Libertad para Pablo Hasel

Tras la última condena impuesta al poeta y cantante Pablo Hasel por la Audiencia Nacional (no en vano sucesora del franquista Tribunal de Orden Público), éste entrará en la cárcel al considerar el tribunal que sus composiciones constituyen “injurias y a la corona” y “enaltecimiento del terrorismo”.

La misma Audiencia Nacional que ya le condenó hace años por estos delitos, decidió suspender la condena, algo que ahora no ha hecho al considerar la “reincidencia” del artista, que lejos de apartarse de sus opiniones políticas, las sigue manifestando en su producción artística. Esa Audiencia Nacional, está siendo la encargada de asestar un nuevo golpe (como ya sucedió con Valtonyc y otros artistas) al derecho a la libertad de expresión, yendo más allá de la petición de la fiscalía (en la línea de mantener la suspensión de su condena) y dejando bien a las claras la manera en la que los jueces -y el estado, por extensión- quieren ver a la sociedad: callada.

Resulta curioso que en este país, pretendidamente democrático, una persona vaya a la cárcel por componer y cantar canciones mientras que los delincuentes de guante blanco se sirven de todos los mecanismos del estado para evitar cualquier condena, reciben indultos, o se van a vivir a los Emiratos Arabes.

Este es un estado en el que las víctimas de la guerra civil y la dictadura  se siguen pudriendo en las cunetas ante la indiferencia de políticos y jueces; en el que torturadores como Billy el Niño mueren sin una sola condena en su expediente; en el que se ignoran las múltiples denuncias por abusos y malos tratos de las fuerzas policiales; en el que se tolera sin embozo la explotación laboral y los abusos cometidos contra las personas migrantes y contra gran parte de la clase trabajadora; en el que cada vez más gente tiene que hacer colas para pedir comida, mientras bancos y multinacionales aumentan sus ingresos; un estado en el que, del rey para abajo, cada cual roba lo que puede según su posición en la escala social porque eso es lo que nos enseñan con su conducta quienes mandan. Pero, si a alguien se le ocurre hacer una canción sobre todas esas cosas, se le mete en la cárcel.

El gobierno, lejos de defender la libertad de expresión (aún está reciente el decreto que permite al gobierno intervenir internet sin orden judicial previa por motivos de orden público, abriendo la puerta a un uso arbitrario del concepto de “orden público”) y los derechos de los que menos pueden defenderse, sigue manteniendo la ley mordaza y la reformas laborales de 2012; dos engendros de la derecha para desarticular la protesta social y laboral, condenando a la sociedad cada vez más al silencio y a la desmovilización; a la desintegración colectiva para mantener “el orden”. Un orden que es el cementerio de las ideas de progreso social y que nos lanza, a velocidad de vértigo, hacia los brazos del fascismo.

El caso de Pablo Hasel es uno más de los que nos avisa que mañana, puede ser cualquiera quien se vea entre rejas por decir lo que piensa, por hacer una pancarta,  por posicionarse en contra del poder; por escribir una canción. Y tenemos que defender el derecho a expresarnos, porque es el derecho a existir, en un mundo cada vez más coercitivo y opresor.

Las Marchas de la Dignidad-Córdoba apoyan la concentración convocada el próximo sábado 6 de febrero en el templete del bulevar a las a las 18,00 h. contra el encarcelamiento de Pablo Hasel y llaman a extender la solidaridad contra su condena.

Por la defensa de la libertad de expresión, libertad para Pablo Hasel.

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2 febrero – Concentración “Nadie sin luz”

Las Marchas de la Dignidad de Córdoba volveremos a movilizarnos contra las subidas abusivas del recibo de la luz que estamos soportando en este mes de enero. La subida del precio de la luz cuando se producen picos de consumo como consecuencia de olas de frío o de calor es algo recurrente, la crónica de una subida anunciada por lo que, además de reclamar al gobierno de la nación una regulación del mercado que evite estas subidas, las Marchas de la Dignidad vamos a reclamar también a Endesa, la compañía que tiene asignada la distribución eléctrica en la comunidad autónoma y principal comercializadora de este suministro, que abandone lo que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC, ha denominado “prácticas manifiestamente mejorables”, que en lenguaje coloquial se puede traducir como abusos generalizados en la producción, distribución y comercialización de su producto. 

Estas malas prácticas han obligado a la CNMC a sancionar con 5,8 millones de euros a esta compañía en mayo de 2019, han provocado que la fiscalía ponga en marcha investigaciones sobre las razones de la subida del precio de la energía eléctrica y han obligado también al gobierno de coalición a pedir a la propia CNMC que investigue la legalidad de estas subidas a todas luces abusivas. 

Estas son las razones que llevan a las Marchas de la Dignidad a convocar una concentración el próximo martes día 2 de febrero a las 11,00 horas en la sede de la compañía en la avenida del aeropuerto n.º 10

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29 enero – Concentración “Nadie sin luz”

En plena crisis económica provocada por la pandemia sanitaria, y que profundiza en la aún inacabada de 2008, las eléctricas han “tenido a bien” ejercer su opción oligopólica, sustentada en la actual ley que regula sus tarifas, para, sin importarle lo más mínimo el sufrimiento de millones de personas que no pueden hacer frente a sus desorbitados precios, subirlas un 27%. El precio que hemos soportado en los días en los que la ola de frío ha hecho estragos en el país y que ha dejado huella en Córdoba con temperaturas bajo cero, es el segundo más elevado de toda la historia. Casualmente, la bajada que se produjo hace dos días, cuando la ola de frío ya ha remitido, fue anunciado una semana antes por las eléctricas, mostrando así que las subidas estaban programadas para aprovechar el mayor consumo por culpa del frío.

El recibo que pagaremos por el consumo de este mes será, nada más y nada menos, que un 80% más alto que en enero de 2020. Una media de 20€ por factura más.

Las Marchas de la Dignidad exige al gobierno central que, sin la más mínima dilación, demuestren lo que plasmaron en su programa de gobierno. Que demuestren que las puertas giratorias por las que han transitado y transitan aún miembros de antiguos gobiernos (del PSOE y del PP) se han acabado y que lo primero son las personas.

Exigimos que el gobierno cumpla con su punto programático en el que anunciaban que iban a reducir el coste del Término de Potencia, parte fija de la factura que, en el gobierno de Mariano Rajoy, subió al doble. Que, como se comprometieron en el acuerdo de gobierno, dejen de subvencionar a las empresas eléctricas para que abandonaran antiguas tecnologías y tendieran a la energía verde, o que, como prometió el gobierno de coalición, reduzca el precio de la luz en el primer tramo de consumo.

Exigimos que se establezcan precios máximos de la electricidad y que se reduzca el IVA aplicado, trasladando la reducción en ingresos que supondría un aumento de los impuestos directos a las rentas más elevadas de nuestro país.

Y exigimos la implantación de una empresa pública, que rompa con el oligopolio de empresas privadas que solo buscan, sin ningún reparo, millonarios beneficios para sus accionistas, que muestra su patriotismo haciendo que miles de personas mueran de frío en su país.

Exigimos, asimismo, al Ayuntamiento de Córdoba, que ponga en marcha una empresa eléctrica municipal, a imagen de Barcelona y Cádiz, donde, precisamente en los momentos de crisis o de olas de frío o calor, no solo no suben el precio de la electricidad, sino que lo bajan.

Nos parece indignante la hipocresía del Partido Popular. Recordamos que fueron los causantes del cambio en la legislación en 2014, durante los gobiernos de Rajoy como presidente y del implicado en los papeles de Panamá, José Manuel Soria como Ministro de Industria y Energía. Recordamos que incluso pusieron en marcha el “impuesto al sol” para autoproducciones solares, “porque era insolidario con las empresas eléctricas (sic)”. Escuchar ahora a cargos públicos del PP criticar que el gobierno no haga nada, da imagen de la desfachatez política de estas personas, que creen que el pueblo es imbécil. Los y las trabajadoras sabemos que fue el PP el que nos llevó a esta situación, y sabemos que el actual gobierno será cómplice absoluto si no la revierte de inmediato, como así prometió en su acuerdo programático de gobierno.

Por ello, las Marchas de la Dignidad de Córdoba, a pesar de que ya ha empezado a bajar el precio del Kw/h, vamos a movilizarnos sin cesar hasta que se modifique la ley y no tengamos que ver cómo en cualquier momento, ante otra ola de frío o de calor, las eléctricas, amparadas en la legalidad, vuelven a hacer negocio con las vidas de personas y con las economías de toda la población. Aun teniendo en cuenta la situación sanitaria, y, como hemos hecho gala en este casi año de pandemia, volvemos a las calles y llamamos a toda la población cordobesa a que, con doble mascarilla si es necesario, guardando los dos metros de distancia (para lo cual tendremos nuestro equipo de vigilancia), secunde la acción que tenemos programada para el próximo viernes 29 de enero, a las 11 de la mañana, en la Subdelegación del Gobierno. A esta acción se sumarán otras próximas en las puertas de las principales compañías eléctricas.

Córdoba, 22 de enero de 2021

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8 de octubre – Mesa reivindicativa: “Más recursos presenciales en servicios sociales”

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17 Octubre – ¡Fuera ladrones de la Sanidad!

En estos meses, políticos de todos los colores han tomado medidas contrarias a lo que dicta el sentido común y lo que clamaban los trabajadores sanitarios. Nos han aplicado, como vienen haciendo desde hace años, la medicina equivocada. No se ha potenciado la atención primaria, ni los laboratorios, ni las UCIs. No se han contratado los rastreadores necesarios, ni se han incrementado las, ya de por sí, escuálidas plantillas. Los miles de millones de euros, extraídos de nuestros impuestos y repartidos entre las diferentes administraciones sanitarias no han servido nada más que para llenar los bolsillos de las empresas y personajes que llevan años esquilmando la sanidad. Todo legal gracias a que unos ejecutan las medidas que llevan al desmantelamiento y al colapso de los dispositivos sanitarios, y otros las permiten al mantener el entramado legal. Sin embargo, los sectores más dinámicos han estallado en barrios y pueblos.

Hemos comprobado que ni la masacre de las residencias, ni los muertos producidos por la falta de respuesta del sistema a otras patologías, les importan. Ahora de nuevo es muy probable que los que estén en primera línea pueden verse de nuevo obligados, por falta de medios, a decidir a quién intentar salvar la vida y a quien no. Nos han llevado a la segunda ola, con premeditación, no es incapacidad.

Nos podemos indignar, pero no es suficiente. De nuevo habrá muertos que podrían haberse evitado, centenares de miles de trabajadores al paro, desahucios, pobreza, dolor… sobre todo repartido entre los de siempre, la clase trabajadora. Y el sistema sanitario saldrá más desmantelado, con pavorosas listas de espera, y los seguros privados frotándose las manos ante el negocio que se les abre ante sus ojos.

Este es un problema nuestro, si lo dejamos en las manos de quienes nos han traído a esta situación, nos arrepentiremos. Ahora más que nunca, es una necesidad salir a la calle para expulsar a los ladrones y defender el sistema público de salud. El próximo sábado 17 de octubre, organízate en tu barrio o localidad, sal a la calle, la lucha es el único camino.

Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad.
¡Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad!

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15 SEPTIEMBRE – CONCENTRACIÓN POR UNA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA

El próximo martes 15 de septiembre, a las 10’30 de la mañana, las Marchas por la Dignidad se concentrarán en la oficina del SEPE de la Plaza de Colón, para exigir el pago urgente del insuficiente Ingreso Mínimo Vital prometido y que se instaure en su lugar la Renta Básica de Emergencia.

Concentración Renta Básica de Emergencia

Asimismo, las Marchas exigen:

La derogación de las reformas laborales y la elaboración de una nueva ley que fomente la reducción de la jornada laboral, el reparto del trabajo asalariado y la publicación de nueva oferta de empleo público que refuerce sanidad, educación y el resto de los servicios públicos necesarios para asegurar una vida digna a toda la población.

La regularización de todas las personas migrantes que viven, trabajan y sueñan en nuestro país reconociendo de manera efectiva sus derechos universales.

La paralización inmediata de todos los desahucios por impago de hipoteca o alquiler sin alternativa habitacional

Las marchas creen que, de una vez, el gobierno debe rescatar a las personas, más allá de que lo haga también con ciertas empresas. Creen que el haber dotado con 500 millones el Ingreso Mínimo Vital, y con 100.000 millones las ayudas a las empresas, el haber facilitado ERTES para empresas con millonarios beneficios dice poco de lo “social y progresista” del gobierno estatal, al estar aplicando medidas muy similares a las que hubiera puesto en marcha la derecha, que, por eso, votaron a favor de este IMV en junio. Incluso hay gobiernos de derechas en Europa que están aplicando medidas más progresistas que el español.

Desde las Marchas se preguntan cuándo se pensará en quienes se quedan sin trabajo, en quienes heredan la miseria generación tras generación. No pueden ser siempre las empresas quienes sean rescatadas, cuando, además, hemos visto por las estadísticas como tras la crisis anterior y en los meses de pandemia siguen aumentando beneficios, algunas de ellas gracias a una ley fiscal claramente inconstitucional que permite que tengan el dinero en paraísos fiscales. Y, siempre, sin devolver los rescates.

La Renta Básica de Emergencia supondría la concesión inmediata, tras su solicitud, de la cantidad exigida por la Carta Social Europea que España firmó en el año 2000, pero que no ha cumplido nunca y sigue sin cumplirla. Las personas que necesiten la ayuda la solicitarían sin necesidad de presentar documentación. La administración, que tiene datos más que de sobra para comprobar nuestra situación, podría en la Renta del año próximo regularizar en caso de haber sido solicitada indebidamente. 

La Carta Social Europea entró en vigor en julio de 1999 y España la firmó en octubre de 2000. Recoge que cualquier prestación social de cualquier institución (Estado, Comunidad Autónoma, …) no puede estar por debajo del llamado “umbral de la pobreza”, que, en base a unos cálculos, se sitúa en 739€ por persona adulta y 150€ por menor. Poner la Renta Básica de Emergencia en marcha, para 8 millones de personas adultas y 8 millones de menores, desde abril a diciembre de este 2020, hubiera costado al Estado menos de 65 mil millones de euros, y se hubieran ahorrado todas las prestaciones inferiores a esa cantidad que se pagan actualmente.   

Para las Marchas de la Dignidad, el Ingreso Mínimo Vital es ridículamente insuficiente. Además, el Gobierno andaluz del trifachito ha encontrado en el IMV la excusa que quería para para retirar la Renta Mínima de Inserción Andaluza. El Ayuntamiento de Córdoba, también sostenido por el mismo trifachito, en una dejación de sus funciones y obligaciones escandalosa, no pone en marcha los recursos que sean necesarios, sobre todo en cuanto a personal que ayude a la exhausta corta plantilla actual de Asuntos Sociales, para paliar las necesidades de sus conciudadanos. Al contrario, ha anulado los registros de manera presencial, poniendo aún más difícil la gestión a la inmensa mayoría de cordobeses y cordobesas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y certificados de usuario necesarios. Además, nuestro Ayuntamiento no se compromete a dotar una Renta Social Municipal. El dinero, que lo hay, se destina a grandes fanfarrias huecas, sobre todo en estos momentos de crisis galopantes, gastando cientos de miles de euros en luces de navidad, en arreglos innecesarios, o en otras partidas suntuosas que no pegan con la necesidad del pueblo de Córdoba.

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23 de julio – Asamblea de barrio en Fuensanta

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¿Necesitas ayuda para solicitar el Ingreso Mínimo Vital?

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Asamblea de barrio en Fátima

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20 Junio – Reivindicaciones para salir de la crisis social del COVID-19

Las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia del COVID-19 están teniendo un enorme impacto sobre la clase trabajadora y los sectores sociales más precarios y empobrecidos. Esta situación es especialmente dramática en zonas como Andalucía, y muy especialmente en Córdoba, dónde ya padecíamos altos niveles de precariedad, paro, pobreza y exclusión social que esta crisis está agravando dramáticamente.

No en vano, la destrucción de empleo y los ERTEs se han cebado especialmente con Andalucía, dónde el aumento del desempleo dobla las cifras a nivel estatal, acumula casi la mitad de la destrucción de empleo del mes de marzo, evidenciando la elevada temporalidad del empleo en Andalucía y su extrema dependencia de sectores como el turismo, la hostelería y los servicios. Andalucía concentra siete de los diez barrios más pobres del país, concentrándose en Córdoba una buena parte de ellos, barrios dónde la crisis provocada por el COVID-19 está teniendo consecuencias dramáticas, y dónde las medidas tomadas por las administraciones son claramente insuficientes.

La llamada reconstrucción social y económica se está iniciando a través de una comisión parlamentaria, dentro de los muros del congreso. De nuevo, las reivindicaciones de las organizaciones sociales quedan fuera a la hora de proponer iniciativas y volverán a ser ignoradas, más allá de contactos institucionales protocolarios y sin sustancia. Todo lleva a suponer que esa reconstrucción va a quedar en un intento de sostenimiento de la actividad económica que teníamos hasta marzo, basada en la desigualdad, la injusticia, el fraude y el sálvese quien pueda.

Pero lo que queremos las organizaciones sociales es otra cosa, y hemos de reclamar tener un papel en la puesta en marcha de otra sociedad y de otra economía. Un papel que tendrá que pasar por seguir reivindicando una lucha auténtica y útil contra el cambio climático; por una economía para las personas y para el medio ambiente y no para las empresas y las multinacionales; una renta básica universal e incondicional; un sistema de relaciones laborales más justo y un trabajo estable y con salarios que permitan una vida digna; unos servicios públicos de calidad, con financiación suficiente y para todas las personas, en los que la sanidad pública ha quedado bien claro que es imprescindible para la sociedad, aun después de los bestiales recortes de los últimos años de personal y medios. Y, sobre todo, ha quedado claro que hay que invertir todo lo que sea necesario para dotarla de más medios y de más trabajadoras que atiendan a las personas y se dediquen a la investigación.

Y eso, tendremos que hacerlo criticando y proponiendo políticas sin someternos al chantaje al que nos conduce la presencia de la extrema derecha y de la derecha extrema, con ese pretendido discurso “insurreccionalista” contra el gobierno, que no es más que neoliberalismo salvaje envuelto en banderas de colores.

La reivindicación de PAN, TRABAJO, TECHO y DIGNIDAD es de nuevo más necesaria que nunca. Por todo ello, hemos de prepararnos para esa lucha, sin olvidar las enseñanzas de este tiempo y pensando que tenemos por delante ese futuro de justicia social que nos motiva.

Ante la actual situación, desde la Marchas de la Dignidad reclamamos:1.      Exigimos la toma de medidas inmediatas y con carácter prioritario en la defensa del medio ambiente y en la reversión de los motivos que han provocado el ya presente cambio climático. Para ello exigimos que se paralicen la incineración de residuos, se reduzca drásticamente el consumo energético dependiente de los combustibles fósiles y se apueste sin ambages por las energías renovables y limpias. Todo ello en una toma de conciencia colectiva de cambio de la forma de vida, desde la sostenibilidad, un consumo responsable, la colectividad, el afecto, el ocio, las relaciones, así como la apuesta, institucional y personal por el comercio cercano, ecológico y de temporada, creando redes de distribución justas con las personas trabajadoras, las consumidoras y el medio ambiente.

Puesta en marcha inmediata de una Renta Básica de Cuarentena en el horizonte cercano de la Renta Básica Universal. El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el gobierno es un nuevo subsidio ridículamente insuficiente, dotado con sólo 500 millones de euros y que no va a llegar ni al 10% de las personas que hoy hacen colas para recoger comida.  Es el momento de “rescatar a las personas”, para que ninguna sufra necesidades, la exclusión y la marginación. No queremos más personas marcadas por el sello de pobre. Exigimos dedicar, desde abril a diciembre, no menos de 50 mil millones de euros para el pago de 739€ por persona adulta y 150 por menor que lo soliciten, con regularización en la declaración de la renta de 2021.

3.      Suspensión del pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para todos los hogares que no puedan hacer frente a los mismos, no solo durante el tiempo que dure la emergencia actual, sino de cara a la situación social que se producirá tras la misma. La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos en coordinación con el gobierno central deberán aumentar las líneas de ayuda al pago de alquileres y suministros básicos sin limitaciones presupuestarias de ningún tipo y garantizar a todas las personas sin recursos y/o en riesgo de exclusión el acceso al mantenimiento de elementos esenciales para la subsistencia tales como alimentos, techo, luz, agua y gas.

4.      Derogación de la Ley mordaza. Durante el estado de alarma, el gobierno no ha dudado en dar carta blanca a los cuerpos policiales y a la utilización de la ley mordaza, que unos meses antes pretendía, supuestamente, derogar. Pero no podemos ni debemos permitir que el mantenimiento de las “leyes mordaza” sirvan para el recorte de derechos y libertades básicas y el establecimiento de un auténtico estado policial.   Por ello exigimos su inmediata derogación.

5.      Implementación de una reforma fiscal progresiva, con impuesto especiales para las grandes superficies, operadores de telefonía, farmacéuticas y otras empresas que hayan visto aumentar sus beneficios a raíz de esta situación. Reforma fiscal que aumente la imposición de las personas con más ingresos, y de las grandes empresas, banca y operadoras tecnológicas, implantando medidas para luchar contra la evasión fiscal. A nivel andaluz, Junta de Andalucía y Ayuntamientos deben proceder en el mismo sentido derogando las reformas fiscales de carácter regresivo de los últimos años, recuperando impuestos como el de sucesiones y donaciones.

6.      Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Declarar la nulidad de los despidos realizados desde la declaración del estado de alerta mientras dure la situación de emergencia, como única forma de evitar los abusos de las empresas. Prórroga de todos los contratos temporales que se extingan durante la crisis. Del mismo modo, todos los planes de apoyo a empresas deberán estar vinculados al mantenimiento de los empleos.

7.      Reducción del gasto militar a fin de reorientarlos hacia partidas destinadas al cuidado de la vida: sanidad, atención a la dependencia, educación, medio-ambiente, protección civil, etc. Supresión de los costosos programas de armamento y reconversión de la industria militar.

8.      Refuerzo y consolidación del empleo público: exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se aumenten las horas por empleado (ej. docentes) como medida de recorte del gasto público, que se lleven a cabo las oposiciones programadas, en cuanto sea posible, y se convoquen nuevas eliminando restricciones en la tasa de reposición para dotar a los servicios públicos del personal suficiente especialmente en sanidad, servicios sociales y educación. Además, desde el gobierno andaluz, deben eliminarse la subcontrataciones y privatizaciones encubiertas, facilitando la incorporación de plantillas al sector público, con especial vigilancia a las condiciones de trabajo y abusos por parte de las grandes empresas de la subcontratación y a la no destrucción de empleo en las actuales circunstancias.

Plan de empleo. El gobierno andaluz, junto a Ayuntamientos, y en coordinación con el gobierno estatal y la UE debe implementar un plan de empleo sin restricciones presupuestarias con envergadura y capacidad de revertir la destrucción de empleo en Andalucía, a la vez que pueda servir como vector de industrialización y creación de empleo de calidad, en sectores que se han demostrado vitales para una sociedad como el cuidado, la atención a la salud, el medio ambiente y la agricultura, la educación, y los sectores estratégicos. (energía, telecomunicaciones, transporte, etc.)

10.  Creación de un plan de garantía laboral con una estricta vigilancia sobre condiciones de abuso e irregularidad, incrementando los medios de las Inspecciones de Trabajo. En particular, exigimos que las personas jornaleras estén en viviendas dignas y con espacio suficiente de habitabilidad, acceso al agua potable, aseos y comunicación con tiendas de alimentación y supermercados.

11.  Reclamamos la regularización urgente de la población inmigrante que haya solicitado permiso de residencia, garantizando sus derechos y la no discriminación. Exigimos el cumplimiento del derecho a la sanidad universal pública de calidad y gratuita ya y el cierre definitivo de los CIE y la liberación de sus internos. De la misma forma, reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas presas.

12.  Refuerzo de los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y aumento de los recursos destinados a tal fin.

Una pedagogía y educación que incidan especialmente en la importancia de las libertades públicas. Una sociedad verdaderamente libre y avanzada debe incidir en esos valores frente a la sociedad del control a la que nos dirigimos, con una cada vez mayor presencia de elementos policiales y militares. La educación tiene una importante labor y debe ser ese ámbito donde se cultiven los valores democráticos, solidarios, de libertad y que nos orienten hacia una cultura de paz.

14.  Servicios públicos universales y de calidad. Es necesario un cambio radical del concepto de servicio público, poniéndolo muy por encima del mercado y de los intereses privados, en su finalidad, financiación, universalidad, eficacia y dotación suficiente de personal y de medios. Un cambio que no podrá realizar ningún gobierno a no ser que la presión social le obligue a ello. Porque los aplausos no se comen. Y hemos de hacer todo lo posible para hacer que esa reivindicación sea masiva y para que, cuando podamos manifestarnos, no sigamos siendo unas pocas quienes nos veamos rodeadas por cordones policiales cuando lo que pedimos es más justicia social, más camas de hospital, más escuelas y la estabilidad en el empleo de quienes trabajan en lo público.

15. Derogación de la Ley 15/97 y nacionalización de todos los medios y recursos de la sanidad privada, laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de protección para combatir la pandemia, o que puedan ser reconvertidas para tal fin. De la misma forma debe revertirse al sector público las residencias de personas ancianas, evitando que los cuidados sean meramente objeto de especulación y negocio.

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