29 enero – Concentración “Nadie sin luz”

En plena crisis económica provocada por la pandemia sanitaria, y que profundiza en la aún inacabada de 2008, las eléctricas han “tenido a bien” ejercer su opción oligopólica, sustentada en la actual ley que regula sus tarifas, para, sin importarle lo más mínimo el sufrimiento de millones de personas que no pueden hacer frente a sus desorbitados precios, subirlas un 27%. El precio que hemos soportado en los días en los que la ola de frío ha hecho estragos en el país y que ha dejado huella en Córdoba con temperaturas bajo cero, es el segundo más elevado de toda la historia. Casualmente, la bajada que se produjo hace dos días, cuando la ola de frío ya ha remitido, fue anunciado una semana antes por las eléctricas, mostrando así que las subidas estaban programadas para aprovechar el mayor consumo por culpa del frío.

El recibo que pagaremos por el consumo de este mes será, nada más y nada menos, que un 80% más alto que en enero de 2020. Una media de 20€ por factura más.

Las Marchas de la Dignidad exige al gobierno central que, sin la más mínima dilación, demuestren lo que plasmaron en su programa de gobierno. Que demuestren que las puertas giratorias por las que han transitado y transitan aún miembros de antiguos gobiernos (del PSOE y del PP) se han acabado y que lo primero son las personas.

Exigimos que el gobierno cumpla con su punto programático en el que anunciaban que iban a reducir el coste del Término de Potencia, parte fija de la factura que, en el gobierno de Mariano Rajoy, subió al doble. Que, como se comprometieron en el acuerdo de gobierno, dejen de subvencionar a las empresas eléctricas para que abandonaran antiguas tecnologías y tendieran a la energía verde, o que, como prometió el gobierno de coalición, reduzca el precio de la luz en el primer tramo de consumo.

Exigimos que se establezcan precios máximos de la electricidad y que se reduzca el IVA aplicado, trasladando la reducción en ingresos que supondría un aumento de los impuestos directos a las rentas más elevadas de nuestro país.

Y exigimos la implantación de una empresa pública, que rompa con el oligopolio de empresas privadas que solo buscan, sin ningún reparo, millonarios beneficios para sus accionistas, que muestra su patriotismo haciendo que miles de personas mueran de frío en su país.

Exigimos, asimismo, al Ayuntamiento de Córdoba, que ponga en marcha una empresa eléctrica municipal, a imagen de Barcelona y Cádiz, donde, precisamente en los momentos de crisis o de olas de frío o calor, no solo no suben el precio de la electricidad, sino que lo bajan.

Nos parece indignante la hipocresía del Partido Popular. Recordamos que fueron los causantes del cambio en la legislación en 2014, durante los gobiernos de Rajoy como presidente y del implicado en los papeles de Panamá, José Manuel Soria como Ministro de Industria y Energía. Recordamos que incluso pusieron en marcha el “impuesto al sol” para autoproducciones solares, “porque era insolidario con las empresas eléctricas (sic)”. Escuchar ahora a cargos públicos del PP criticar que el gobierno no haga nada, da imagen de la desfachatez política de estas personas, que creen que el pueblo es imbécil. Los y las trabajadoras sabemos que fue el PP el que nos llevó a esta situación, y sabemos que el actual gobierno será cómplice absoluto si no la revierte de inmediato, como así prometió en su acuerdo programático de gobierno.

Por ello, las Marchas de la Dignidad de Córdoba, a pesar de que ya ha empezado a bajar el precio del Kw/h, vamos a movilizarnos sin cesar hasta que se modifique la ley y no tengamos que ver cómo en cualquier momento, ante otra ola de frío o de calor, las eléctricas, amparadas en la legalidad, vuelven a hacer negocio con las vidas de personas y con las economías de toda la población. Aun teniendo en cuenta la situación sanitaria, y, como hemos hecho gala en este casi año de pandemia, volvemos a las calles y llamamos a toda la población cordobesa a que, con doble mascarilla si es necesario, guardando los dos metros de distancia (para lo cual tendremos nuestro equipo de vigilancia), secunde la acción que tenemos programada para el próximo viernes 29 de enero, a las 11 de la mañana, en la Subdelegación del Gobierno. A esta acción se sumarán otras próximas en las puertas de las principales compañías eléctricas.

Córdoba, 22 de enero de 2021

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8 de octubre – Mesa reivindicativa: “Más recursos presenciales en servicios sociales”

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17 Octubre – ¡Fuera ladrones de la Sanidad!

En estos meses, políticos de todos los colores han tomado medidas contrarias a lo que dicta el sentido común y lo que clamaban los trabajadores sanitarios. Nos han aplicado, como vienen haciendo desde hace años, la medicina equivocada. No se ha potenciado la atención primaria, ni los laboratorios, ni las UCIs. No se han contratado los rastreadores necesarios, ni se han incrementado las, ya de por sí, escuálidas plantillas. Los miles de millones de euros, extraídos de nuestros impuestos y repartidos entre las diferentes administraciones sanitarias no han servido nada más que para llenar los bolsillos de las empresas y personajes que llevan años esquilmando la sanidad. Todo legal gracias a que unos ejecutan las medidas que llevan al desmantelamiento y al colapso de los dispositivos sanitarios, y otros las permiten al mantener el entramado legal. Sin embargo, los sectores más dinámicos han estallado en barrios y pueblos.

Hemos comprobado que ni la masacre de las residencias, ni los muertos producidos por la falta de respuesta del sistema a otras patologías, les importan. Ahora de nuevo es muy probable que los que estén en primera línea pueden verse de nuevo obligados, por falta de medios, a decidir a quién intentar salvar la vida y a quien no. Nos han llevado a la segunda ola, con premeditación, no es incapacidad.

Nos podemos indignar, pero no es suficiente. De nuevo habrá muertos que podrían haberse evitado, centenares de miles de trabajadores al paro, desahucios, pobreza, dolor… sobre todo repartido entre los de siempre, la clase trabajadora. Y el sistema sanitario saldrá más desmantelado, con pavorosas listas de espera, y los seguros privados frotándose las manos ante el negocio que se les abre ante sus ojos.

Este es un problema nuestro, si lo dejamos en las manos de quienes nos han traído a esta situación, nos arrepentiremos. Ahora más que nunca, es una necesidad salir a la calle para expulsar a los ladrones y defender el sistema público de salud. El próximo sábado 17 de octubre, organízate en tu barrio o localidad, sal a la calle, la lucha es el único camino.

Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad.
¡Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad!

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15 SEPTIEMBRE – CONCENTRACIÓN POR UNA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA

El próximo martes 15 de septiembre, a las 10’30 de la mañana, las Marchas por la Dignidad se concentrarán en la oficina del SEPE de la Plaza de Colón, para exigir el pago urgente del insuficiente Ingreso Mínimo Vital prometido y que se instaure en su lugar la Renta Básica de Emergencia.

Concentración Renta Básica de Emergencia

Asimismo, las Marchas exigen:

La derogación de las reformas laborales y la elaboración de una nueva ley que fomente la reducción de la jornada laboral, el reparto del trabajo asalariado y la publicación de nueva oferta de empleo público que refuerce sanidad, educación y el resto de los servicios públicos necesarios para asegurar una vida digna a toda la población.

La regularización de todas las personas migrantes que viven, trabajan y sueñan en nuestro país reconociendo de manera efectiva sus derechos universales.

La paralización inmediata de todos los desahucios por impago de hipoteca o alquiler sin alternativa habitacional

Las marchas creen que, de una vez, el gobierno debe rescatar a las personas, más allá de que lo haga también con ciertas empresas. Creen que el haber dotado con 500 millones el Ingreso Mínimo Vital, y con 100.000 millones las ayudas a las empresas, el haber facilitado ERTES para empresas con millonarios beneficios dice poco de lo “social y progresista” del gobierno estatal, al estar aplicando medidas muy similares a las que hubiera puesto en marcha la derecha, que, por eso, votaron a favor de este IMV en junio. Incluso hay gobiernos de derechas en Europa que están aplicando medidas más progresistas que el español.

Desde las Marchas se preguntan cuándo se pensará en quienes se quedan sin trabajo, en quienes heredan la miseria generación tras generación. No pueden ser siempre las empresas quienes sean rescatadas, cuando, además, hemos visto por las estadísticas como tras la crisis anterior y en los meses de pandemia siguen aumentando beneficios, algunas de ellas gracias a una ley fiscal claramente inconstitucional que permite que tengan el dinero en paraísos fiscales. Y, siempre, sin devolver los rescates.

La Renta Básica de Emergencia supondría la concesión inmediata, tras su solicitud, de la cantidad exigida por la Carta Social Europea que España firmó en el año 2000, pero que no ha cumplido nunca y sigue sin cumplirla. Las personas que necesiten la ayuda la solicitarían sin necesidad de presentar documentación. La administración, que tiene datos más que de sobra para comprobar nuestra situación, podría en la Renta del año próximo regularizar en caso de haber sido solicitada indebidamente. 

La Carta Social Europea entró en vigor en julio de 1999 y España la firmó en octubre de 2000. Recoge que cualquier prestación social de cualquier institución (Estado, Comunidad Autónoma, …) no puede estar por debajo del llamado “umbral de la pobreza”, que, en base a unos cálculos, se sitúa en 739€ por persona adulta y 150€ por menor. Poner la Renta Básica de Emergencia en marcha, para 8 millones de personas adultas y 8 millones de menores, desde abril a diciembre de este 2020, hubiera costado al Estado menos de 65 mil millones de euros, y se hubieran ahorrado todas las prestaciones inferiores a esa cantidad que se pagan actualmente.   

Para las Marchas de la Dignidad, el Ingreso Mínimo Vital es ridículamente insuficiente. Además, el Gobierno andaluz del trifachito ha encontrado en el IMV la excusa que quería para para retirar la Renta Mínima de Inserción Andaluza. El Ayuntamiento de Córdoba, también sostenido por el mismo trifachito, en una dejación de sus funciones y obligaciones escandalosa, no pone en marcha los recursos que sean necesarios, sobre todo en cuanto a personal que ayude a la exhausta corta plantilla actual de Asuntos Sociales, para paliar las necesidades de sus conciudadanos. Al contrario, ha anulado los registros de manera presencial, poniendo aún más difícil la gestión a la inmensa mayoría de cordobeses y cordobesas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y certificados de usuario necesarios. Además, nuestro Ayuntamiento no se compromete a dotar una Renta Social Municipal. El dinero, que lo hay, se destina a grandes fanfarrias huecas, sobre todo en estos momentos de crisis galopantes, gastando cientos de miles de euros en luces de navidad, en arreglos innecesarios, o en otras partidas suntuosas que no pegan con la necesidad del pueblo de Córdoba.

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23 de julio – Asamblea de barrio en Fuensanta

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¿Necesitas ayuda para solicitar el Ingreso Mínimo Vital?

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Asamblea de barrio en Fátima

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20 Junio – Reivindicaciones para salir de la crisis social del COVID-19

Las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia del COVID-19 están teniendo un enorme impacto sobre la clase trabajadora y los sectores sociales más precarios y empobrecidos. Esta situación es especialmente dramática en zonas como Andalucía, y muy especialmente en Córdoba, dónde ya padecíamos altos niveles de precariedad, paro, pobreza y exclusión social que esta crisis está agravando dramáticamente.

No en vano, la destrucción de empleo y los ERTEs se han cebado especialmente con Andalucía, dónde el aumento del desempleo dobla las cifras a nivel estatal, acumula casi la mitad de la destrucción de empleo del mes de marzo, evidenciando la elevada temporalidad del empleo en Andalucía y su extrema dependencia de sectores como el turismo, la hostelería y los servicios. Andalucía concentra siete de los diez barrios más pobres del país, concentrándose en Córdoba una buena parte de ellos, barrios dónde la crisis provocada por el COVID-19 está teniendo consecuencias dramáticas, y dónde las medidas tomadas por las administraciones son claramente insuficientes.

La llamada reconstrucción social y económica se está iniciando a través de una comisión parlamentaria, dentro de los muros del congreso. De nuevo, las reivindicaciones de las organizaciones sociales quedan fuera a la hora de proponer iniciativas y volverán a ser ignoradas, más allá de contactos institucionales protocolarios y sin sustancia. Todo lleva a suponer que esa reconstrucción va a quedar en un intento de sostenimiento de la actividad económica que teníamos hasta marzo, basada en la desigualdad, la injusticia, el fraude y el sálvese quien pueda.

Pero lo que queremos las organizaciones sociales es otra cosa, y hemos de reclamar tener un papel en la puesta en marcha de otra sociedad y de otra economía. Un papel que tendrá que pasar por seguir reivindicando una lucha auténtica y útil contra el cambio climático; por una economía para las personas y para el medio ambiente y no para las empresas y las multinacionales; una renta básica universal e incondicional; un sistema de relaciones laborales más justo y un trabajo estable y con salarios que permitan una vida digna; unos servicios públicos de calidad, con financiación suficiente y para todas las personas, en los que la sanidad pública ha quedado bien claro que es imprescindible para la sociedad, aun después de los bestiales recortes de los últimos años de personal y medios. Y, sobre todo, ha quedado claro que hay que invertir todo lo que sea necesario para dotarla de más medios y de más trabajadoras que atiendan a las personas y se dediquen a la investigación.

Y eso, tendremos que hacerlo criticando y proponiendo políticas sin someternos al chantaje al que nos conduce la presencia de la extrema derecha y de la derecha extrema, con ese pretendido discurso “insurreccionalista” contra el gobierno, que no es más que neoliberalismo salvaje envuelto en banderas de colores.

La reivindicación de PAN, TRABAJO, TECHO y DIGNIDAD es de nuevo más necesaria que nunca. Por todo ello, hemos de prepararnos para esa lucha, sin olvidar las enseñanzas de este tiempo y pensando que tenemos por delante ese futuro de justicia social que nos motiva.

Ante la actual situación, desde la Marchas de la Dignidad reclamamos:1.      Exigimos la toma de medidas inmediatas y con carácter prioritario en la defensa del medio ambiente y en la reversión de los motivos que han provocado el ya presente cambio climático. Para ello exigimos que se paralicen la incineración de residuos, se reduzca drásticamente el consumo energético dependiente de los combustibles fósiles y se apueste sin ambages por las energías renovables y limpias. Todo ello en una toma de conciencia colectiva de cambio de la forma de vida, desde la sostenibilidad, un consumo responsable, la colectividad, el afecto, el ocio, las relaciones, así como la apuesta, institucional y personal por el comercio cercano, ecológico y de temporada, creando redes de distribución justas con las personas trabajadoras, las consumidoras y el medio ambiente.

Puesta en marcha inmediata de una Renta Básica de Cuarentena en el horizonte cercano de la Renta Básica Universal. El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el gobierno es un nuevo subsidio ridículamente insuficiente, dotado con sólo 500 millones de euros y que no va a llegar ni al 10% de las personas que hoy hacen colas para recoger comida.  Es el momento de “rescatar a las personas”, para que ninguna sufra necesidades, la exclusión y la marginación. No queremos más personas marcadas por el sello de pobre. Exigimos dedicar, desde abril a diciembre, no menos de 50 mil millones de euros para el pago de 739€ por persona adulta y 150 por menor que lo soliciten, con regularización en la declaración de la renta de 2021.

3.      Suspensión del pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para todos los hogares que no puedan hacer frente a los mismos, no solo durante el tiempo que dure la emergencia actual, sino de cara a la situación social que se producirá tras la misma. La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos en coordinación con el gobierno central deberán aumentar las líneas de ayuda al pago de alquileres y suministros básicos sin limitaciones presupuestarias de ningún tipo y garantizar a todas las personas sin recursos y/o en riesgo de exclusión el acceso al mantenimiento de elementos esenciales para la subsistencia tales como alimentos, techo, luz, agua y gas.

4.      Derogación de la Ley mordaza. Durante el estado de alarma, el gobierno no ha dudado en dar carta blanca a los cuerpos policiales y a la utilización de la ley mordaza, que unos meses antes pretendía, supuestamente, derogar. Pero no podemos ni debemos permitir que el mantenimiento de las “leyes mordaza” sirvan para el recorte de derechos y libertades básicas y el establecimiento de un auténtico estado policial.   Por ello exigimos su inmediata derogación.

5.      Implementación de una reforma fiscal progresiva, con impuesto especiales para las grandes superficies, operadores de telefonía, farmacéuticas y otras empresas que hayan visto aumentar sus beneficios a raíz de esta situación. Reforma fiscal que aumente la imposición de las personas con más ingresos, y de las grandes empresas, banca y operadoras tecnológicas, implantando medidas para luchar contra la evasión fiscal. A nivel andaluz, Junta de Andalucía y Ayuntamientos deben proceder en el mismo sentido derogando las reformas fiscales de carácter regresivo de los últimos años, recuperando impuestos como el de sucesiones y donaciones.

6.      Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Declarar la nulidad de los despidos realizados desde la declaración del estado de alerta mientras dure la situación de emergencia, como única forma de evitar los abusos de las empresas. Prórroga de todos los contratos temporales que se extingan durante la crisis. Del mismo modo, todos los planes de apoyo a empresas deberán estar vinculados al mantenimiento de los empleos.

7.      Reducción del gasto militar a fin de reorientarlos hacia partidas destinadas al cuidado de la vida: sanidad, atención a la dependencia, educación, medio-ambiente, protección civil, etc. Supresión de los costosos programas de armamento y reconversión de la industria militar.

8.      Refuerzo y consolidación del empleo público: exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se aumenten las horas por empleado (ej. docentes) como medida de recorte del gasto público, que se lleven a cabo las oposiciones programadas, en cuanto sea posible, y se convoquen nuevas eliminando restricciones en la tasa de reposición para dotar a los servicios públicos del personal suficiente especialmente en sanidad, servicios sociales y educación. Además, desde el gobierno andaluz, deben eliminarse la subcontrataciones y privatizaciones encubiertas, facilitando la incorporación de plantillas al sector público, con especial vigilancia a las condiciones de trabajo y abusos por parte de las grandes empresas de la subcontratación y a la no destrucción de empleo en las actuales circunstancias.

Plan de empleo. El gobierno andaluz, junto a Ayuntamientos, y en coordinación con el gobierno estatal y la UE debe implementar un plan de empleo sin restricciones presupuestarias con envergadura y capacidad de revertir la destrucción de empleo en Andalucía, a la vez que pueda servir como vector de industrialización y creación de empleo de calidad, en sectores que se han demostrado vitales para una sociedad como el cuidado, la atención a la salud, el medio ambiente y la agricultura, la educación, y los sectores estratégicos. (energía, telecomunicaciones, transporte, etc.)

10.  Creación de un plan de garantía laboral con una estricta vigilancia sobre condiciones de abuso e irregularidad, incrementando los medios de las Inspecciones de Trabajo. En particular, exigimos que las personas jornaleras estén en viviendas dignas y con espacio suficiente de habitabilidad, acceso al agua potable, aseos y comunicación con tiendas de alimentación y supermercados.

11.  Reclamamos la regularización urgente de la población inmigrante que haya solicitado permiso de residencia, garantizando sus derechos y la no discriminación. Exigimos el cumplimiento del derecho a la sanidad universal pública de calidad y gratuita ya y el cierre definitivo de los CIE y la liberación de sus internos. De la misma forma, reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas presas.

12.  Refuerzo de los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y aumento de los recursos destinados a tal fin.

Una pedagogía y educación que incidan especialmente en la importancia de las libertades públicas. Una sociedad verdaderamente libre y avanzada debe incidir en esos valores frente a la sociedad del control a la que nos dirigimos, con una cada vez mayor presencia de elementos policiales y militares. La educación tiene una importante labor y debe ser ese ámbito donde se cultiven los valores democráticos, solidarios, de libertad y que nos orienten hacia una cultura de paz.

14.  Servicios públicos universales y de calidad. Es necesario un cambio radical del concepto de servicio público, poniéndolo muy por encima del mercado y de los intereses privados, en su finalidad, financiación, universalidad, eficacia y dotación suficiente de personal y de medios. Un cambio que no podrá realizar ningún gobierno a no ser que la presión social le obligue a ello. Porque los aplausos no se comen. Y hemos de hacer todo lo posible para hacer que esa reivindicación sea masiva y para que, cuando podamos manifestarnos, no sigamos siendo unas pocas quienes nos veamos rodeadas por cordones policiales cuando lo que pedimos es más justicia social, más camas de hospital, más escuelas y la estabilidad en el empleo de quienes trabajan en lo público.

15. Derogación de la Ley 15/97 y nacionalización de todos los medios y recursos de la sanidad privada, laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de protección para combatir la pandemia, o que puedan ser reconvertidas para tal fin. De la misma forma debe revertirse al sector público las residencias de personas ancianas, evitando que los cuidados sean meramente objeto de especulación y negocio.

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Comunicado Manifestación 20 J Por una Sanidad Pública

La actual pandemia que estamos padeciendo por la covid 19 ha reventado las costuras de la sanidad española. Ha coincidido curiosa y fatalmente que, en las dos comunidades autónomas donde más se había privatizado, Madrid y Cataluña, ha sido donde el virus ha causado más estragos. Las causas vienen de lejos. Hace ya más de veinte años que se permitió a los empresas privadas hacer negocio con la sanidad pública. Para ello en tiempos de Aznar aprobaron la ley 15/97 que en el apartado 2º de su único artículo dice textualemente; “La prestación y gestión de los servicios sanitarios podrán llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”. Fue el pistoletazo de salida para la privatización.


En Andalucía la privatización no ha sido tan descarada como en Valencia, Cataluña o Madrid, donde la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa, de un manera cruel y descarnada, los graves déficits que ha traído el desmantelamiento de la sanidad pública. La creación del hospital IFEMA ha sido la demostración palpable de la insuficiencia de medios en Madrid. En nuestra región se ha optado más por la creación de empresas públicas con gestión privada o por los convenios con hospitales privados como es el caso de las Clínicas Pascual en la provincia de Cádiz o el Hospital de San Juan de Dios aquí en Córdoba. Se derivan las patologías poco complejas y muy rentables económicamente a dichas instituciones, provenientes de las listas de espera interminables de Servicios estructuralmente infradotados como son Traumatología, Oftalmología, Cirugía General, Cirugía Plástica o Rehabilitación y Fisioterapia por citar unos cuantos. Todos los gobiernos han utilizado esta vía, creándose, en muchos casos, fuertes conexiones entre los gestores públicos y la sanidad privada. Puertas giratorias: Un gerente del SAS fue después gerente de la Empresa Pascual y otro Gerente del SAS vino a inaugurar la ampliación del hospital de San Juan de Dios en el Brillante. Un sistema ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha llevado a la parasitación del sistema público y ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantienen infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc. En España en el 2018, unos diez mil millones de euros, 1 de cada 7 euros del presupuesto de la sanidad, se dedicaron a conciertos privados.
En Córdoba estamos a la cabeza de España y del mundo en trasplantes, pero estos son sólo el 1,5 % de la actividad asistencial. Pero ¿qué pasa con el otro 98,5% de la actividad?. ¿Qué ocurre en los Centros de Salud, dónde las menguadas plantillas de profesionales no dan abasto para satisfacer las demandas asistenciales de las poblaciones encomendadas? Historicamente en Córdoba las autoridades sanitarias locales se han vanagloriado de obtener los mismos resultados que en otras provincias pero con menores plantillas y presupuestos. Un ejemplo: es una la única provincia andaluza que no cuenta con un Hospital de Cuidados Mínimos. Los Morales solo se utiliza para Cirugía Mayor Ambulatoria y para albergar una Unidad de Salud Mental.

En Andalucía se han implantado las Unidades de Gestión Clínica, supuestamente para mejorar, desde una óptica empresarial, la sanidad pública andaluza. Lo que no se dice es que ha sido una forma de fragmentar el sistema y dejar en bandeja a las empresas privadas las privatizaciones. Pero esto no lo vamos a consentir. La salud de la ciudadanía es la prioridad n.º 1 en cualquier sociedad como ha demostrado esta pandemia. La salud es tan importante que no podemos dejarla en manos del mercado. Así pues, exigimos:

  • La derogación de la ley 15/97 de privatización de la sanidad y de toda la legislación que permite y facilite la privatización sanitaria.
  • Hoy día la industria farmacéutica tiene una influencia decisiva en la formación del personal sanitario y dirige la totalidad de la investigación, controlando en la práctica la prescripción de medicamentos. Aquí en Córdoba en el IMIBIC más del 80% de los ensayos clínicos están financiados y auspiciados por la industria farmaceútica.
  • La pandemia ha demostrado la dependencia absoluta del exterior, sobre todo de China, por la ausencia de una industria sanitaria para aquellos elementos básicos y esenciales dentro del sistema sanitario: material de protección (mascarillas, EPIs, etc.), respiradores, test diagnósticos, etc. Por ello:
  • Exigimos una industria sanitaria y farmacéutica pública: que se ocupe de la investigación, fabricación y distribución de, al menos, los medicamentos considerados esenciales y de los elementos básicos necesarios.
  • Exigimos Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.
    • Las políticas vigentes son responsables de poner miles y miles de vidas en peligro, llevando a cabo una vulneración racista del derecho a la salud. Recordemos, además, que la financiación pública de los servicios sanitarios proviene exclusivamente de los impuestos (directos e indirectos) a los que toda persona contribuye con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa. Por todo ello, exigimos que nos sea devuelto el derecho robado a la salud y se implante de manera inmediata una sanidad pública, universal, gratuita en el momento del uso, de calidad para todos y todas, sin requisitos ni excepciones, incluidas las personas migrantes en situación irregular.
  • Exigimos Cuidados dignos y residencias públicas para nuestros mayores.
    • Exigimos servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada.
    • Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.
    • Incremento de ratio de personal de todas las categorías y definición de los perfiles profesionales.
    • Vinculación de las residencias con el Sistema sanitario a través de Atención Primaria.
    • Derecho a una plaza en residencia pública para todas las personas.
  • Exigimos un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.
    • Proponemos el establecimiento del “Principio de Precaución” “Primun non nocere”. Lo primero no hacer daño. Después hay que actuar de forma preventiva. Es mejor prevenir que curar por lo que exigimos un Sistema de Salud, basado en la prevención de la enfermedades, estableciendo prioridades basadas en la reducción de las desigualdades sociales, en la mejora del estado de salud de la población y en la inversión en bienestar social, aunque para ello haya que cuestionar el “crecimiento” económico.
    • Medidas simples y baratas como la presencia de una Enfermera en cada Centro Escolar o Educativo podría ahorrar al año miles de millones de euros, supervisaría desde la dietas de los comedores escolares, (las famosas pizzas de Ayuso), hasta la implantación de hábitos saludables y La Educación para la Salud como asignatura obligatoria y transversal. En lugar de Gasto Sanitario debemos hablar de Inversión Sanitaria.
    • Exigimos que los aspectos relacionados con la salud laboral pasen a ser competencia del Sistema de Salud con autoridad para intervenir sobre las condiciones de trabajo.
    Por un sistema sanitario público, universal, y de calidad.
    Nunca más muertos evitables, nunca más negocio con la sanidad, porque la privatización y los recortes, MATAN.
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20 J – Manifestación por la Sanidad Pública y unos servicios públicos de calidad.

Nunca más muertos evitables, nunca más negocio con la sanidad Porque la privatización y los recortes, MATAN.

– Exigimos la derogación de la ley 15/97 de privatización de la sanidad y de toda la legislación que permita y facilite la privatización sanitaria. 

  • Exigimos que se rescate todo lo privatizado y externalizado.
  • Exigimos una atención primaria centrada en la salud colectiva.
  • Exigimos un sistema público suficiente que permita la supresión de los conciertos con hospitales privados.
  • Exigimos que sea incompatible para los profesionales de la sanidad pública trabajar en la privada.
  • Y queremos fuera de la sanidad a las empresas.

Hace ya más de veinte años que se permitió a los grandes capitales hacer negocio con la sanidad pública. Para ello aprobaron la ley 15/97 que ha permitido durante todos estos años que cualquier centro sanitario o sociosanitario del estado español pudiera ser gestionado y explotado por empresas con ánimo de lucro.

Han sido los tiempos del auge de los seguros sanitarios privados, de los hospitales privatizados, del deterioro planificado de los servicios de atención primaria, de las listas de espera interminables para una prueba o para una operación, que hemos ido sufriendo quiénes no teníamos ni queríamos tener un seguro privado. Han sido los años de recortes de plantillas, de fomentar que los profesionales sanitarios ganaran más dinero si gastaban menos en materiales, de externalización de servicios hospitalarios a empresas privadas.

Se han sucedido los recortes y cierres en los hospitales públicos, mientras se derivaba lo poco complejo y económicamente rentable a los privados, bajo distintas fórmulas contractuales. Esta ha sido la tónica en todo el Estado, con mayor o menor intensidad, e independientemente de quien gobernara. Todos los gobiernos la han utilizado, creándose, en muchos casos, fuertes conexiones entre los gestores públicos y la sanidad privada.

Porque la ley 15/97, de privatización de la sanidad, permitió y dio pie, junto a la legislación desarrollada posteriormente, a la parasitación del sistema público. Un sistema ideado para que los hospitales privados “complementaran” a los públicos excepcionalmente, ha sido la estratagema para dirigir el dinero público a los bolsillos privados, mientras los centros públicos mantenían infrautilizadas alta tecnología sanitaria, camas, quirófanos, etc. En 2018, unos diez mil millones de euros, 1 de cada 7 euros, se dedicaron a conciertos privados.

Solo manteniendo el sistema sanitario al margen del negocio, del ánimo de lucro, podremos recomponer un sistema sanitario universal. Un sistema que actúe contra los determinantes de la enfermedad y sea capaz de atender en plazos razonables a todas las personas. Pero para ello es imprescindible, en primer lugar, derogar las leyes que permitieron que nuestra sanidad haya estado funcionando como una empresa. Y es necesario blindar el sistema de forma que ni un euro de nuestros impuestos, pueda jamás ir a parar a bolsillos privados. No hay caminos intermedios para recuperarlo, es imprescindible derogar la ley 15/97, y toda la legislación que permita o facilite la privatización de la sanidad pública, empezando por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad.

  • Exigimos una industria sanitaria y farmacéutica pública.
    • Hoy día la industria farmacéutica tiene una influencia decisiva en la formación del personal sanitario y dirige la totalidad de la investigación, controlando en la práctica la prescripción de medicamentos. Por ello, exigimos que la investigación, distribución y dispensación de medicamentos estén sometidas a la planificación estratégica del Sistema Nacional de Salud.
    • Exigimos la creación de una Industria Farmacéutica Pública que se ocupe de la investigación, fabricación y distribución de, al menos, los medicamentos considerados esenciales.
    • Exigimos la puesta en marcha de los estudios necesarios para desarrollar una industria sanitaria para aquellos elementos esenciales dentro del sistema sanitario: material de protección (mascarillas, EPIs, etc.), respiradores, test diagnósticos, etc.
  • Exigimos Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.
    • Las políticas vigentes son responsables de poner miles y miles de vidas en peligro,llevando a cabo una vulneración racista del derecho a la salud. Recordemos, además, que la financiación pública de los servicios sanitarios proviene exclusivamente de los impuestos (directos e indirectos) a los que toda persona contribuye con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa. Por todo ello, exigimos que nos sea devuelto el derecho robado a la salud y se implante de manera inmediata una sanidad pública, universal, gratuita en el momento del uso, de calidad para todos y todas, sin requisitos ni excepciones, incluidas las personas migrantes en situación irregular.
  • Exigimos Cuidados dignos y residencias públicas para nuestros mayores.
    • Exigimos servicios socio-sanitarios 100% públicos. Eliminación de los conciertos, subvenciones públicas, “gestión indirecta” de los centros, así como de cualquier tipo de mecanismo de colaboración público-privada.
    • Centros residenciales públicos y de calidad, con personal y gestión pública 100%.
    • Incremento de ratio de personal de todas las categorías y definición de los perfiles profesionales.
    • Vinculación de las residencias con el Sistema sanitario a través de Atención Primaria.
    • Derecho a una plaza en residencia pública para todas las personas.
  • Exigimos un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.
    • Proponemos el establecimiento del “Principio de Precaución” como un principio fundamental de la acción sanitaria en todos sus niveles. Para no seguir actuando solo sobre los síntomas, sino sobre las causas, porque debemos “prevenir lo que no sabemos curar”.
    • Exigimos un Sistema de Salud, basado en la prevención de la enfermedades, que planifique su actividad de forma coordinada con otros sectores sociales, estableciendo prioridades basadas en la reducción de las desigualdades sociales, en la mejora del estado de salud de la población y en la inversión en bienestar social, aunque para ello haya que cuestionar el “crecimiento” económico.
    • Exigimos que los aspectos relacionados con la salud laboral pasen a ser competencia del Sistema de Salud con autoridad para intervenir sobre las condiciones de trabajo.

Por un sistema sanitario público, universal, y de calidad

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