Marcha contra la Precariedad – 24 junio 2021

Las Marchas de la Dignidad cerramos el ciclo de acciones reivindicativas del mes de junio con la tercera “Marcha”, tras la de la Sanidad y la de la Educación. El próximo jueves 24 de junio saldremos a denunciar la precariedad laboral y el abuso a usuarios y usuarias de empresas multinacionales, de bancos y de empresas de servicios esenciales. Será nuestra “Marcha por la Precariedad”, que saldrá a las 20’00 horas desde la Plaza de las Tendillas.

  1. El recorrido que efectuaremos comenzará a las puertas de la tienda de Movistar, en Las Tendillas. Telefónica, una de las joyas del estado, que cubría desde sus principios el servicio esencial para las personas que es la comunicación. Telefónica fue una empresa estatal que puso en pie toda una red de servicios de telecomunicaciones terrestres, móviles y por satélite. Repartió sus cables por todo el territorio peninsular, con ellos unió las islas y con el resto de los continentes. Creó las infraestructuras básicas esenciales, con dinero de todas y todos nosotros, a lo largo de cerca de 80 años. Estaba obligada a llevar el mismo servicio a todos los rincones del país. En 1996, una vez perdidas las elecciones con el PP, Pedro Solbes, ministro de economía de Felipe González, un mes antes de ceder la Moncloa a Aznar, firmó la privatización de Telefónica hasta el 60%, con lo que el Estado perdía la mayoría de su propiedad. Desde entonces, la privatización y la competencia en el sector solo ha creado pobreza para los y las trabajadoras. De 95.000 personas empleadas en la matriz en 1992, hoy no llegan a 20.000. Y no porque el sector esté en declive. Se calcula en más de 250.000 personas las que trabajan en las telecomunicaciones. Pero, salvo las mencionadas de Telefónica, el resto son personas subcontratadas a través de empresas filiales y externas de las distintas compañías.
    Hoy, lo que antes se atendía en oficinas de abonados presenciales por personas formadas adecuadamente y preocupadas por las usuarias, se atiende en estas tiendas, gestionadas por filiales como TELYCO (que acaba de reducir su plantilla en Córdoba) o por empresas subcontratadas, como Electrónica Rincón. O desde grandes call-centers donde lo mismo se atiende una llamada de un banco, de una aseguradora, que de cualquier compañía de telecomunicaciones. Todo ello bajo el criterio del gasto mínimo, la atención más corta y, sobre todo, más rentable para la empresa, donde los y las trabajadoras son presionadas hasta exprimirlas para conseguir ventas sin escrúpulos con jornadas y condiciones propias del siglo XIX.
    Hoy, lo que antes hacían en las redes y en los domicilios de la clientela los y las trabajadoras de Telefónica con condiciones dignas, lo hacen compañeras y compañeros de contratas, subcontratas y subsubcontratas, a veces sin contrato y, en el mejor de los casos, con jornadas eternas de trabajo, pagándose el vehículo, la gasolina, las herramientas y quedándose sin cobrar si no hacen la instalación aunque no sea por su culpa.
    Hoy, la planificación de la red que antes se hacía por ingenieros, aparejadores y técnicos con contratos fijos y con unas condiciones laborales dignas de su capacitación, ese trabajo lo hacen empresas subcontratadas que pagan a esas mismas categorías laborales salarios de miseria para beneficio de su empresa y de Telefónica.
    Cuando se privatizó el servicio de las telecomunicaciones, como pasó con las eléctricas, con los carburantes, o como pasará ahora con los ferrocarriles, se nos prometió tarifas irrisorias fruto de la permanente competitividad. Se nos olvidó que esa competitividad era a costa de los salarios y los lomos de los trabajadores. Pero, además, fue falso. Hoy, la tarifa base que en el año 2000 no llegaba a 1000 pesetas, sube a las 5.000. Como pasa con la luz, con la gasolina y con tantos otros ejemplos de las maravillas de lo privado y la competencia.
    El sector de las telecomunicaciones era un sector que daba empleo estable y digno, y cuyos posibles beneficios económicos iban al Estado. Hoy es una fuente de beneficios obscenos para unos cuantos propietarios a costa de salarios y condiciones precarias, y de tarifas. Esta Telefónica es salón dorado donde desembocan puertas giratorias para personajes tan siniestros como Zaplana o Urdangarín, que cobraban millones de euros anuales por no hacer nada. Salón dorado de amigos de la infancia de presidentes de gobierno, como Juan Villalonga. O imputados por uso privilegiado de información, aunque absueltos por haber prescrito el delito, como César Alierta. Esa Telefónica, mientras estos personajes y el resto de los accionistas se embolsan pingües beneficios cada año, ha reducido su plantilla en un 80% a través de ERES pagados por el Estado, o con planes de destrucción de empleo pactados con los sindicatos mayoritarios. Es el paradigma de la vampirización de lo público a costa de nuestros impuestos, de las trabajadores y de los usuarios.
    ¡Los servicios esenciales, públicos!
    ¡Nacionalización YA!
  2. Seguimos. La sociedad ha aceptado de manera acrítica que un servicio público al 100%, como es la Ayuda a Domicilio y a la Dependencia, tenga que ser prestado por empresas privadas con un triple efecto: la derivación de una parte de los fondos públicos al beneficio de estas empresas, el empeoramiento del servicio que recibimos los y las usuarias y por supuesto la introducción de unos altos niveles de precariedad laboral.

Empresas como CLAROS, la contrata de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Córdoba, al igual que otras como CLECE, EULEN y un largo etcétera, han prosperado al amparo de administraciones públicas que se desentienden de las consecuencias negativas de la externalización de sus servicios.

Este tipo de empresas obtienen su beneficio mediante procedimientos laborales como el abuso de contratos temporales. Una práctica habitual es la no renovación de los contratos a profesionales que llevan años trabajando, pero cuyos contratos temporales se suspenden antes de que se acumule el tiempo continuado que legalmente obligue a la fijeza. Esas “pausas” además también las pagamos de los fondos públicos con subsidios por desempleo y ayudas. Tras la interrupción “legalizadora” vuelta a la contratación y vuelta al ciclo durante años y años.

Empresas como Claros, se llenan de contratos temporales de corta duración y pocas horas de trabajo, contratos que van rotando para así tener a un buen volumen de personas a su disposición, para cualquier circunstancia o eventualidad, con una simple ampliación de horario. Sin embargo las reducciones de horarios y por lo tanto de salarios y cotizaciones al personal fijo están al orden del día.

Es habitual el contrato de pocas horas y de jornada partida, dificultando la conciliación de la vida laboral y personal. Son muchas las trabajadoras que acceden a esta empresa mediante contratos llamados “de fines de semana y festivos” con jornadas de muy escasas horas y la falsa promesa de una futura jornada completa de lunes a viernes que nunca llega.

La precariedad laboral ha sido normativizada; Observando los diferentes convenios encontramos que la prioridad de los sindicatos firmantes no es conseguir mejoras laborales para l@s profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, sino más bien priorizan las necesidades de las empresas para facilitar un cumplimiento superficial del servicio y sobre todo el beneficio privado. Por ejemplo, la concesión que en estos Convenios se hace de aceptar la máxima flexibilidad de la jornada laboral de la plantilla: las jornadas continuadas mañana o tarde pasan a ser jornada partida sin mejoras económicas, ni aumento de horas. También está la fatídica “bolsa de horas” que a cambio de mantener el salario cuando se pierde un servicio de usuaria/o por fallecimiento o traslado, las trabajadoras entran en deuda de horas con la empresa que luego les hace devolver, trabajando a su antojo en tiempo y forma, con total disponibilidad, y sin un plazo máximo, rompiendo cualquier posibilidad de conciliación laboral y familiar.
Con salarios por debajo de los 1000 euros (ya que difícilmente se consigue jornada completa), con jornadas parciales de mañana y tarde y una disponibilidad hacia las empresas del 100%, se ha permitido que aflore un numero nada despreciable de personas trabajadoras en el SAD obligadas a complementar su miserable salario con trabajos sin contratos, fortaleciendo la economía sumergida para poder llegar a fin de mes. Es un sector en donde predomina lo que ahora se define como Trabajador@s Pobres o pobres con trabajo. Tenemos conocimiento que un gran número de personas trabajadoras del SAD son a su vez, usuarias de servicios sociales.

Estas empresas se aprovechan de los altos niveles de paro, de la falta de arraigo y las necesidades de muchas mujeres con cargas familiares, en un sector altamente feminizado, que al igual que otros como limpiezas, etc. son sinónimo de precariedad laboral.

  1. Llegamos frente a una sucursal de CaixaBank, un entramado financiero que es lo que es gracias a maniobras oscuras e inmorales donde nuestro Gobierno, el llamado más progresista de la historia, ha permitido que sucedieran.

Teníamos la oportunidad de construir una banca pública con vocación de servicio a la ciudadanía al poseer la mayoría de las acciones de Bankia, después de haber invertido miles de millones en el llamado “rescate bancario” que más bien fue la “estafa bancaria”, ya que socializamos con nuestro dinero sus pérdidas del casino financiero al que jugaban y premiamos a los que especularon ilegítimamente con ellas.

Pero nuestro Gobierno prefirió seguir actuando en contra de la mayoría social y aceptó fusionar Bankia con CaixaBank pasando de poseer el 61,8% de Bankia, a tener el 14% de la nueva entidad fusionada, que sigue llamándose CaixaBank, por lo que fue más una absorción que una fusión.

¿El resultado? Continúan los desahucios en pisos de esta entidad a familias sin alternativa habitacional, los directivos se han triplicado el sueldo y van a echar a la calle a más de 7,500 personas.

¡Es el sistema financiero, amigo!

  1. Nos dirigiremos a continuación hacia una de las empresas más grandes del estado, pero desde luego, no una de las mejores en las que trabajar.

El Corte Inglés ha reducido su plantilla en más de 20.000 empleos desde la anterior crisis de 2007. Entre 2018 y 2019 en concreto, se redujo en casi 2.000 trabajadoras, y eso teniendo en cuenta que los beneficios de la empresa en 2019 fueron de 308 millones de euros, los mayores beneficios desde 2010. A lo largo de estos años, es decir, antes de la pandemia, la empresa ha estado haciendo una especie de ERE encubierto a través de prejubilaciones, bajas voluntarias, rescisiones de contratos y
subrogaciones de personal, de no reponer los puestos de trabajo que se quedan vacantes y de reducir al mínimo los puestos en servicios centrales.

Esto está teniendo para las trabajadoras unas consecuencias devastadoras: una cada vez mayor carga de trabajo, aumento del número de bajas por estrés, ansiedad o dolores musculares. A esto hay que añadir los bajos salarios (hay que tener en cuenta que sólo las personas que realizan ventas tienen comisiones), escasas opciones de conciliación, una gran presión en el puesto de trabajo, junto a jornadas laborales interminables, con la realización de turnos dobles, horas extras que no se cobran y festivos que no se remuneran adecuadamente.

Recordamos que El Corte Inglés obtiene cada año 8 millones de euros de subvenciones y ayudas públicas y que recientemente, ha obtenido el aval del estado por 125 millones de euros para la emisión de pagarés y obtener liquidez en el mercado de renta fija. Una cantidad de dinero que desde luego no beneficia a sus trabajadoras. Además, El Corte Inglés pretende obtener más de 4.000 millones de euros de los fondos de ayuda europeos que se supone que llegarán en breve, sumándose al grupo de grandes empresas que pretenden quedarse con la parte del león de esos fondos para financiar sus proyectos propios.

En mayo del año pasado, aduciendo la pandemia como razón, El Corte Inglés llegó a un acuerdo con los sindicatos de la empresa para garantizar el mantenimiento del empleo a cambio de aumentar las posibilidades de movilidad geográfica y funcional, de manera que las trabajadoras pudieran desempeñar una actividad diferente a la habitual, ya sea en otra área o en otro centro diferente. Es decir, se empeoraban las condiciones de trabajo a cambio de que no hubiera despidos.

Pero en febrero de este año, la empresa se pasa por el forro el acuerdo y propone un ERE de 3.500 trabajadoras, una medida que El Corte Inglés pretende acompañar del cierre de más centros, de una congelación salarial de la plantilla y de una ampliación de días festivos de trabajo. Unos despidos que llegan después de que la compañía haya exprimido al máximo las posibilidades de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE), a cargo de las cuentas del Estado, y que afectaron a 26.000 trabajadores, un 38% de la plantilla de El Corte Inglés.

Recordamos también que estos ERTE incluyen una cláusula de mantenimiento del empleo que obliga a las empresas que utilicen este mecanismo a mantener los puestos de trabajo durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de la vuelta al trabajo, algo que parece que El Corte Inglés tampoco va a respetar.

Esta es la manera en la que funcionan las grandes empresas españolas, que acuden a la financiación pública para obtener sus beneficios privados, mientras que al mismo tiempo empeoran las condiciones de trabajo de sus empleadas, bajando sueldos y derechos o promoviendo su despido sin tener en cuenta absolutamente nada más que sus ingresos.

Desde las Marchas de la Dignidad queremos animar a las trabajadoras y trabajadores de El Corte Inglés a organizarse en sindicatos que no estén al servicio de la empresa, a organizarse para mejorar las condiciones de trabajo y para que esta vez, no seamos las trabajadoras quienes paguemos esta llamada transformación digital, que no es más que una nueva reconversión en la que cada vez sobramos más personas para mantener los beneficios de los ricos.

  1. La gente de Stop Desahucios Córdoba, cada vez que pasamos delante de una oficina de CajaSur, no podemos dejar de recordar a nuestro compañero Fran, la única muerte que no pudimos evitar.

A Fran y a su familia les quitaron su casa después de haberla construido con sus manos, fueron estafados en la negociación, les dejaron una deuda después de quedarse tirados en la calle con una niña menor y en paro, y aun así, desde esta entidad, que se decía a sí misma “el banco de los cordobeses”, continuaban haciéndole la vida imposible.

Fran, un fatídico 8 de febrero de 2013, acabó tirándose por el balcón de su casa cuando ya no pudo más. No fue un suicidio, fue un asesinato de un sistema financiero criminal que más temprano que tarde tendrá que ser juzgado por delitos económicos contra la humanidad.

Aún después de muerto siguieron acosando a su familia, quien sabe cuánto tuvo que ver en ello el infarto que se llevó la vida del padre de Fran años después.

Hace año y medio reclamaban a la madre de Fran el piso donde ella vive (el de Fran ya se lo quedaron) por no pagar el aval que firmaron a su hijo. Les pedían 95.000 euros de 97.000 que avalaron, como si la vida y el piso de Fran no hubiera sido bastante. Finalmente se consiguió que no la echaran, pero a cambio BBK-CajaSur se quedó con la su casa y le han dejado el usufructo en vida.

Esta entidad no está dirigida por personas humanas, lo está por carroñeros.

  1. Solo en una sociedad clasista y machista se puede entender que los servicios de limpieza que formaban parte integradora de las diferentes administraciones y empresas públicas, mujeres en su mayoría, amparadas en los convenios y estatutos públicos de referencia, hayan sido eliminadas de cualquier relación directa con esos espacios que limpian.
    Gracias a esto existe un tremendo escalón de condiciones de trabajo entre quienes aún conservan su adscripción directa a un servicio público y sus compañeras de contratas como ISS, ya que en algunos casos coinciden los dos colectivos. En los convenios colectivos de algunos sectores públicos existe el puesto de “Peón/a limpiador/a, a extinguir”.
    De este modo se ha favorecido y alimentado a empresas como ISS con una larga experiencia en recortar los derechos laborales y las condiciones de trabajo como ha hecho en nuestra provincia. Sirva como ejemplo el caso de la Sociedad Estatal Correos donde hace años accedió al servicio mediante concurso y, en lugar de subrogar a todo el personal de limpieza existente, en sus mismas condiciones, como exige la ley, procedió al despido de tres trabajadoras fijas y a la rebaja de horas de contrato de la mayoría, recortando con ello salarios y cotizaciones. La dotación de ropa de trabajo, Equipos de Protección Individual, material de limpieza, son otros de los aspectos en los que se incide en la precariedad.
    ISS además discrimina a las mujeres adjudicando de manera arbitraria los puestos de trabajo de mayor remuneración en el sector de limpiezas, aquellos que tienen complementos añadidos por uso de máquinas, cristaleras, etc., de forma mayoritaria a hombres, con lo cual incide en la brecha salarial mediante su política laboral con “sesgo de género”.
    Todo un abanico de vulneraciones visibles y muchas otras que se producen en las “zonas oscuras” de unas relaciones laborales jerárquicas y desequilibradas, donde la condición de mujer inmigrante sin arraigo social o con cargas familiares favorece los abusos. De esto se aprovechan multinacionales como ISS, que actúan como lobby o plataforma de presión contra los derechos laborales.
    Otras grandes empresas como “ILUNIÓN”, de la Fundación ONCE, quieren labrarse una imagen de “integración social de la discapacidad” utilizando este escaparate no solo para ganar buena proyección social sino que obtienen todo tipo de descuentos y bonificaciones aparte de suculentas ayudas económicas. En su trastienda abundan las denuncias de limpiadoras por arbitrariedades que han tenido que corregir los juzgados y la Inspección de Trabajo.
    El sector de limpiezas está altamente feminizado, el 93% son mujeres, y no es casual que sea uno de los más precarios en cuanto condiciones y salarios, donde los Convenios Colectivos reflejan esa precariedad y en muchos casos ni siquiera se respetan, forzando con presiones a las trabajadoras a aceptar estos abusos para mantener el puesto de trabajo. Es el caso de empresas de limpiezas locales como “Brillo Exprés”, que acumula denuncias por multitud de infracciones como:
    Ausencia de control horario de entrada y salida, inestabilidad económica y de condiciones laborales, usurpación de los descansos de media jornada los días 24 y 31 de Diciembre y de la Feria de Mayo, recuperación obligatoria de los festivos que caigan entre semana, arbitraria planificación de las vacaciones y permisos, retrasos del abono de las nóminas y múltiples incidencias con las mismas, descuento de los traslados entre centros como tiempo “no trabajado”, jornadas irregulares, seguimientos y métodos de presión a las limpiadoras, asignación de tareas administrativas fuera de la jornada de trabajo y un largo etcétera.
    Desde las Marchas de la Dignidad queremos denunciar la precarización laboral de estas empresas y como los sectores más “feminizados” son los más precarizados.
  2. Zara es una de las empresas estrella del grupo Inditex, propiedad de la supermillonaria familia de Amancio Ortega, que no obstante, no se caracteriza por tener a sus trabajadoras en tan buenas condiciones como podría esperarse. Aprovechamos para decir desde aquí al señor Ortega, que no queremos su caridad, una curiosa caridad que al mismo tiempo le ahorra impuestos. Que lo que queremos es el cumplimiento de los convenios y los acuerdos con sus trabajadoras. Que lo que queremos es trabajo digno y no caridad.

Porque la situación laboral en Zara es mala desde hace mucho tiempo. Desde hace años se vienen produciendo denuncias de los sindicatos sobre la precariedad de los contratos, el incumplimiento en horarios o vacaciones, despidos injustificados, conciliación familiar o fraude en la contratación. Pero hoy por hoy, la situación de muchas de sus trabajadoras es aún más precaria. La empresa ha decidido adaptarse a toda marcha al nuevo modelo de compra a través de internet y solución que está adoptando es el cierre de tiendas. A 30 de abril, Inditex contaba con un total de 6.758 tiendas, un 8,8% menos que un año antes, cuando disponía de 7.412 establecimientos. En el caso de Zara, las
trabajadoras de estos centros que cierran se están viendo sometidas a un ERE encubierto para reducir su plantilla sin gastarse un duro.

Zara se comprometió con los sindicatos a ofrecer a las trabajadoras de los centros que cerraban un puesto de trabajo a un máximo de 25 kilómetros de distancia. Pero la empresa está incumpliendo este acuerdo, ofreciendo puestos mucho más distantes, y en muchas ocasiones, con peores condiciones laborales que las que tenían las trabajadoras, como menos salario, menores jornadas y horarios imposibles. De esta forma, muchas de ellas se ven obligadas a dejar de trabajar aceptando una miserable indemnización, consiguiéndose así lo que pretende la empresa, que es forzar la salida voluntaria de cientos de trabajadoras de las tiendas que cierra.

Al mismo tiempo, Inditex sigue ganando dinero incluso durante la pandemia. En el primer trimestre de este año obtuvo un beneficio de 421 millones de euros y se espera que gane unos 1.400 millones en todo el año.

Y si aquí en España las condiciones de trabajo son malas, su negocio en el resto del mundo está basado también en el mismo modelo de explotación, tanto de las personas como de los recursos. Recientemente, se ha llegado a pedir boicot a marcas de Inditex por la situación de explotación de los trabajadores de la etnia uigur en los campos de algodón de China.

Zara es uno de los prototipos de negocio del capitalismo más consumista. Un negocio que consiste en crear ropas baratas que solo están de moda una temporada y que fomenta el consumo masivo, basado en la explotación de todas las personas que trabajan en toda la cadena de producción, y de los ecosistemas en los lugares donde se produce. Un modelo que también es urgente cambiar por otro que respete a las personas, al medioambiente y que produzca textiles duraderos y sin productos tóxicos.


Desde las Marchas de la Dignidad queremos animar a las trabajadoras y trabajadores de Zara a organizarse y acudir a los sindicatos para luchar por sus derechos y hacer públicas sus situaciones, para que no les salga gratis deshacerse de todas esas mujeres que con su trabajo y su esfuerzo han conseguido llevar a la empresa donde está y que ahora simplemente les sobran.

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