Manifestación 11 de diciembre

SE DEROGA LA REFORMA LABORAL? ¡NO!

Aunque el gobierno de PSOE y UP ha estado vendiendo a bombo y platillo la derogación de la reforma laboral de 2012, no ha tenido nunca la intención el hacerlo. Una reivindicación de sindicatos y movimientos sociales desde hace años que ha sido utilizada como banderín de enganche por los partidos del gobierno, pero tan sólo para hacer propaganda. Porque, aunque parece que se pretenden acometer algunas reformas, se sigue ignorando el aspecto más dañino que introdujo esa reforma: el abaratamiento del precio del despido.

La reforma laboral de 2012 redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades y además, eliminó los salarios de trámite, que son los dejados de percibir entre el día del despido y aquel en que judicialmente se declarara la improcedencia. Es decir, si antes de 2012 las empresas podían despedir libremente a sus trabajadoras pagándoles una indemnización, desde la reforma del PP de 2012 eso podía seguir haciéndose pero a un precio mucho más barato.

De nada sirve “reformar” la contratación temporal, como parece que se pretende ahora, si no se modifica la causalidad y el coste del despido, porque un despido libre y barato significa en la práctica que todos los contratos se vuelven temporales y precarios, sea cual sea su modalidad y su duración. Y es que la regulación del despido es la clave del derecho del trabajo; la plena libertad empresarial para despedir que hoy existe, equivale a que el resto de garantías para el trabajador que se contienen en el derecho laboral quedan reducidas a cero.

Y es que si las trabajadoras y trabajadores están pensando en que les pueden despedir en cualquier momento, sin motivo alguno y con una indemnización mínima, poco van a poder defender sus derechos laborales. Así, la paz de cementerio que se vive en las empresas y en el sindicalismo español vuelve a quedar garantizada, esta vez no por la derecha neoliberal, sino por el gobierno más progresista de la historia.

¿BAJA EL PRECIO DE LA LUZ? ¡NO!

Aunque Unidas Podemos llevaba en su programa electoral nacional una empresa eléctrica, la realidad es que el gobierno de coalición no aplica la Constitución y que, en su artículo 128 dice que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”. El sometimiento a los acuerdos de la Troika capitalista de Europa y a la lógica de los mercados supone que estemos pagando precios desorbitados por un servicio básico y esencial para todos y todas, llenando los bolsillos de un puñado de accionista de cuatro empresas privadas que, sin escrúpulos, amenazan a un gobierno, a todo un país, con desabastecerlo si no le siguen permitiendo que nos saqueen a plena luz del día.
Mientras, millones de familias no pueden pagar recibos que les proporcionen un mínimo de confort en sus hogares: aire acondicionado en verano, calor en invierno. Porque sus miserables ingresos, si los tienen, no dan para hacer frente a luz, gas, agua y vivienda.
A todo lo que este gobierno “más progresista de la historia llega” es a subvencionar ciertos conceptos para que paguemos temporalmente un poco menos y los grandes accionistas sigan recogiendo lo mismo; o a rebajar el IVA sin que lo que se deja de recaudar se trasvase a esos grandes capitales para que la inversión pública no se vea afectada. Una vez más, decidirán las grandes élites, las mismas que ostentan la propiedad de las eléctricas, las que decidan desde Bruselas cómo seguir manteniendo su lujoso chiringuito.

¿BAJA EL PRECIO DE LOS BIENES BÁSICOS? ¡NO!

La vivienda sigue siendo un bien inaccesible para millones de familias. Algo tan básico como un techo donde poder vivir con dignidad, supone, en muchísimos, demasiados casos, más de un 50% de las rentas familiares. La especulación, fomentada con la venta incluso de vivienda pública a fondos buitres, reverdece tras la crisis del ladrillo de 2008, si es que en algún momento desapareció.
Todo se deja en manos del “mercado”, sin importar que ello suponga que millones de personas vivan hacinadas y en nefastas condiciones. Sin importar que, entre vivienda, luz, gas y agua se sobrepasen los ingresos de esas familias. ¡Eso es lo de menos! ¡Lo que les importa es que los grandes tenedores de vivienda sigan haciendo negocio con las necesidades de las familias!
Nuestra juventud no puede hacer proyectos de vida en solitario o en pareja porque no tienen para poder alquilarla o, lamentablemente, comprarla, debido a los desorbitados precios del alquiler. La mayoría de jóvenes que quieren independizarse de sus padres y madres lo hacen a costa de tener que compartir sus vidas con otros en pisos donde viven cuatro o cinco personas dejándose la mitad de su salario.
Exigimos que se apueste por la intervención pública en los precios de la vivienda, en alquiler o en propiedad, fomentando de manera determinada por la primera. La regulación, la expropiación de viviendas de grandes tenedores y su puesta a disposición para la población con menos recursos es la única manera de garantizar este bien básico.

¿SUBEN LOS SALARIOS? ¡NO!

Teniendo en cuenta que estamos viviendo en una escalada de precios, sobre todo en la luz, gas, combustible o alimentación, que son bienes básicos para toda la población, los salarios en los convenios colectivos están subiendo muy por debajo de la inflación prevista. De hecho, están subiendo incluso por debajo de lo acordado por patronal y sindicatos el pasado año 2020, que era un 2% anual.

La media de la subida salarial en los convenios negociados o vigentes hasta octubre de 2021 se sitúa en el 1,55%. Mientras tanto, la inflación que se prevé para este año estará en torno al 5,5%, Eso significa que las trabajadoras y trabajadores van a perder un 4% de poder adquisitivo. Como dato ilustrativo, decir que en uno de cada cinco convenios, la subida es cero. Algo que está pasando casi inadvertido tras el barullo originado por la subida del SMI.

De esta manera se traslada el incremento de los costes empresariales -derivados sobre todo del alza de precios de la energía y el transporte, y también de la pandemia- a las trabajadoras, que van a tener que soportar la subida de precios sin subida de salarios. Esto permitirá que continúen los “estímulos” financieros hacia las empresas sin que se “recaliente” la economía y se siga generando más inflación. Más dinero para las empresas, sobre todo para las más grandes y menos dinero para quienes trabajan, sobre todo con empleos más precarios.

Algo que demuestra, por un lado, el carácter “comprensivo” con las empresas que manifiestan los sindicatos que negocian esos convenios, y por otro, el escaso poder de negociación con el que cuentan, fruto de su institucionalización y de una trayectoria neoliberal y pactista que nos ha traído hasta donde estamos.

¿SUBEN LAS PENSIONES MÁS BAJAS? ¡NO!

El “gobierno más progresista de la historia” acaba de aprobar la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Una ley que lo único que hace es continuar por otros medios con la filosofía de las reformas del PSOE en 2011 y del PP en 2013: alargar la vida laboral, reducir las prestaciones y abrir la puerta del negocio de las pensiones a los bancos y fondos de inversión.
La reforma de Escrivá deroga formalmente las medidas de Rajoy de desvincular las pensiones del IPC y limitar su aumento al 0,25% anual, aunque fue el movimiento pensionista quién ya había conseguido tumbarlas de facto en las calles en pues el Factor de Sostenibilidad nunca llegó a aplicarse.
La medida de Escrivá de aumentar las pensiones en un 2,5% queda en nada frente a la inflación que sufrimos en la actualidad y que no tiene visos de disminuir gracias a los precios de la electricidad y los carburantes que influyen directamente en los precios de los bienes básicos. La inflación interanual se situó en noviembre en el 5,6% y la acumulada de 2021 en el 5,3%. Todos los analistas coinciden en que será “difícilmente corregible” en los próximos años.


En esta reforma no se suben las pensiones más bajas y la brecha de género sigue siendo obscena. Mientras, Escrivá crea un macrofondo de pensiones privadas avaladas por el propio Estado y gestionadas por empresas privadas que, sin participar en las negociaciones entre gobierno y “agentes sociales”, son las que van a salir más beneficiadas junto a los bancos. Todo ello agravará el déficit de la Seguridad Social al sino desviar los ingresos a ese macrofondo.
Atrás, abandonadas por gobierno y CC.OO y UGT, quedan reivindicaciones del movimiento de pensionistas como la instauración de la pensión mínima en 1.080€, la realización de una auditoría del “saqueo de la hucha de las pensiones” del gobierno del PP, el blindaje de las pensiones en la Constitución para que no dependa de los gobiernos de turno o la mejora de la cuantía de las pensiones de viudedad.

¿SE MEJORA LA SANIDAD PÚBLICA? ¡NO!

La Sanidad Pública continúa su inexorable proceso de deterioro y privatización. En octubre miles de profesionales sanitarios han sido despedidos en Andalucía de la Sanidad Pública. Como contrapartida la Junta ha incrementado los contratos con la Sanidad Privada para quitar lista de espera generada por la falta de recursos personales y materiales en la Pública. Basta echar un vistazo en Córdoba a los hospitales Quirón, San Juan de Dios o la Cruz Roja para ver el grado de ocupación que tienen de enfermos provenientes de la Sanidad Pública. Es un modo sibilino y canallesco de privatización, traspasando dinero público a las arcas de las poderosas e influyentes empresas sanitarias privadas. Y encima intentar quedar bien delante de la ciudadanía por quitar lista de espera que (y eso no lo dicen) ellos mismos han generado mermando los recursos públicos disponibles.
La Asistencia Primaria sufre un proceso de desmantelamiento mayor aún. Conseguir una cita en tiempo y hora es tarea prácticamente imposible para Medicina de Familia y no hablemos ya para Pruebas Diagnósticas o Asistencia Especializada donde las esperas se eternizan. Lo peor es que la ciudadanía lo está asumiendo como una situación “normal”, fruto también de las agresivas campañas publicitarias de las compañías privadas para hacer su agosto en la venta de sus seguros médicos. El 25% de la población los tiene contratados, dándose la cruel paradoja que cuando la situación clínica se pone fea no dudan en remitir los casos complicados y difíciles a la Pública, ellos que se publicitan como la Panacea de la Asistencia Sanitaria. Es lo que se llama Vampirismo Asistencial.
Así pues ha llegado el momento en salir a la calle a reivindicar una mejor Sanidad Pública universal, equitativa e igualitaria. ¡La Sanidad Pública no se vende, se defiende!.

¿DISMINUYEN LAS TRABAJADORAS POBRES? ¡NO!

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, El 16,9% de las personas trabajadoras en España vive por debajo del umbral de la pobreza, 3,5 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Es decir, en España hay 3,2 millones de personas trabajadoras que, a pesar de que un puesto de trabajo era considerado el principal escudo contra la pobreza, ni así pueden eludirla. España es el segundo país con más tasa de personas trabajadoras en esta situación, tan solo detrás de Rumanía.


Las trabajadoras pobres tienen nombre de mujer: solo en el sector doméstico el 32,5% de trabajadoras del hogar es pobre. Pero una situación similar viven las que realizan los cuidados o las Kellys del sector de la hostelería. La temporalidad laboral se ceba especialmente en las mujeres. Según la encuesta de población activa, 3 de cada 4 contratos temporales los firman mujeres.
A pesar de la subida del Salario Mínimo, la realidad de los datos del Instituto Nacional de Estadística refleja que no da para cubrir los costes de la vida.


En nuestro país, el 26,4% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. El 25% de las personas trabajadoras no pudo disfrutar de vacaciones al no poder permitirse salir de sus domicilios cuando descansan. El 8,3% de las personas ocupadas no pudo poner el aire acondicionado ni puede poner el calor ahora en invierno. El 10% reconoce haberse retrasado con alguno de los pagos habituales en los últimos 12 meses
Exigimos medidas que acaben con la temporalidad, con la marginación de género y con los salarios de miseria. El Estado ha de intervenir legislando salarios mínimos dignos que no obliguen a pasar necesidades a las personas trabajadoras.

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