos. Esta situación es especialmente dramática en zonas como Andalucía, y muy especialmente en Córdoba, dónde ya padecíamos altos niveles de precariedad, paro, pobreza y exclusión social que esta crisis está agravando dramáticamente.

No en vano, la destrucción de empleo y los ERTEs se han cebado especialmente con Andalucía, dónde el aumento del desempleo dobla las cifras a nivel estatal, acumula casi la mitad de la destrucción de empleo del mes de marzo, evidenciando la elevada temporalidad del empleo en Andalucía y su extrema dependencia de sectores como el turismo, la hostelería y los servicios. Andalucía concentra siete de los diez barrios más pobres del país, concentrándose en Córdoba una buena parte de ellos, barrios dónde la crisis provocada por el COVID-19 está teniendo consecuencias dramáticas, y dónde las medidas tomadas por las administraciones son claramente insuficientes.

La llamada reconstrucción social y económica se está iniciando a través de una comisión parlamentaria, dentro de los muros del congreso. De nuevo, las reivindicaciones de las organizaciones sociales quedan fuera a la hora de proponer iniciativas y volverán a ser ignoradas, más allá de contactos institucionales protocolarios y sin sustancia. Todo lleva a suponer que esa reconstrucción va a quedar en un intento de sostenimiento de la actividad económica que teníamos hasta marzo, basada en la desigualdad, la injusticia, el fraude y el sálvese quien pueda.

Pero lo que queremos las organizaciones sociales es otra cosa, y hemos de reclamar tener un papel en la puesta en marcha de otra sociedad y de otra economía. Un papel que tendrá que pasar por seguir reivindicando una lucha auténtica y útil contra el cambio climático; por una economía para las personas y para el medio ambiente y no para las empresas y las multinacionales; una renta básica universal e incondicional; un sistema de relaciones laborales más justo y un trabajo estable y con salarios que permitan una vida digna; unos servicios públicos de calidad, con financiación suficiente y para todas las personas, en los que la sanidad pública ha quedado bien claro que es imprescindible para la sociedad, aun después de los bestiales recortes de los últimos años de personal y medios. Y, sobre todo, ha quedado claro que hay que invertir todo lo que sea necesario para dotarla de más medios y de más trabajadoras que atiendan a las personas y se dediquen a la investigación.

Y eso, tendremos que hacerlo criticando y proponiendo políticas sin someternos al chantaje al que nos conduce la presencia de la extrema derecha y de la derecha extrema, con ese pretendido discurso “insurreccionalista” contra el gobierno, que no es más que neoliberalismo salvaje envuelto en banderas de colores.

La reivindicación de PAN, TRABAJO, TECHO y DIGNIDAD es de nuevo más necesaria que nunca. Por todo ello, hemos de prepararnos para esa lucha, sin olvidar las enseñanzas de este tiempo y pensando que tenemos por delante ese futuro de justicia social que nos motiva.

Ante la actual situación, desde la Marchas de la Dignidad reclamamos:1.      Exigimos la toma de medidas inmediatas y con carácter prioritario en la defensa del medio ambiente y en la reversión de los motivos que han provocado el ya presente cambio climático. Para ello exigimos que se paralicen la incineración de residuos, se reduzca drásticamente el consumo energético dependiente de los combustibles fósiles y se apueste sin ambages por las energías renovables y limpias. Todo ello en una toma de conciencia colectiva de cambio de la forma de vida, desde la sostenibilidad, un consumo responsable, la colectividad, el afecto, el ocio, las relaciones, así como la apuesta, institucional y personal por el comercio cercano, ecológico y de temporada, creando redes de distribución justas con las personas trabajadoras, las consumidoras y el medio ambiente.

Puesta en marcha inmediata de una Renta Básica de Cuarentena en el horizonte cercano de la Renta Básica Universal. El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el gobierno es un nuevo subsidio ridículamente insuficiente, dotado con sólo 500 millones de euros y que no va a llegar ni al 10% de las personas que hoy hacen colas para recoger comida.  Es el momento de “rescatar a las personas”, para que ninguna sufra necesidades, la exclusión y la marginación. No queremos más personas marcadas por el sello de pobre. Exigimos dedicar, desde abril a diciembre, no menos de 50 mil millones de euros para el pago de 739€ por persona adulta y 150 por menor que lo soliciten, con regularización en la declaración de la renta de 2021.

3.      Suspensión del pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para todos los hogares que no puedan hacer frente a los mismos, no solo durante el tiempo que dure la emergencia actual, sino de cara a la situación social que se producirá tras la misma. La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos en coordinación con el gobierno central deberán aumentar las líneas de ayuda al pago de alquileres y suministros básicos sin limitaciones presupuestarias de ningún tipo y garantizar a todas las personas sin recursos y/o en riesgo de exclusión el acceso al mantenimiento de elementos esenciales para la subsistencia tales como alimentos, techo, luz, agua y gas.

4.      Derogación de la Ley mordaza. Durante el estado de alarma, el gobierno no ha dudado en dar carta blanca a los cuerpos policiales y a la utilización de la ley mordaza, que unos meses antes pretendía, supuestamente, derogar. Pero no podemos ni debemos permitir que el mantenimiento de las “leyes mordaza” sirvan para el recorte de derechos y libertades básicas y el establecimiento de un auténtico estado policial.   Por ello exigimos su inmediata derogación.

5.      Implementación de una reforma fiscal progresiva, con impuesto especiales para las grandes superficies, operadores de telefonía, farmacéuticas y otras empresas que hayan visto aumentar sus beneficios a raíz de esta situación. Reforma fiscal que aumente la imposición de las personas con más ingresos, y de las grandes empresas, banca y operadoras tecnológicas, implantando medidas para luchar contra la evasión fiscal. A nivel andaluz, Junta de Andalucía y Ayuntamientos deben proceder en el mismo sentido derogando las reformas fiscales de carácter regresivo de los últimos años, recuperando impuestos como el de sucesiones y donaciones.

6.      Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Declarar la nulidad de los despidos realizados desde la declaración del estado de alerta mientras dure la situación de emergencia, como única forma de evitar los abusos de las empresas. Prórroga de todos los contratos temporales que se extingan durante la crisis. Del mismo modo, todos los planes de apoyo a empresas deberán estar vinculados al mantenimiento de los empleos.

7.      Reducción del gasto militar a fin de reorientarlos hacia partidas destinadas al cuidado de la vida: sanidad, atención a la dependencia, educación, medio-ambiente, protección civil, etc. Supresión de los costosos programas de armamento y reconversión de la industria militar.

8.      Refuerzo y consolidación del empleo público: exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se aumenten las horas por empleado (ej. docentes) como medida de recorte del gasto público, que se lleven a cabo las oposiciones programadas, en cuanto sea posible, y se convoquen nuevas eliminando restricciones en la tasa de reposición para dotar a los servicios públicos del personal suficiente especialmente en sanidad, servicios sociales y educación. Además, desde el gobierno andaluz, deben eliminarse la subcontrataciones y privatizaciones encubiertas, facilitando la incorporación de plantillas al sector público, con especial vigilancia a las condiciones de trabajo y abusos por parte de las grandes empresas de la subcontratación y a la no destrucción de empleo en las actuales circunstancias.

Plan de empleo. El gobierno andaluz, junto a Ayuntamientos, y en coordinación con el gobierno estatal y la UE debe implementar un plan de empleo sin restricciones presupuestarias con envergadura y capacidad de revertir la destrucción de empleo en Andalucía, a la vez que pueda servir como vector de industrialización y creación de empleo de calidad, en sectores que se han demostrado vitales para una sociedad como el cuidado, la atención a la salud, el medio ambiente y la agricultura, la educación, y los sectores estratégicos. (energía, telecomunicaciones, transporte, etc.)

10.  Creación de un plan de garantía laboral con una estricta vigilancia sobre condiciones de abuso e irregularidad, incrementando los medios de las Inspecciones de Trabajo. En particular, exigimos que las personas jornaleras estén en viviendas dignas y con espacio suficiente de habitabilidad, acceso al agua potable, aseos y comunicación con tiendas de alimentación y supermercados.

11.  Reclamamos la regularización urgente de la población inmigrante que haya solicitado permiso de residencia, garantizando sus derechos y la no discriminación. Exigimos el cumplimiento del derecho a la sanidad universal pública de calidad y gratuita ya y el cierre definitivo de los CIE y la liberación de sus internos. De la misma forma, reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas presas.

12.  Refuerzo de los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y aumento de los recursos destinados a tal fin.

Una pedagogía y educación que incidan especialmente en la importancia de las libertades públicas. Una sociedad verdaderamente libre y avanzada debe incidir en esos valores frente a la sociedad del control a la que nos dirigimos, con una cada vez mayor presencia de elementos policiales y militares. La educación tiene una importante labor y debe ser ese ámbito donde se cultiven los valores democráticos, solidarios, de libertad y que nos orienten hacia una cultura de paz.

14.  Servicios públicos universales y de calidad. Es necesario un cambio radical del concepto de servicio público, poniéndolo muy por encima del mercado y de los intereses privados, en su finalidad, financiación, universalidad, eficacia y dotación suficiente de personal y de medios. Un cambio que no podrá realizar ningún gobierno a no ser que la presión social le obligue a ello. Porque los aplausos no se comen. Y hemos de hacer todo lo posible para hacer que esa reivindicación sea masiva y para que, cuando podamos manifestarnos, no sigamos siendo unas pocas quienes nos veamos rodeadas por cordones policiales cuando lo que pedimos es más justicia social, más camas de hospital, más escuelas y la estabilidad en el empleo de quienes trabajan en lo público.

15. Derogación de la Ley 15/97 y nacionalización de todos los medios y recursos de la sanidad privada, laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de protección para combatir la pandemia, o que puedan ser reconvertidas para tal fin. De la misma forma debe revertirse al sector público las residencias de personas ancianas, evitando que los cuidados sean meramente objeto de especulación y negocio.

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