Llamamiento de las Marchas de la Dignidad ante la COVID-19

Si algo nos está dejando la realidad que desde hace casi seis semanas estamos viviendo, es la certeza de como, el liberalismo, ha desmantelando en pocos años gran parte de los servicios públicos que tanto esfuerzo costó montar.

Hemos necesitado vivir una pandemia para comprender en toda su magnitud aquello que las marea blancas venían denunciando desde hace años.

Igualmente los recortes en educación, están dejando clara sus deficiencias después de años de meter la tijera impunemente.

Si hablamos de ayudas sociales, la burocratización y la falta de recursos ahogan a sus trabajadoras y ralentizan, cuando no deniegan, unas ayudas de primerísima necesidad.

Este país aún no se había repuesto de la gran estafa de 2010. En esta supuesta crisis, millones de personas fueron desechadas por el sistema. Sus vidas y sus derechos no valían nada. Aún hoy en día millones de esas personas continuaban en esa situación de extrema necesidad.

Ante esta situación de parálisis de la actividad económica, millones de personas con contratos temporales o a tiempo parcial, o autónomos, o con trabajos de subsistencia y sin contratos, no tienen ni para comer ni para pagar cualquier gasto necesario.

La situación es tan grave que es imprescindible que se afronte en lo concreto e inmediato, desde la asunción de que se trata de una crisis que va más allá de la crisis sanitaria. Una crisis sin precedentes en lo social, en lo económico y en lo ecológico.

Ante esta situación los gobiernos están teniendo una actuación errática, donde la ciudadanía esta tomando la delantera de forma responsable con apoyo mutuo y cuidado de las más vulnerables.

Desde esta perspectiva solo podemos presionar para que se pongan en marcha todos los mecanismos públicos y privados que sean necesarios para proteger al conjunto de la ciudadanía, ampliando los recursos e implementando desde ya, una Renta Básica Universal e Incondicional. De igual manera nos oponemos a que se pretenda afrontar la gravisima situación que ya atraviesan millones de personas con una renta mínima llena de requisitos y excluyente para muchas de esas personas.

Si hay dinero para los ERTE’s y para salvar a las empresas, no nos pueden decir que no se puede afrontar el fortalecimiento a corto, medio y largo plazo de los servicios públicos y la Renta Basica Universal.

El dilema de nuevo es si las administraciones optaran por salvar la vida de las personas o la economía.

MARCHAS DE LA DIGNIDAD DE CÓRDOBA

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28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

 Desde 1996 se conmemora en este día a las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales, para visibilizar los efectos la avaricia empresarial y la falta de prevención. En 2003 queda instaurado de manera oficial el 28 de abril como día de especial significación en las reivindicaciones laborales de seguridad y salud, que tanta vigencia tiene en estos momentos.

  Producto de las fuertes luchas de la clase trabajadora por unas condiciones de trabajo dignas y seguras, en la Constitución de 1978 se incluyó la obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo (Art.40.2) y en 1980, en el Estatuto de los Trabajadores (Art. 19). Pero no es hasta 1996 que entra en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, casi dos décadas de espera, que se haga una norma específica seguida de varios reales decretos sobre diferentes aspectos. Esto demuestra la nula prioridad y celeridad con la que actúan las administraciones en el campo de la seguridad y salud en el trabajo.

  Regulaciones incompletas o escasas, disposiciones que son simples recomendaciones, limitada capacidad de las Inspecciones de Trabajo y dilatados procesos judiciales, de resultado incierto, hacen que las personas trabajadoras veamos expuesta nuestra salud y nos encontremos con múltiples dificultades a la hora de defendernos.

  La actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19 está poniendo de manifiesto como aún a expensas de la salud pública, el capital quiere mantener la producción no imprescindible y sus beneficios empresariales. Se presiona a trabajar en condiciones de exposición, sin equipos de protección individual (E.P.I.) suficientes ni protocolos de prevención adecuados y ante las lógicas resistencias se actúa con la amenaza y la sanción. Telepizza Zaragoza, Recogida Residuos de Telde, son algunos ejemplos de trabajadorxs que han sido sancionadxs por negarse a trabajar sin medios de protección.

  Auxiliares de Ayuda a Domicilio y de residencias asistenciales, que tratan con personas de alto riesgo,  a quienes las empresas que prestan el servicio no dotan de todas las medidas de protección, con el consentimiento de las administraciones que les pagan.

  La situación del personal sanitario es aún más grave; puestxs en la tesitura de hacer su indispensable trabajo sin unos medios de seguridad adecuados y con una sanidad pública recortada por sucesivos gobiernos, los contagios por Coronavirus han sido escandalosos con decenas de fallecidxs.

   Pero esta actitud de desprecio a la seguridad laboral y a la vida de quienes trabajamos, y por ende de la inmensa mayoría de la sociedad, no es algo nuevo y basta con ejemplos como el de la industria del Amianto (asbestos, “uralita”, etc) para ver como se ha envenenado a generaciones de trabajadorxs a sabiendas de los efectos de este material, se ha contaminado de cancerígenos sin control y como se sigue haciendo, con la connivencia de gobiernos, sin apenas asumir responsabilidades.

  Este año la campaña del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se planteó contra la violencia y acoso en el trabajo, y quizá lo que estamos viviendo nos llama a modificar estos objetivos, por la irrupción de la pandemia del Covid-19. Exponer a lxs trabajadorxs a esta pandemia de la cual se desconocen muchos aspectos, sin unas garantías de protección, manteniendo actividades que no son imprescindibles, no deja de ser otra forma grave de acoso laboral, mas aun cuando esto se ha hecho bajo la amenaza de la sanción o el despido.

  Tras la pandemia se vislumbra una situación social en la que de ninguna manera debemos aceptar los planteamientos criminales del capital y defender el derecho de todxs, en cualquier lugar del mundo, a trabajar con seguridad, con todas las medidas de prevención y vivir en un entorno saludable.

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Ante la epidemia de COVID-19 ¡Gastos militares para escuelas y hospitales!

Con la actual emergencia del Coronavirus y el estado de alarma está habiendo un incremento de los mensajes belicistas por parte del Gobierno estatal y autonómicos. Con la continua alusión por parte de políticos y medios de terminología bélica y llamada a la defenderse del enemigo, como si de una guerra se tratase.

En contraposición a esto, tenemos a miles de trabajadoras/es de la sanidad que son los que realmente se están dejando la piel en esta situación y poniendo en juego sus vidas y las de sus familias, mientras desarrollan (est@s sí) una labor esencial para afrontar esta emergencia y crisis sanitaria.

Por ello, desde las Marchas de la Dignidad de Córdoba queremos poner de manifiesto nuestra defensa de una sanidad pública y universal, que es la que realmente puede enfrentar esta crisis del COVID 19, frente a las continuas referencias bélicas y militares, que ocultan cifras y gastos en defensa que van en perjuicio de gastos sanitarios, entre otros gastos públicos y sociales necesarios.

Empecemos destacando que en España se destinaron en 2018 cerca de 16360 millones de euros a gasto militar y de defensa, y que somos el 16º país que más gasta en Defensa del mundo actualmente, según datos del Instituto Internacional de Investigación de Estocolmo (SIPRI) de 2018. Ya en 2019 el gobierno español autoriza una inversión militar de 7331 millones de euros, en un plan plurianual hasta el 2032.

En contraposición a estos millonarios gastos militares, el PP llevó a cabo un cambio de modelo sanitario desde 2012 (mediante reales decretos y las siguientes leyes) que supuso una privatización encubierta de la sanidad española, con el centro de dicho modelo privado y de externalizaciones en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Valencia.

Como datos significativos se redujeron más de 35000 puestos de trabajo sanitarios en la sanidad pública durante la última década, y un cierre de 5600 camas de hospitales menos. Se acabó con el derecho a la salud universal y atención sanitaria de miles de personas migrantes. Ya en el 2017 el aumento de los Copagos sanitarios supuso que un 4,7% de las personas que habían recibido recetas farmacéuticas no las pudieron retirar por problemas económicos. En el caso de la CCAA de Madrid, modelo de privatización sanitaria, pasaron de asignar a los hospitales privados 299 millones en 2011 a 617 millones en 2016, en perjuicio de la sanidad pública. En plena crisis-estafa, en los años más duros de recortes, de 2009 a 2013, se recortó en unos 9000 millones el Presupuesto en Sanidad.

En total se estiman entre 15000 y 21000 millones de euros el recorte en sanidad pública desde 2009, según datos de la Cumbre Social de 2018, donde hay decenas de organizaciones sociales. Recordemos los más de 23000 millones previstos de gastos en defensa entre 2018 y 2019 del gobierno español, y como repercutirían estos gastos si fueran a parar a sanidad pública y otros gastos públicos y sociales necesarios.

Continuando con los gastos militares en los últimos años, en 2018 el gobierno camufló 15122 millones de euros que se pueden asignar a Defensa pero que se atribuían a otros Ministerios de manera falseada (Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura o Sanidad), según datos del veterano Grupo Antimilitarista Tortuga (perteneciente a la Red Alternativa Antimilitarista MOC).

Si hacemos un desglose de los gastos en armamento, el gobierno del PP, con la Ministra de Defensa en 2018 (antes de la moción de censura) María Dolores de Cospedal, incrementó de manera muy generosa el gasto en armamento. Así por ejemplo, se compraron: 5 fragatas F-110, cuya fabricación costó 4000 millones de euros; 3 aviones cisterna y de transporte A330 MRTT, con un coste de 800 millones; 1500 millones en vehículos de combate para el Ejército de Tierra; o 1550 millones en el programa de submarinos clase S-80. Suman un total de 10000 millones en gastos de este armamento que equivaldrían a la mitad de los millones recortados en Sanidad, alrededor de 21000 millones en total, en una década (desde 2009 a 2019)

Viendo estos datos de gastos innecesarios de Defensa y recortes masivos en la Sanidad Pública, desde las Marchas de la Dignidad pensamos que si en vez de invertir esas millonarias cantidades en recursos armamentísticos y defensa (que ningún beneficio aportan a la comunidad), se hubieran destinado buena parte de ellos a la sanidad pública y no se hubiera despedido a miles de profesionales y recortado en camas, atención primaria y externalizado múltiples servicios, ahora mismo se estaría gestionando y frenando de manera mucho más efectiva la actual pandemia del COVID- 19, con buena sanidad pública, universal y de calidad, no con contingentes militares y mensajes bélicos.

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La Marchas de la Dignidad de Córdoba ante la crisis del COVID-19

Las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia del COVID-19 están teniendo un enorme impacto sobre la case trabajadores y los sectores sociales más precarios y empobrecidos. Esta situación es especialmente dramática en zonas como Andalucía, y muy especialmente en Córdoba, dónde ya padecíamos altos niveles de precariedad, paro, pobreza y exclusión social que esta crisis está agravando dramáticamente.

No en vano, la destrucción de empleo y los ERTEs se han cebado especialmente con Andalucía, dónde el aumento del desempleo dobla las cifras a nivel estatal, acumula casi la mitad de la destrucción de empleo del mes de marzo, evidenciando la elevada temporalidad del empleo en Andalucía y su extrema dependencia de sectores como el turismo, la hostelería y los servicios. Andalucía concentra siete de los diez barrios más pobres del país, concentrándose en Córdoba una buena parte de ellos, barrios dónde la crisis provocada por el COVID-19 está teniendo consecuencias dramáticas, y dónde las medidas tomadas por las administraciones son claramente insuficientes.

Desde las Marchas de la Dignidad volvemos a alzar la voz como hicimos en la anterior crisis de 2011 de cuyos efectos aún no nos hemos recuperado, y cuyas consecuencias, traducidas en precarización del empleo, empobrecimiento y recortes y debilitamiento de los servicios públicos que nos han situado en la peor situación para afrontar la actual pandemia. La reivindicación de PAN, TRABAJO, TECHO y DIGNIDAD es de nuevo más necesaria que nunca.

Pensamos que los movimientos sociales, políticos y sindicales debemos dar una respuesta conjunta ante la actual situación que evite que esta nueva crisis la siga pagando la mayoría social en beneficio de las grandes empresas y las élites. Y también para que la reconstrucción posterior no se traduzca en nuevos recortes de derechos, empobrecimiento y degradación de los servicios públicos. Una reconstrucción que debe hacerse con criterios de justicia social y ambiental, reparto de la riqueza y del trabajo, con solidaridad internacional y apostando por el fortalecimiento de los servicios públicos.

Salida social COVID-19

En este sentido, los colectivos y organizaciones que suscribimos nos comprometemos al apoyo mutuo y la solidaridad para dar respuesta a las agresiones a nuestros derechos que ya se están produciendo, en el ámbito laboral y social, así como a apoyar e impulsar iniciativas solidarias con los colectivos sociales que más lo necesitan, sin olvidar la responsabilidad que las administraciones públicas tienen en satisfacer estas necesidades.

Ante la actual situación, desde la Marchas de la Dignidad reclamamos:

1. Creación de una Renta Básica Universal e incondicional. Nos parece esencial garantizar la subsistencia de todas las personas, sobre todo de quienes trabajaban sin contrato y que han resultado despedidas por la crisis, o que han visto reducidas sus jornadas de trabajo y sus salarios. En la misma situación se encuentran aquellas personas que realizan tareas de cuidados sin retribución. La universalidad y la incondicionalidad son requisitos imprescindibles para evitar que nadie quede sin unos ingresos mínimos garantizados.

2.Suspensión del pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para todos los hogares que no puedan hacer frente a los mismos, no solo durante el tiempo que dure la emergencia actual, sino de cara a la situación social que se producirá tras la misma. La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos en coordinación con el gobierno central deberán aumentar las líneas de ayuda al pago de alquileres y suministros básicos sin limitaciones presupuestarias de ningún tipo y garantizar a todas las personas sin recursos y/o en riesgo de exclusión el acceso al mantenimiento de elementos esenciales para la subsistencia tales como alimentos, techo, luz, agua y gas.

3. Paralización de toda la actividad productiva no esencial, sin que la carga de esta paralización vuelva a recaer en el trabajador. Los permisos durante el tiempo necesario serán retribuidos por las empresas. Prohibir el despido y declarar la nulidad de los despidos realizados desde la declaración del estado de alerta mientras dure la situación de emergencia, como única forma de evitar los abusos de las empresas, y derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Prórroga de todos los contratos temporales que se extingan durante la crisis. Del mismo modo, todos los planes de apoyo a empresas deberán estar vinculados al mantenimiento de los empleos.

4. Implementación de una reforma fiscal progresiva, con impuesto especiales ej. para las grandes superficies, operadores de telefonía, farmacéuticas y otras empresas que hayan visto aumentar sus beneficios a raíz de esta situación. Reforma fiscal que aumente la imposición de las personas con más ingresos, y de las grandes empresas, banca y operadoras tecnológicas, implantando medidas para luchar contra la evasión fiscal. A nivel andaluz, Junta de Andalucía y Ayuntamientos deben proceder en el mismo sentido derogando las reformas fiscales de carácter regresivo de los últimos años, recuperando impuestos como el de sucesiones y donaciones .

5. Refuerzo y consolidación del empleo público: exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se aumenten las horas por empleado (ej. docentes) como medida de recorte del gasto público, que se lleven a cabo las oposiciones programadas, en cuanto sea posible, y se convoquen nuevas eliminando restricciones en la tasa de reposición para dotar a los servicios públicos del personal suficiente especialmente en sanidad, servicios sociales y educación. Además, desde el gobierno andaluz, deben eliminarse la subcontrataciones y privatizaciones encubiertas, facilitando la incorporación de plantillas al sector público, con especial vigilancia a las condiciones de trabajo y abusos por parte de las grandes empresas de la subcontratación y a la no destrucción de empleo en las actuales circunstancias.

6. Plan de empleo. El gobierno andaluz, junto a Ayuntamientos, y en coordinación con el gobierno estatal y la UE debe implementar un plan de empleo sin restricciones presupuestarias con envergadura y capacidad de revertir la destrucción de empleo en Andalucía, a la vez que pueda servir como vector de industrialización y creación de empleo de calidad, en sectores que se han demostrado vitales para una sociedad como el cuidado, la atención a la salud, el medio ambiente y la agricultura, la educación, y los sectores estratégicos. (energía, telecomunicaciones, transporte, etc)

7. Creación de un plan de garantía laboral con una estricta vigilancia sobre condiciones de abuso e irregularidad, incrementando los medios de las Inspecciones de Trabajo. Las empresas deben acogerse a las vías legales para finalizar su actividad temporalmente si están dentro de los sectores decretados para su cierre, de manera que sus plantillas tengan garantizadas su situación legal y puedan cobrar las prestaciones correspondientes. De la misma forma se debe aumentar la vigilancia de en el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de seguridad en los trabajos esenciales.

8. Exigimos que las personas jornaleras estén en viviendas dignas y con espacio suficiente de habitabilidad, acceso al agua potable, aseos y comunicación con tiendas de alimentación y supermercados. Y en caso de distancias considerables con las poblaciones cercanas, que se habiliten sistemas para suministros de alimentos y otros productos necesarios para estas personas que permitan evitar dichos desplazamientos considerados peligrosos.

9. Reclamamos la regularización urgente de la población inmigrante que haya solicitado permiso de residencia, garantizando sus derechos y la no discriminación. Exigimos el cumplimiento del derecho a la sanidad universal publica de calidad y gratuita ya y el cierre definitivo de los CIE y la liberación de sus internos. De la misma forma, reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas presas.

10. Derogación de la Ley 15/97 y nacionalización de todos los medios y recursos de la sanidad privada, laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de protección para combatir la pandemia, o que puedan ser reconvertidas para tal fin. De la misma forma debe revertirse al sector público las residencias de ancianos, evitando que los cuidados sean meramente objeto de especulación y negocio.

11.Refuerzo de los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y aumento de los recursos destinados a tal fin adaptándolos a la actual situación de confinamiento, evitando que las víctimas deban convivir con sus agresores.

12. Reducción del gasto militar a fin de reorientarlos hacia partidas destinadas al cuidado de la vida: sanidad, atención a la dependencia, educación, medio-ambiente, protección civil, etc. Supresión de los costosos programas de armamento y reconversión de la industria militar.

13. Vigilancia y actuación contundente contra las extralimitaciones y abusos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La declaración del estado de alarma no debe ser excusa para la suspensión de la obligación de las FSE de actuar conforme a la ley, al contrario se debe ser especialmente vigilante  desde el gobierno y el poder judicial contra cualquier posible abuso de poder. Ni podemos ni debemos permitir que el mantenimiento de las “leyes mordaza” sirvan para el recorte de derechos y libertades básicas y el establecimiento de un auténtico estado policial. Por ello exigimimos su inmediata derogación sin que sirva de excusa la situación de alarma.

14. Una pedagogía y educación que incidan especialmente en la importancia de las libertades públicas, que sitúe como anomalía la excesiva presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una sociedad verdaderamente libre y avanzada debe incidir en esos valores y la comunicación que estamos recibiendo con lenguaje bélico y militar, para referirse a aspectos laborales, profesionales o sociales, deforman la realidad y crean conceptos erróneos, que estimamos hay que corregir. La educación tiene una importante labor y debe ser ese ámbito donde se cultiven los valores democráticos, solidarios, de libertad y que nos orienten hacia una cultura de paz.

Desde las Marchas de la Dignidad-Córdoba nos sumamos de igual forma a las
reivindicaciones y campaña pública del Plan de Choque Social.

http://www.plandechoquesocial.org

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