17 Junio – Marcha por la Educación Pública

Las Marchas de la Dignidad a las calles para denunciar el maltrato a la Educación Pública.

Dentro del contexto de nuestras marchas contra la precariedad, la defensa de los servicios públicos esenciales tienen una importancia fundamental para conseguir una sociedad mejor, más igualitaria y socialmente justa. Lo hemos hecho repetidas veces por la Sanidad Pública y en esta ocasión nos vemos en la obligación de salir a las calles para defender a la Educación Pública. Hoy denunciamos el maltrato que está sufriendo por parte de las distintas administraciones, hecho que está permitiendo el avance de la privatización y la concertación de este servicio público tan sumamente esencial. Paralelamente estas mismas administraciones hacen dejación de sus funciones, lo cual se demuestra con la falta de recursos e inversión y cierre de clases en la red pública de centros educativos; red que como administración debería defender a capa y espada, pero que tristemente no lo hace.

Si algo está claramente constatado es que una de las principales causas de daño a la red pública y de merma de sus recursos no es otra que la concertación de centros educativos privados y de sus enseñanzas, que como novedad de la orden por la que se renuevan los conciertos en Andalucía amplía las enseñanzas que se pueden concertar, antes únicamente se podía hacer hasta la ESO y que ahora se extiende a Bachillerato y FP. La enseñanza concertada está en manos de empresas privadas, la gran mayoría de ellas dependientes de la Iglesia, que hacen de la educación un negocio recibiendo financiación por parte de la administración, y que -sin embargo- no es accesible a todas las personas: las cuotas, que ya no son voluntarias, sirven para desanimar a las familias con menos recursos, sin mencionar gastos como los uniformes o las actividades complementarias. Los conciertos en Andalucía se han renovado en la Orden de 16 de diciembre de 2020 y las unidades educativas (clases) de la escuela concertada se han fijado y blindado para un periodo de cuatro o seis años, dejando siempre como sufridores de los recortes y la bajada de la natalidad a la red pública, que no tiene posibilidad de defenderse ante el cierre de sus unidades. Y así la comunidad educativa de dichos centros queda perpleja al ver como lo que antaño nació como servicio subsidiario a la educación pública se ha convertido en merecedor de todos, absolutamente todos los privilegios. Además esta normativa es la responsable de la propagación de este proceso privatizador para obtener un mayor nicho de mercado, ampliando los conciertos a las etapas postobligatorias antes mencionadas.

A día de hoy, lo que antes se consideraba indicios del desmantelamiento de la escuela pública es una total y absoluta realidad. Las cartas están sobre el tapete: más de 3000 unidades escolares públicas cerradas en toda Andalucía en los últimos años. Los noticiarios llevan ya años inundando sus páginas con noticias referente al cierre de aulas en toda nuestra provincia. Y así, el desconcierto anual comienza en Marzo cuando desde la Consejería de educación se comunica a los centros educativos las unidades que les corresponde a cada uno, lo cual resulta extremadamente curioso, pues se realiza sin tener en cuenta factores tales como el alumnado que vive en la periferia pero cuyas madres y padres trabajan en diferentes barrios de Córdoba, las segundas opciones y en el presente curso el temor de la pandemia muchas familias decidieron no escolarizar a sus hijas e hijos en educación infantil, una etapa que no es obligatoria. La razón es siempre la misma: la bajada de la natalidad, esa bajada cuyas peores consecuencias llevan soportando los centros educativos públicos cerca de diez años, y que llegará a secundaria en el curso 22/23, mientras que la oferta de plazas en la privada concertada no sólo no decrece sino que aumenta. Luego transcurren meses de tira y afloja, de pulso entre las AMPAs y la Consejería de educación, hasta que al final el pulgar cesareo, como en la arena romana, da o quita. ¿No se han planteado en la magnífica oportunidad para bajar la ratio? ¿No han pensado en aumentar la inversión en educación, en el futuro de nuestras hijas e hijos? ¿Se les ha olvidado el carácter subsidiario con el que, como ya señalamos anteriormente, presuntamente surgieron los conciertos educativos? Sin voluntad, no hay acción, como se ve, ¡pero aquí estamos hoy para motivarlos!

La Formación Profesional es el siguiente territorio que se ofrece expedito a las manos privadas. La Orden de 16 de diciembre de 2020, por la que se establecen las normas de las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional anima a los centros privados a concertar ciclos formativos con alta empleabilidad y modalidades de bachillerato muy demandadas por el alumnado con la excusa de contribuir a la disminución de las tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, así como para preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. La jugada está clara: concertar los ciclos más demandados para cuando lleguen las consecuencias de la baja de natalidad, y ya está datado para el curso 26/27, pervivan los ciclos concertados, aquellos que  las autoridades educativas no pueden cerrar, ni tienen intención de hacerlo.

Pero no sólo se pone la Formación Profesional en manos privadas a través de los conciertos. La muy aplaudida FP Dual no es ni más ni menos que el sistema perfecto para que la empresa privada controle  estos estudios profesionales y se nutra de ellos a su antojo. El modelo de formación se diseña al servicio de las necesidades de las empresas además de suministrarles mano de obra barata con el riesgo de substitución de plantilla estable por un porcentaje de puestos en rotación por cada promoción de títulos de fp dual. Ante la clara apuesta del gobierno central y autonómico por una FP plegada a los designios neoliberales, sólo queda la denuncia y la acción ciudadana. Con los ciclos no se puede mercadear.

Relativo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo observamos con gran preocupación como la falta de compromiso de la administración y su gestión de recursos hace que de forma general el alumnado tenga que adaptarse a los recursos existentes o desplazarse donde estén en lugar de dotar a los centros con los recursos suficientes para atender al alumnado con NEAE. Existe una gran preocupación de familias y profesionales relacionadas con la atención a la diversidad y alumnado con discapacidad, ya que en nuestro país y, en concreto, en nuestra comunidad, llevamos padeciendo un largo historial de falta de medios en los centros educativos ordinarios para poder atender sus necesidades, lo que, por un lado ha provocado la frustración de trabajadores y trabajadoras y por el otro ha empujado a las familias a recurrir a los Centros Específicos de Educación Especial, centros que en su mayoría son de carácter privado-concertado.

Este poco interés por la Educación Pública no es patrimonio exclusivo del Ministerio de Educación y FP o de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El consistorio de Córdoba, debido a su inoperancia y falta de interés, es el responsable de que 19 colegios de la capital dispongan de unas máquinas de ventilación forzada instaladas desde el verano pasado y que no puedan utilizarse debido a que la instalación eléctrica de la que disponen los centros no es adecuada, algo que se debería haber tenido en cuenta cuando se hicieron todos los estudios técnicos. Varias AMPAS, pertenecientes a estos 19 colegios, llevan exigiendo desde principio de curso los informes pertinentes y las hojas de ruta para solventar este problema y evitar, un año más, que el alumnado sufra las altas temperaturas de nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha declarado, como era de esperar, que las máquinas no podrán estar en funcionamiento hasta el invierno del curso que viene pues aún están licitándose los contratos para la ejecución de estas obras.

Exigimos que se considere a la Educación, y a todos los alumnos y alumnas, como una prioridad e instamos al gobierno municipal a no demorar más el bienestar y la salud de los niños y niñas de Córdoba, más si cabe en un curso tan complicado como este donde una de las medidas de seguridad prioritarias pasaba por la distancia de seguridad, la ventilación, y la purificación del aire.

Por todo esto, señalamos con el dedo a todas las administraciones y las hacemos responsables del abandono de la escuela pública anteriormente expuesto y exigimos:

Un aumento de la inversión en educación.

Un aumento de recursos para las Necesidades Específicas de Atención Educativa.

La derogación de los conciertos educativos, cuya primera beneficiaria es la adoctrinadora iglesia católica

Un descenso inmediato de la ratio estipulada en cada nivel educativo.

El cese de la privatización de la educación pública en cualquier nivel.

La climatización inmediata de los 19 centros pendientes y la coordinación de Ayuntamiento y Junta de andalucía para desarrollar de inmediato un programa de bioclimatización en todos los centros educativos de titularidad pública, donde  prime el uso de la vegetación para paliar los efectos climáticos térmicos

¡¡¡La Escuela Pública no se vende, SE DEFIENDE!!!!

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